Cerca de 120.000 profesoras y profesores ejercen sus funciones en nuestro sistema educativo sin tener seguridad en el empleo y viendo como sus puestos de trabajo pueden pasar a manos de otras personas o, simplemente, desaparecer. Su experiencia, tan valiosa en este sector, será desechada. La escuela pública, seguirá siendo inestable en cuanto a plantillas en los centros. Sus derechos han sido dejados de lado, fundamentalmente, en los últimos años y las administraciones han ignorado las reivindicaciones de un colectivo que ha mantenido el sistema público de educación, trabajando en las peores condiciones que el profesorado ha tenido que afrontar desde hace muchos años.
Ninguna de las iniciativas políticas que, desde la oposición se hicieron (como establecer pruebas no eliminatorias en las Ofertas Públicas de Empleo Docente, por ejemplo) se han llevado a cabo en los 21 meses que lleva la Ministra de Educación, la Sra Celaá al frente del departamento. Al contrario, ha desoído una y otra vez, las justas reivindicaciones de este personal, al que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha declarado haber sido contratado en fraude de ley.
Es por ello, que la Confederación de STEs-i ha puesto en marcha una campaña que continuará hasta alcanzar la seguridad en el empleo que se demanda. Esta campaña tiene varias vertientes:
Reivindicaciones a nivel de territorios:
- En aquellos territorios que no tienen nada de estabilidad impulsar pactos, no rebaremación de listas, etc.
- Reivindicar en los territorios mejoras en las condiciones de trabajo de todo el profesorado (18 horas en Secundaria, descenso de ratios, mayores de 55 años, más profesorado de apoyo, desdobles…) para generar más plazas de manera que, independientemente del resultado de las oposiciones, el personal interino no se vaya a la calle.
- Reivindicar el pago del verano a los interinos/as de sustituciones a partir de un determinado número de días trabajados en el curso, y mediante una prórroga del nombramiento.
Reivindicaciones a nivel estatal:
- Modificación del Real Decreto de Acceso planteando como reivindicación de máximos el acceso diferenciado o la aplicación del artículo 61.6 del EBEP (el que dice que: 6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos) y como objetivo mínimo que las pruebas no sean eliminatorias (un sistema igual o parecido al que se aplicó entre 2007 y 2011). Conviene recordar la PNL del año 2017 votada por PSOE y Unidas Podemos en la que pedían el sistema de pruebas no eliminatorias.
- Equiparación, en lo que a jubilación anticipada (voluntaria a los 60 años) se refiere, entre el personal interino (régimen general de la SS) y el personal funcionario de carrera ingresado antes de 2011 (régimen de clases pasivas). Para ello nos basamos en pedir el desarrollo y aplicación de la Disposición adicional quinta del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre (texto refundido del EBEP). Es muy interesante lo que dice esa disposición adicional:
Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios. El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos.
En cualquier caso, la reivindicación fundamental pasa por asegurar el empleo de este colectivo, por lo que la extensión de los pactos de estabilidad que tienen algunas Comunidades Autónomas a aquellas que no lo tienen, se antoja imprescindible.
Aunque la Ministra hasta ahora en sus actuaciones, no ha demostrado tener ninguna sensibilidad hacia las/los alumnas/os, madres/padres y profesoras y profesores para resolver el problema, la Confederación de STEs vamos a exigir al gobierno que cumpla lo pactado en el Acuerdo de Gobierno. En concreto en el punto 1.16, cuando señala “Revisaremos el contrato de interinidad en las Administraciones Públicas, evitando su uso abusivo” y en el punto 2.1.9 “Garantizaremos al personal docente interino las mismas condiciones laborales que al resto del personal docente, haciendo un esfuerzo continuado por reducir la tasa de interinidad. También se impulsará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.”
28 de febrero de 2020 | Secretariado Confederal de STEs-i