Después de un inicio de curso con mejores condiciones sanitarias que las que se daban el curso pasado, el aumento de incidencia de la pandemia provocada por el coronavirus en las últimas semanas en nuestro país, está volviendo a poner de manifiesto que las autoridades educativas han vuelto a dejar en el aire muchas situaciones que deberían estar previstas, cuando no, han tomado decisiones que iban directamente en contra de la seguridad sanitaria, como es el caso de aquellas Comunidades Autónomas que prescindieron a inicio de curso de profesorado que había sido contratado el curso pasado para rebajar el numero de escolares por grupo.
En efecto, en cuanto el número de contagios ha vuelto a crecer, el cierre de aulas se ha disparado. Actualmente son más de 2.000 las aulas confinadas y las perspectivas para estas dos semanas que faltan hasta navidades, no invitan a pensar que se vaya a alterar la tendencia. El curso pasado, más de 3 millones de alumnas y alumnos tuvieron que suspender, en algún momento del curso, su asistencia personal al centro. Coincidiendo todos los agentes educativos en la importancia de la enseñanza presencial, parece de una cortedad de miras impresionante, no poner los medios adecuados para que ésta pueda asegurarse hasta unos límites razonables, en las condiciones actuales. La contratación del profesorado necesario para bajar ratios (reducir el número de estudiantes por grupo), dotar a todos los centros de purificadores de aire, incluir la figura del enfermero escolar en los centros docentes…, entre otras, son medidas que nos hubieran protegido y que, en definitiva, el dinero invertido en aplicarlas, se hubiese multiplicado en forma de millones de horas de enseñanza presencial recuperadas.
Eso no se ha hecho y las consecuencias recaen sobre un profesorado cada vez más estresado, que -aparte de los contagios por Covid-19 que sufre (más de 3.000 se han contagiado solo en Cataluña desde el inicio de curso)- está padeciendo otras patologías derivadas de esta situación: problemas de la voz, salud mental, etc.
Aunque el comportamiento de las distintas administraciones educativas está siendo muy variado, es criticable no solo la improvisación y la insuficiencia de los recursos implementados por algunas Comunidades Autónomas, sino también el papel del Ministerio de Educación, incapaz de establecer protocolos comunes, a pesar de las numerosas reuniones mantenidas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Un Ministerio que parece responder fundamentalmente a criterios políticos y que, en consecuencia, posterga las medidas que desde un punto de vista educativo y sanitario debían ser prioritarias. La Sra. Pilar Alegría debe entender que su obligación fundamental es con la comunidad educativa, no con Pedro Sánchez, ni con los responsables políticos de las Consejerías y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
El caso es que en el momento actual hay más de 50.000 alumnas y alumnos que no pueden seguir las clases de manera presencial. La prioridad debe ser estabilizar la situación, que ésta no empeore en los próximos días, a la espera de que el inicio de la vacunación en los menores de 12 años ayude a normalizar una situación que -con la experiencia del curso pasado- nunca se tendría que haber producido.
Secretariado de STEs-intersindical | 14 de diciembre de 2021
