Los sindicatos de la Confederación STEs Intersindical llaman al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa a participar en la jornada de huelga y movilización.
STEs Intersindical se suma a la convocatoria de huelga general por el derecho a la vivienda del próximo 11 de noviembre, convocada por la Confederación Intersindical, con el objetivo de conformar un bloque educativo dentro de esta movilización y situar en el centro del debate las condiciones de vida y de trabajo de quienes sostienen los servicios públicos.
“La pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda y de los servicios básicos y el deterioro de los servicios públicos dificultan las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora y afectan directamente a la calidad de la educación pública y a toda la comunidad educativa. Consideramos necesario que el profesorado y el conjunto del personal educativo tengan una presencia propia y visible en la huelga del 11 de noviembre, incorporando a la movilización las reivindicaciones históricas de la educación pública y de sus trabajadoras y trabajadores”.
La “legislatura del profesorado” termina con demasiadas tareas pendientes
La que iba a ser, según el Gobierno estatal, “la legislatura del profesorado” llega a su final con numerosas reivindicaciones todavía pendientes. Durante estos años, las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública han continuado afrontando una creciente carga de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, exceso de burocracia, plantillas insuficientes, ratios elevadas y dificultades para atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso.
Por ello, los STEs Intersindical plantean la necesidad de abrir una nueva etapa de negociación y movilización, con compromisos concretos, calendario y financiación suficiente.
La educación pública necesita financiación suficiente
A pesar de lo establecido en la disposición adicional octava de la LOMLOE, que fija como objetivo alcanzar una inversión en educación de, al menos, el 5 % del PIB, este porcentaje no se ha alcanzado desde 2009. En 2025, la inversión educativa se situó en torno al 4,5 % del PIB. Para STEs Intersindical, este déficit de financiación dificulta la mejora de las condiciones laborales y la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación pública de calidad.
En este contexto, STEs Intersindical plantea diez líneas prioritarias que deben ser abordadas de manera inmediata por el Gobierno que salga de las urnas, con el objetivo de avanzar en la recuperación de derechos laborales y en el refuerzo de la educación pública.
- Reversión del recorte en las pagas extraordinarias del personal funcionario para que la cuantía de estas sea la misma que la de cualquier otra paga.
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Recuperación del poder adquisitivo y subida salarial. Acordar un calendario plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2012 —que se calcula en un 20%— y vinculación del sueldo al IPC.
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Jubilación voluntaria a los 60 años para todo el profesorado. Extender los derechos de Clases Pasivas —que actualmente solo aplica al funcionariado de carrera nombrado antes de 2011— al resto del profesorado, que cotiza en el Régimen General.
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Solución efectiva para el personal interino en abuso de temporalidad.
Exigir una respuesta legislativa que priorice la estabilización de las personas afectadas, incluidas aquellas que han quedado fuera de procesos anteriores, con reconocimiento de la experiencia y con garantías jurídicas. -
Días de asuntos particulares remunerados y de libre elección por el personal docente. Garantizar un mínimo de seis días anuales retribuidos por asuntos particulares, con posibilidad de disfrutarlos en días lectivos.
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Bajada de ratios y reducción de horas lectivas. Reducir progresivamente los máximos legales de alumnado por aula en todas las etapas educativas, con un calendario concreto y financiación suficiente, y al mismo tiempo establecer el máximo estatal en 22 horas para el Cuerpo de Maestras/os y en 17 horas para Secundaria y otros cuerpos.
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Renovación, ampliación y adecuación de la red de centros públicos. Elaborar un Plan de Infraestructuras con dotación presupuestaria que permita a las Comunidades Autónomas renovar los centros y adecuarlos para el cambio climático.
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Más recursos para la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Las necesidades específicas del alumnado deben traducirse en reducciones de ratio y dotaciones suficientes. Las funciones sanitarias y asistenciales especializadas deben contar con los profesionales correspondientes.
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Menos burocracia y derecho a la desconexión digital. Los centros deben contar con el apoyo administrativo necesario y debe reconocerse, dentro de la jornada laboral, el tiempo destinado a las tareas exigidas. Asimismo, debe garantizarse el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral y durante permisos, vacaciones y bajas.
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Refuerzo y consolidación de las plantillas educativas. La reducción de ratios, la atención a la diversidad y la mejora de las condiciones de trabajo deben ir acompañadas de unas plantillas suficientes y estables que permitan atender las necesidades reales de los centros educativos.
La vivienda también es una cuestión educativa
La imposibilidad de acceder a una vivienda digna afecta directamente a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. La precarización del empleo, la pérdida de poder adquisitivo y el incremento del coste de la vivienda están dificultando la emancipación, obligando a desplazamientos cada vez mayores y afectando especialmente a quienes comienzan su trayectoria profesional. El precio y la escasez de vivienda unido al incremento en el coste de los combustibles dificulta la cobertura de vacantes y sustituciones a lo largo del curso escolar.
La crisis de la vivienda afecta también al conjunto de la comunidad educativa, especialmente al alumnado más vulnerable, que en muchos casos carece de espacios adecuados para el descanso y el estudio. Las políticas que priorizan los intereses del capital frente a las necesidades de la mayoría profundizan estas desigualdades y tienen consecuencias directas sobre la educación pública. “Defender el derecho a la vivienda es también defender una educación pública de calidad y unas condiciones de vida dignas para toda la comunidad educativa”, apuntan desde la organización.
