Ratios europeas en la propuesta del Ministerio para el primer ciclo de Infantil

  • La propuesta mejora la ratio del primer ciclo de Infantil a 4,6 y 8; así como la del segundo ciclo, dejándola en 20. También se mejoran los requisitos físicos en algunos aspectos. Supera incluso a la propuesta de Celaá del año 2022, antes de ser cesada. 
  • El Bachillerato reduce la ratio de 35 a 30 estudiantes por aula 

La Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-i) prosigue en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la negociación del Real Decreto de requisitos mínimos de los centros, que modificará el actual Real Decreto 132/2010. Las propuestas presentadas por el Ministerio plantean una reconfiguración estructural de las ratios de alumnado por aula y de las condiciones materiales de los centros educativos públicos y privados subvencionados. 

La propuesta ministerial introduce un calendario de reducción progresiva del alumnado por unidad escolar que se comenzará a aplicar a partir del curso 2027/2028 y que afectará a todas las etapas de la enseñanza no universitaria: 

Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años): Se establecen límites drásticos para frenar la masificación: 4 niños/as en el tramo de 0 a 1 año; 6 niños/as de 1 a 2 años; y 8 niños/as de 2 a 3 años. Su implantación comenzará en el curso 2027/2028 y será plenamente obligatoria al inicio del curso 2029/2030. 

Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años): El número máximo se fija en 20 alumnos por unidad escolar (frente a los 25 actuales), aplicable desde el curso 2027/2028 en el primer curso del ciclo. 

Educación Primaria: La ratio máxima desciende a 22 alumnos por aula, comenzando también de manera progresiva en el curso 2027/2028. 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO): Se fija un tope de 25 alumnos por unidad escolar a partir del curso 2028/2029. 

Bachillerato: Las aulas se reducirán de los 35 estudiantes actuales a un máximo de 30 alumnos por unidad, con inicio en el curso 2029/2030. 

Educación de Personas Adultas: Se mandata a las distintas Administraciones educativas a proceder a una reducción progresiva de sus relaciones numéricas. 

En lo que respecta a las instalaciones del Primer Ciclo de Educación Infantil, los centros deberán contar obligatoriamente con un mínimo de tres unidades e incorporar unos mínimos habitables estrictos: 

Aulas con al menos 2 metros cuadrados por puesto escolar, disponiendo las unidades de menores de dos años de áreas diferenciadas para descanso e higiene. 

Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados (con opción a uso de comedor). 

Un patio de juegos de uso exclusivo no inferior a 75 metros cuadrados. 

Un espacio específico para la preparación de alimentos cuando se escolaricen lactantes menores de un año. 

Un aseo visible y accesible desde el aula para los grupos de 2 a 3 años (con 2 lavabos y 2 inodoros), así como un aseo completamente separado con ducha para el personal del centro. 

Como novedad normativa sustancial, el Ministerio propone incorporar un nuevo artículo general que obliga a todos los centros educativos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) a regirse por principios de cultura de sostenibilidad ambiental y de promoción de los lazos con el medio natural de su entorno. 

Asimismo, se introduce la obligación legal de proteger el bienestar y la salud del alumnado y del personal docente mediante la adecuación de la climatización con criterios de eficiencia energética, adaptando las infraestructuras escolares a las consecuencias del cambio climático y garantizando servicios higiénico-sanitarios adecuados para todo el personal. 

Desde STEs-Intersindical valoramos positivamente que las ratios propuestas para el tramo 0-3 años se homologuen finalmente con los estándares europeos para combatir la masificación actual. Sin embargo, el sindicato advierte que estas medidas serán papel mojado si no van acompañadas de la financiación adecuada. No invertir de inmediato el 5% del PIB mínimo que mandata la Disposición Adicional 8ª de la LOMLOE supone una pérdida de 8.436 millones de euros al año para la educación pública. 

STEs-i continuará presionando en las mesas de negociación del Grupo de Trabajo 4 para que el redactado final del Real Decreto recoja demandas históricas fundamentales que el Ministerio ha dejado fuera de su propuesta: la implantación de la pareja educativa en el aula (codocencia o apoyos continuos), la homologación salarial interciclos, la gestión pública directa del tramo 0-3, la cobertura inmediata de las bajas médicas y una mayor ambición en las superficies físicas (como patios mínimos de 150 m² o salas polivalentes de 36 m²).