Resolución del Pleno de la Confederación de STEs-i, reunido el 15 de junio de 2019 en Madrid
En los últimos tiempos han ocurrido hechos graves que demuestran que el régimen constitucional del 78 no ha superado, cuarenta años después, las barreras del franquismo y no pasa página con la dictadura surgida a partir de la rebelión militar de 1936 contra el orden constitucional de la II República.
El pasado martes, 4 de junio, la “democracia” dio muestras de debilidad ante una sentencia del Tribunal Supremo que legitima el golpe de estado franquista. El TS fallaba así sobre la petición de la familia de Francisco Franco para que se paralizara la exhumación del dictador. Pese a que los poderes Legislativo y Ejecutivo habían ordenado el traslado de la momia del dictador, los jueces del Supremo decidieron paralizar el proceso. Esto significa que los restos del dictador, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, permanecerá por ahora en un espacio público al tiempo que continuará la impunidad de sus asesinatos, torturas y demás atrocidades penadas por las leyes internacionales.
Este pronunciamiento del Tribunal Supremo supone una afrenta a la memoria histórica, a la dignidad de quienes resistieron y lucharon por la restauración de las libertades democráticas. En el mismo se señala que Franco fue “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”. Pese a la gravedad de esta afirmación, las reacciones han sido, cuanto menos, tibias. La pervivencia del pacto que supuso la Transición ha permitido atravesar todas estas décadas sin que se haya producido una ruptura clara con la pervivencia de aspectos heredados de la época de la dictadura. La Ley de Amnistía de 1977 no sirvió para sacar los presos a la calle, porque ya estaban libres para ese entonces. Sirvió para amnistiar los crímenes de la dictadura que permanecen, desde entonces, en la impunidad blindada por dicha ley.
Poca gente se atreve a negar las evidencias. Francisco Franco encabezó un golpe de Estado militar en julio de 1936 que provocó tres años de guerra civil y otros 40 de dictadura fascista. Los muertos que se conocen suman centenares de miles. Más de 100.000 siguen en fosas comunes, para vergüenza de nuestro Estado Democrático. Solo un puñado de golpistas y asesinos reconocieron a Franco como Jefe de Estado en octubre de 1936. Ese aislamiento impidió al dictador viajar el extranjero y ser recibido como gobernante español durante sus cuarenta años de mandato.
Asistimos a una situación paradójica. Mientras en la comunidad internacional se reconocen e investigan los crímenes del franquismo (Querella Argentina, éxito del documental El silencio de otros, etc.) la Justicia española se reafirma en unas ideas que, además de mantener la impunidad de la dictadura, contribuyen a dar una legitimidad política y jurídica a la misma.
Por ello, STEs-Intersindical no quiere permanecer en silencio y exige:
- La derogación de la Ley de Amnistía que protege los crímenes del franquismo.
- Demanda el cese de los jueces del Supremo que con su escrito avalan la legitimidad del régimen dictatorial de Franco.
- Exige al gobierno central y de todos los territorios que inicien sin dilación leyes y normas que permitan la dignidad, la memoria y la justicia efectiva que reparen el dolor de víctimas y familiares del franquismo.
- Que se desmonten las pervivencias del franquismo, especialmente en el ámbito jurídico para que el actual régimen constitucional suelte las amarras con la dictadura, empezando por los honores, mausoleos y privilegios de todo tipo que mantienen los herederos del dictador y sus apoyos, anule las sentencias de los juicios realizados contra quienes luchaban por las libertades, saldados con penas de prisión y sentencias a muerte
Pleno de STEs – Intersindical | Madrid, 15 de junio de 2019.
