El Defensor del Pueblo, tras su aceptación a trámite de la queja presentada por el Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza (SATE-STEs), continúa con sus actuaciones ante las distintas administraciones que ostentan unas responsabilidades u otras para garantizar que nuestro alumnado recibe la educación que merece y que la ley exige.
El pasado mes de noviembre, SATE-STEs presentamos una queja ante el defensor del Pueblo en la que dejábamos constancia de que un curso más prácticamente el cien por cien de las aulas de Melilla de educación infantil y primaria y buena parte de las de ESO incumplían la normativa vigente y eran, por tanto, ilegales, incluso desde el inicio de curso, situación esta que achacábamos a largos años de inacción por parte de las sucesivas administraciones educativas y que ha conducido a las graves cifras que sufrimos, con un progresivo empeoramiento año tras año de muchos parámetros. Asimismo, la queja de SATE-STEs se hacía extensiva a las carencias en el cumplimiento de las exigencias de la normativa educativa sobre la atención a la diversidad.
Cabe destacar que esta alta institución para la defensa de los derechos de los ciudadanos hace suyos buena parte de los argumentos de SATE-STEs, tanto en los problemas de ratios como en su dilación en el tiempo, cuando afirma que “es notoria la necesidad de construcción de centros educativos que palien las insuficiencias de espacios de los ya existentes y solucionen las presiones de escolarización que surgen periódicamente, desde hace años, ante el progresivo aumento de alumnos escolarizados”.
El Defensor del Pueblo se hace eco, asimismo, de las denuncias presentadas por SATE-STEs año tras año en el Consejo Escolar del Estado por las elevadas ratios en todos los niveles educativos que han estado “por encima del número máximo de alumnos por aula señalado en el artículo 151.1.a” de la LOE, “que únicamente puede ampliarse un 10% conforme a lo establecido en el artículo 87.2 para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, y no para alumnos escolarizados en el proceso ordinario de admisión”.
El Defensor del Pueblo recoge igualmente las peticiones del Consejo Escolar del Estado a instancias de SATE-STEs, de “desde hace años, la creación de nuevos centros escolares y el cumplimiento del artículo 87 de la LOE, que exige garantizar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.
Y comparte, además del diagnóstico, las soluciones que SATE-STEs viene proponiendo desde hace años, pues “este incremento de alumnos matriculado hace necesario aumentar la plantilla de profesorado para poder reducir las ratios y ampliar los equipos de atención a la diversidad, de modo que se garantice una respuesta educativa adecuada a todos los alumnos…”. Hemos de insistir en que SATE-STEs destaca año tras año la diferencia en la ratio alumno profesor de Melilla respecto a la media del Estado, lo que hace necesario más de 200 docentes para igualar este parámetro en nuestra ciudad.
Reconoce también el Defensor del Pueblo la dificultad de las Administraciones para encontrar espacios destinados a centros educativos, lo que hace necesario “que todos los esfuerzos de las administraciones implicadas deban ir encaminados a conseguir la adecuación de las tasas de escolaridad a las ratios permitidas para cada una de las etapas educativas y el cumplimiento de las medidas propuestas por el Consejo Escolar del Estado y el Foro de la Educación de la Ciudad de Melilla”.
Por ello, el Defensor del Pueblo, tras haberse dirigido al Ministerio de Educación, ha decidido continuar la tramitación de la queja ante la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla.
SATE-STEs considera que, como bien ha reconocido el Defensor del Pueblo, se hace imprescindible, además de la construcción de nuevos centros escolares, la dotación del profesorado suficiente para cumplir la ley en lo relativo a las ratios y a la atención a la diversidad. Y, siguiendo nuestra habitual línea de acción sindical, gobierne quien gobierne, así lo continuaremos demandando una y otra vez en cuantas instancias sea necesario, Consejo Escolar del Estado, Ministerio, Ciudad, partidos que serán los responsables de la futura política educativa, pues consideramos que éste es el camino para intentar solucionar este grave problema, más allá de la venta de humo con insistentes y vacíos anuncios en prensa de denuncias nunca materializadas ante juzgado alguno.
