Este hecho ha supuesto un importante ejercicio de democracia y de diálogo que permitirá acabar con la situación de bloqueo y parálisis política que arrastrábamos. Esto supone una oportunidad para revertir las políticas antisociales y contrarias a la clase trabajadora que han dominado el panorama político en la última década. Sin embargo, no será una tarea fácil, el Gobierno progresista nace en unas condiciones complicadas, con una correlación de fuerzas peor que la existía en el intento fracasado de la legislatura anterior, con la presencia de un bloque reaccionario que asume a regañadientes los resultados de las pasadas elecciones, en medio de una crisis de gobernabilidad marcada, entre otros aspectos, por el contencioso territorial de Cataluña.
Desde la moción de censura que desplazó a Mariano Rajoy de la jefatura de gobierno, vivimos un periodo de provisionalidad que ha favorecido la permanencia, de facto, de las políticas impuestas por el anterior gobierno neoliberal, que han estado claramente orientadas a salvaguardar los privilegios de los grandes poderes económicos y financieros a costa de penalizar las rentas de la clase trabajadora y el desmantelamiento de los servicios públicos, generando niveles de desigualdad social y de pobreza nunca conocidos en los últimos cuarenta años. Esta situación ha sido contestada por la mayoría social obteniendo como respuesta por parte de los poderes públicos la censura de la libertad de expresión, la pérdida generalizada de derechos civiles y políticos –lo que conlleva un aumento de la represión– y la degradación de nuestra, ya de por sí, frágil democracia.
La formación del nuevo gobierno progresista puede permitir pasar página a esta etapa y comenzar una nueva que ha de estar presidida por la justicia social, de forma que se puedan revertir las desigualdades generadas, combatiendo decididamente la precariedad laboral en el sentido más amplio del término, garantizando unas pensiones públicas dignas y apostando sin complejos por unos servicios públicos de calidad gestionados directamente por las Administraciones Públicas. Una justicia social que no se podría entender sin ir acompañada de toda una serie de medidas tendentes a garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, personas mayores y jóvenes y personas recién llegadas que erradiquen cualquier conducta discriminatoria o violenta por razón de género, orientación sexual, edad, origen, creencias religiosas o ideología. Ante el auge del fascismo sustentado por la extrema derecha, es el momento de erradicar el discurso del odio, con firmeza democrática y con políticas de integración que no alimenten el rechazo al diferente ni a la disidencia política y social.
Justicia social es derogar primero la reforma del Art. 135 de la Constitución que supedita todo el gasto al pago de la deuda ilegítima, y con ello derribar el techo de gasto que limita la acción social; es derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 e incrementar el salario mínimo interprofesional de forma que las personas en edad activa puedan acceder a una ocupación digna y bien retribuida; derogar las reformas de las pensiones para facilitar el derecho a una jubilación que garantice la suficiencia financiera de las personas mayores, compensando también a las mujeres pensionistas y a aquellas que no cobran ninguna prestación; así como también lo es acceder a unos servicios públicos de calidad garantizando la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y una renta básica suficiente para poder desarrollar un proyecto vital ante cualquier circunstancia adversa.
En el mismo sentido, es el momento de iniciar un verdadero camino hacia la sostenibilidad de nuestro entorno, acabando con las políticas depredadoras del territorio y de los recursos naturales, que defienden el negocio fácil de unos pocos, pero que, con el paso del tiempo, acabarán pasando factura al conjunto de la sociedad, sin que en ningún momento se exija ninguna responsabilidad. Sostenibilidad y transición energética son dos asignaturas pendientes que el nuevo Gobierno habrá de encarar con urgencia y valentía, porque sin lugar a dudas habrá que hacer frente a la oposición de grandes multinacionales.
Es por todo esto que la Confederación Intersindical valora positivamente la formación del nuevo Gobierno al tiempo que expresa su voluntad de movilización para garantizar el cumplimiento de las promesas que contiene su Programa de Gobierno. Estaremos al lado del Gobierno de progreso para celebrar e impulsar, en la medida de muestras fuerzas, todas las medidas progresistas referidas a la derogación de la Ley Mordaza, reformas laborales, derogación de leyes educativas, etc.
Estaremos con el Gobierno cada vez que impulse el cumplimiento de estas promesas. Lo haremos igualmente cada vez que toque afrontar la política de chantaje procedente del bloque reaccionario que aspira a conseguir por otros medios lo que no lograron por medio de las urnas y seguiremos, también, exigiendo el cumplimiento de nuestras propuestas: contra la austeridad, la ley mordaza, la precariedad, la represión… porque nuestras reivindicaciones seguirán siendo las mismas, gobierne quien gobierne.
8 de enero de 2020 | Secretariado de la Confederación Intersindical
