Es necesaria una solución urgente al abuso de temporalidad en las administraciones públicas

La Confederación Intersindical junto con la acción conjunta del bloque sindical alternativo y de las plataformas de personal público en abuso durante el año 2021 conseguimos modificar el Icetazo e introducir enmiendas que podrían servir para estabilizar a las personas que mantienen relaciones laborales temporales irregulares con las administraciones españolas.

Durante estos meses nos hemos mantenido expectantes al desarrollo de la aplicación de la norma en las diferentes administraciones y observamos que existe una clara asimetría y la desigualdad en su aplicación es una realidad.

Una normativa básica, excepcional y de obligado cumplimiento como es la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no puede tener consecuencias para las trabajadoras y trabajadores públicos en abuso de temporalidad tan desiguales. En algunas administraciones con su aplicación se va a conseguir el reconocimiento como personal público de carrera o fijo, a las trabajadoras y trabajadores que durante años han ejercido su profesión bajo contratos temporales. Y en otras, al contrario, la consecuencia es el despido gratuito del personal que acumula más experiencia.

Con estas diferencias en su aplicación se rompe cualquier principio constitucional de igualdad como derecho fundamental.

Seguir adelante con los procesos Montoro  sin haber dado cumplimiento a la obligación de identificar las plazas que deben ofertarse al proceso excepcional de méritos o de concurso oposición marcados en la nueva ley, fomenta que las ofertas de empleo público que se van anunciando y publicando en los boletines oficiales sean en unos casos justas y en otros raquíticas.

La transparencia brilla por su ausencia en un gran número de administraciones, Ayuso (PP) o Lambán (PSOE) son un ejemplo similar frente a la propuesta anunciada en Catalunya de estabilizar más de 50.000 plazas.

Estamos en tiempo de descuento, ya que antes del 1 de junio de este año todas las administraciones deberán publicar dicha oferta y antes del 31 de diciembre de 2022 sus respectivas convocatorias.

Nos dirigimos a la ministra Mª Jesús Montero para que rompa el reinado de taifas en que se han convertido las diferentes administraciones españolas en los que una misma ley conlleva consecuencias opuestas a las personas afectadas por abuso de temporalidad.

Y le recordamos que Europa sigue valorando si esta ley es acorde a la Directiva 1999/70/CE, puesto que, a pesar de ella, sigue sin ser transpuesta en el sector público al no existir legalmente una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria ante el uso fraudulento de los contratos de duración determinada.

Que las sanciones por no aplicar una ley comunitaria recaen en el Estado Español y las paga la clase trabajadora y el conjunto de la ciudadanía.

Que las indemnizaciones como sanción al abuso de la contratación temporal pueden ser millonarias, tal y como recientemente se ha determinado por la justicia italiana.

Que la estabilidad laboral es un derecho y debe ser acorde a la norma europea, que realmente sancione el abuso de la temporalidad y que pase por la voluntad política real de querer resolver un problema social y que afecta en mayor medida a las trabajadoras. La pérdida del valor humano con décadas de experiencia abocados con más de 50 años al paro indefinido no es propio de un gobierno que defiende los servicios públicos y un eslogan que se nos muestra vacío, “no dejar a nadie atrás”.

Una administración que gestiona bien sus recursos no puede tirar a la basura tanta experiencia acumulada.

Por todo ello, desde la Confederación Intersindical volveremos a impulsar movilizaciones hasta conseguir una solución justa a este despropósito.

Asimismo, apoyamos la Manifestación convocada para el próximo día 7 de mayo en Madrid en defensa de los intereses del personal público en abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas, y hacemos un llamamiento a la participación.

POR UNA APLICACIÓN JUSTA DE LA LEY 20/21 QUE GARANTICE LA ESTABILIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

EN CONTRA DEL CESE INDISCRIMINADO, DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CON DÉCADAS DE EXPERIENCIA, A COSTE CERO, SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD

PORQUE LA DIRECTIVA 1999/70/CE MANDA, Y SU INAPLICACIÓN VA A GENERAR INDEMNIZACIONES MILLONARIAS QUE AFECTARÁN A LAS ARCAS PÚBLICAS

Y LA PÉRDIDA DE LA EXPERIENCIA REDUCIRÁ LA CALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

Confederación Intersindical, 26 de abril de 2022


TRANSPORTES PARA MANIFESTACIÓN EN MADRID 7 MAYO

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