El Ministerio de Educación y las Comunidades autónomas no pueden poner en juego la salud de la comunidad educativa

Mientras la Ministra habla de normalidad, la situación en los centros educativos es, cada vez, más difícil, con graves deficiencias en las medidas sanitarias y pedagógicas adoptadas

La vuelta a las clases tras el periodo vacacional navideño, está suponiendo una prueba especialmente dura para toda la comunidad educativa, en la actual situación de crisis pandémica, con los contagios disparados y ninguna medida adicional de refuerzo con respecto a las habilitadas a principio de curso. Pero con una incidencia acumulada a catorce días, que multiplica por 80 la que teníamos en nuestro país en los meses de septiembre u octubre. Desde marzo del año 2.020, el profesorado viene realizando un esfuerzo extraordinario de adaptación a una situación excepcional, con un alto precio pagado en forma de vidas humanas (varios profesores han fallecido por Covid), estrés y cansancio, sin que la respuesta por parte de las administraciones haya estado a la altura.

La situación que se está viviendo en los centros educativos en España es diferente a la que se tuvo durante el curso pasado y durante los tres primeros meses del actual; la altísima contagiosidad de la variante Ómicron, requiere reforzar las medidas de seguridad que teníamos hasta ahora como, por ejemplo, asegurar la distancia interpersonal en las aulas o realizar telemáticamente todas las actividades (reuniones de órganos colegiados, de coordinación, etc.) que no son propiamente lectivas. Pero además hay que introducir nuevas medidas, y esto supone una mayor implicación de los responsables educativos apostando por la salud de su profesorado. Es necesario que se aborde (como hace tiempo que venimos exigiendo) la situación particular de aquellos docentes que, por diferentes razones, por ejemplo: por patologías crónicas, profesoras embarazadas, etc. están más expuestos y su salud corre más peligro que el resto de personas que trabajan en los centros educativos. Desde la Confederación de STEs-i exigimos que se busque una solución para todas estas personas y que les evite estar expuestas al contagio dentro de un aula, al menos durante este periodo álgido de casos producidos por la variante Ómicron.

En estos momentos, una medida siempre necesaria para asegurar la calidad educativa, como es la bajada de ratios en las aulas, se vuelve además imprescindible para permitir una mínima seguridad sanitaria. En clases, en muchos casos, con un gran número de alumnado es imposible mantener la distancia interpersonal.

La sustitución inmediata del profesorado de baja es también imprescindible para evitar la multiplicación de contagios. Ni se puede permitir que se pierdan horas de clase, ni mucho menos arriesgar la salud de la comunidad educativa juntando grupos por falta de profesorado o teniendo que pasar cada hora por un aula, diferentes profesores para cubrir una sustitución, exponiéndose así a más contagios. Si el actual ritmo de contagios se mantiene durante mucho tiempo, puede que haya centros que entren en una situación de colapso por falta de profesorado, y no podemos esperar a que esto ocurra para tomar medidas; por eso exigimos que se establezca ya un sistema diario de cobertura de todas las sustituciones, en todas las administraciones educativas.

Es necesario asegurar que todos los centros educativos dispongan de todo el material anti-COVID necesario: gel, mascarillas, test de antígenos, etc. También exigimos, para este periodo invernal, que se dote a los centros educativos de instrumentos tecnológicos sencillos, como simplemente son los medidores de CO2. En efecto, si una medida fundamental de seguridad en las aulas es el establecimiento de corrientes de aire que las ventilen, un medio como son los medidores de CO2, puede contribuir a regular de manera más racional la ventilación y, en consecuencia, a hacer un poco más confortables las aulas, precisamente ahora en la parte del curso más cruda climatológicamente hablando.

En definitiva, exigimos al Ministerio de Educación y a los Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas que no miren hacia otro lado ahora que los problemas derivados de la variante Ómicron están golpeando con dureza en los centros educativos de nuestro país. La situación que nos hemos encontrado en esta vuelta a clase de enero es complicada, pero puede volverse caótica si los contagios siguen creciendo y por parte de las Administraciones no se toman medidas. Creemos que la inmensa mayoría de la comunidad educativa apuesta por mantener la enseñanza presencial (la telemática presenta déficits y tiene un sesgo social muy marcado) pero esto requiere dotar a los centros del profesorado y de los medios que la hagan sanitariamente segura.

Secretariado de STEs-intersindical | 13 de enero de 2.022