Desde la Confederación de los STEs queremos denunciar públicamente una situación que consideramos grave y profundamente injusta: el caso de María Clares Moya, orientadora educativa con parálisis cerebral, excluida del sistema educativo público de la Comunidad de Madrid después de haber ejercido durante años con plena normalidad.
No estamos ante un error administrativo menor. Estamos ante un caso que apunta directamente a una posible discriminación por razón de discapacidad dentro de la administración pública. Y esto, en un Estado que se declara garante de los derechos y de la igualdad, es absolutamente inaceptable.
María Clares durante dos años demostró con hechos su capacidad profesional como orientadora. Ha trabajado, ha cumplido con sus funciones y ha formado parte del sistema educativo como cualquier otra profesional interina. A pesar de ello, en el momento de optar a una plaza estable a través de unas oposiciones, ha sido declarada “no apta” sin una evaluación clara, sin transparencia y sin garantías suficientes. Esta decisión no solo es cuestionable: es alarmante y nos plantea interrogantes:
¿Cómo es posible que una administración permita trabajar a una persona durante años como interina y, de repente, la considere no apta? ¿Dónde están los criterios técnicos? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde queda el derecho a una evaluación objetiva e individualizada?
Lo que estamos viendo es una práctica que, lejos de garantizar derechos, puede estar vulnerándolos. La falta de explicaciones, el silencio administrativo y la opacidad no son compatibles con una administración democrática. Y aún menos cuando lo que está en juego es el derecho al trabajo de una persona con discapacidad.
Desde los STEs advertimos que este caso no es aislado. Forma parte de una problemática más amplia: la dificultad real que tienen muchas personas con discapacidad para acceder y, sobre todo, para mantenerse en el empleo en igualdad de condiciones.
La normativa es clara. La igualdad de oportunidades y la no discriminación no son declaraciones simbólicas, son obligaciones legales. Esto incluye la aplicación efectiva de los ajustes razonables y la prohibición de cualquier exclusión injustificada.
Por todo ello, exigimos:
- Una investigación inmediata e independiente de los hechos.
- La revisión de la declaración de “no apta” y la restitución de los derechos vulnerados.
- Transparencia total en los procesos de evaluación.
- Garantías reales para que ninguna otra persona con diversisad funcional se encuentre en la misma situación.
No se trata solo de María Clares. Se trata de defender un principio básico: que ninguna persona puede ser excluida de su puesto de trabajo por su discapacidad.
Si permitimos que esto ocurra sin consecuencias, estaremos avalando un modelo discriminatorio que no tiene cabida en una sociedad democrática.
La inclusión no puede ser solo un discurso. Debe ser una realidad efectiva. Y cuando esa realidad falla, es responsabilidad de todos y todas denunciarlo y exigir cambios.
