Desde STEs queremos manifestar nuestro malestar por el caos, falta de planificación, improvisación y cambios de criterio ante el inicio de curso escolar 2020-21.
Si bien es cierto que el nivel de dejación no ha sido el mismo es todo el territorio y algunas comunidades han realizado mayores esfuerzos que otras, como es el caso del País Valenciano, que ha tenido en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa y ha establecido un protocolo con la antelación suficiente para que los centros se preparen para este inicio de curso tan atípico, la tónica general es el caos, el desconcierto, la falta de previsión y la improvisación bajo el denominador común de una flagrante falta de inversión y recursos.
Los equipos directivos se han encontrado con la necesidad de reestructurar todo ante continuos cambios de criterios de las administraciones a escasos días del inicio de las clases.
Por otro lado, la ampliación de las plantillas docentes en la medida suficiente para llevar a cabo un descenso de la ratio que permita garantizar la distancia de seguridad interpersonal establecida por las autoridades sanitarias, así como de las plantillas no docentes, que posibiliten el debido cumplimiento del resto de medidas de seguridad necesarias, está demasiado lejos de ser la suficiente, no llegando en muchos casos ni a corregir la situación de déficit estructural que se viene padeciendo desde años atrás. Además, muchas de las contrataciones anunciadas se han formalizado tan solo hasta el mes de diciembre, por lo que difícilmente puede servir para la planificación segura de un curso completo.
A esta falta de recursos y medios se añade la preocupante e indignante desprotección a la que las distintas administraciones están sometiendo a los y las trabajadoras de los centros educativos, especialmente al personal sensible a la exposición del Covid-19, al no aplicar las medidas y criterios que la propia legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales establece.
Todo ello ha provocado que el inicio de curso no esté exento de conflictividad y polémica en la mayoría de Comunidades Autónomas, donde se están produciendo movilizaciones de la comunidad educativa para exigir una vuelta segura a las aulas, incluidas varias jornadas de huelga en Madrid, Andalucía o Galicia, ante la inacción y falta de medidas e inversión de la administración.
Desde STEs Intersindical queremos resaltar el valor y la implicación de todo el personal docente, sobre todo la labor de los equipos directivos que se están enfrentando a una situación sin precedentes ante la que las administraciones educativas están demostrando que no están al nivel que corresponde.
No entendemos la falta de liderazgo del Ministerio de Educación, comprendemos que las competencias en educación están en manos de las autonomías, pero el Ministerio de Educación debería haber establecido un marco básico que recogiera unos mínimos comunes para todas las administraciones educativas y siempre en coordinación con las directrices derivadas del ministerio de sanidad.
Los fondos COVID creados en el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, en el que se recogen 2000 millones de euros para educación se han mostrado totalmente insuficientes. Además, no son finalistas y no es necesario que las comunidades autónomas rindan cuentas de lo que hacen con ello. Lo que están provocando que en algunos territorios estos fondos sean derivados a los centros privados subvencionados con fondos públicos. Por ejemplo, Madrid está considerando ampliar el cheque bachillerato (para la concertada) o en Murcia en la dotación de medios informáticos a las “aulas plumier” que ya deberían disponer de ese material y que además no se van a poder usar por causa de la pandemia.
Por tanto, es imprescindible una ampliación del fondo COVID no reembolsable que el Ministerio envía a las Comunidades Autónomas. para que estas puedan implementar las medidas de seguridad necesarias Todas las administraciones, tanto estatales como autonómicas tiene que poner todos los recursos y medios necesarios para que los centros educativos no se conviertan en focos de propagación de la pandemia y poder garantizar una educación presencial segura y de calidad. Las incidencias acaecidas estos primeros días de curso han desatado todas las alarmas. En sólo 8 días más de 120 centros se han visto obligados a cerrar, multiplicando por 9 lo sucedido en Francia en sus 10 primeros días de curso escolar. El cierre diario de decenas de aulas no augura nada bueno.
A las y los consejeros se les llena la boca con los datos de contratación del profesorado interino, pero gran parte de ellos son para sustituir al profesorado jubilado o porque no ha habido oposiciones y se han cubierto las plazas con personal interino. La contratación real es mucho menor de lo que dicen, aunque reconocemos que se ha aumentado, sobre todo desde que se ha presionado desde las distintas organizaciones sindicales y desde las familias. Pero no deja de ser insuficiente. Además, en muchos casos son contratos temporales (hasta diciembre) y/o parciales (medias jornadas u horas).
Mayoritariamente deseamos volver a las aulas, todas y todos defendemos la educación presencial como la mejor, pero nos chirría esos planteamientos que se están llevando en algunas comunidades autónomas, que con tal de no contratar profesorado están haciendo verdaderos disparates del tipo 4 días en clase y uno en casa (como en Murcia) ¿Qué pasa con aquellas asignaturas que solo tienen 1 hora como es el caso de la música? ¿Habrá alumnado que siempre le toque cuando está en casa? Y ¿quién atiende a ese alumnado cuando no está en el centro?
Respecto a las ratios se está hablando de 20 alumnas/os por aula llegando en algunos casos a 25. Pero sin tener en cuenta la distancia de seguridad de metro y medio. Lo que ha llevado a un replanteamiento de la distribución de las aulas y ahora hablan de aforo, reducen al alumnado a meros objetos abstractos que deben llenar un “aforo”. Algo terrible.
(…) desde STEs exigimos que, con carácter de urgencia, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental de la población a la salud y a una educación pública presencial y de calidad. Exigimos también, en consecuencia, que el conjunto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, asuman su responsabilidad y doten, con carácter de urgencia, de todos los medios y recursos necesarios a todos los centros educativos para poder garantizar estos derechos.
Ante esta situación descrita, desde STEs exigimos que, con carácter de urgencia, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental de la población a la salud y a una educación pública presencial y de calidad. Exigimos también, en consecuencia, que el conjunto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, asuman su responsabilidad y doten, con carácter de urgencia, de todos los medios y recursos necesarios a todos los centros educativos para poder garantizar estos derechos. Además, seremos inflexibles en cuanto a las exigencias del cumplimiento de la legislación, especialmente en materia de protección de las y los trabajadores. De no tomarse estas medidas, haremos responsables al conjunto de las Administraciones Educativas de lo que pudiera suceder en términos sanitarios, de propagación de la pandemia y del coste de vidas humanas que ello pudiera tener.
Por último, animamos al conjunto de la comunidad educativa y de las organizaciones sindicales a que se utilicen todas las legítimas herramientas de movilización y presión para exigir el respeto a nuestros derechos y con seguir las justas reivindicaciones encaminadas a conseguir una educación pública presencial, segura y de calidad.
Secretariado de la Confederación de STEs-i | 16 septiembre de 2020.