Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Confederación de STEs-i [22 de junio de 2023]

Reactivación de posibles movilizaciones por la Educación Pública con las Mareas
Por una Formación Profesional pública, inclusiva y de calidad.
Ante las amenazas de retroceso en políticas de Igualdad.
Por el impulso de la Memoria Histórica y la responsabilidad en la recuperación la dignidad y la justicia del Estado y las CCAA frente a las amenazas de derogación.

Resolución

Reactivación de posibles movilizaciones por la Educación Pública con las Mareas

Desde diversos ámbitos relacionados con las Mareas Verdes, han llegado a nuestra organización la preocupación ante la situación política, y consecuentemente educativa, que puede llegar, y las consecuencias que ello tendría de cara a avanzar en los aspectos en los que la LOMLOE no ha cumplido las expectativas: medidas efectivas para que la Educación Pública sea el eje vertebrador del sistema educativo, no a la extensión de los conciertos, reducción de ratios, reducción del horario lectivo del profesorado, la preocupante posibilidad de que se apliquen nuevos recortes, etc.

Estas inquietudes nos llegan acompañadas de la petición a los STEs para que promuevan e intervengan en la coordinación ante una posible movilización estatal por la Educación Pública, y que esta se haga en el ámbito de las Mareas en los diferentes territorios. El Pleno de la Confederación STEs-i, que representa el modelo sindical mayoritario en el ámbito de la educación pública no universitaria en el Estado, considera que hemos de trabajar en este sentido, por lo que muestra su voluntad de asumir el papel que le corresponde y asumir la iniciativa, en el ámbito de las Mareas por la Educación Pública y de Marea Verde Estatal, y en cualquier otro foro de ámbito territorial o estatal donde participe, para promover una reactivación de la movilización por la Educación Pública

Pleno de la Confederación de STEs-i | Madrid, 22 de junio de 2023

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Resolución

Por una Formación Profesional pública, inclusiva y de calidad

La semana pasada, la Xunta de Galiza hizo pública la oferta para la Formación Profesional y la propuesta supone muchas más plazas privadas y a distancia, mientras se cierran ciclos presenciales públicos. Un cambio de paradigma que afectará en profundidad a la Formación Profesional y que supondrá recortar profesorado y empeorar sus condiciones laborales, a expensas de una educación de peor calidad.

Eliminar la presencialidad de múltiples ciclos de Formación Profesional en varios centros responde a la estrategia privatizadora del PP. De hecho, se están autorizando nuevos ciclos a centros privados mientras niegan esos mismos ciclos a centros públicos. Los datos son muy claros: desde 2012 aumentó la oferta para grados superiores en un 44% en la privada y solo un 13% en la pública. Para grados medios, en la privada creció un 8% y en la pública fue de un -2%. El anuncio de la Xunta de cara al próximo curso supone la supresión de unas 2000 plazas presenciales de FP y el incremento de un 136% de la dual y un 74% de oferta a distancia con respecto a este curso

Pleno de la Confederación de STEs-i | Madrid, 22 de junio de 2023

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Resolución

Ante las amenazas de retroceso en políticas de Igualdad

Desde la Organización de Mujeres mostramos nuestra preocupación ante las nuevas políticas de retroceso en materia de Igualdad que estamos sufriendo y vamos a sufrir más las mujeres, en concreto a partir del 23 de julio, si el gobierno del Estado español pasa ser dirigido por PP y VOX.

Todas y todos sabemos los múltiples pactos que se están realizando entre estos dos partidos y que son el germen de todas aquellas pérdidas de derechos en materia de igualdad, sobre violencia machista, el derecho al aborto libre, etc.

La amenaza del PP de suprimir el Ministerio de Igualdad, tan necesario para lucha feminista, y empezar por negar la mayor ante la violencia machista nos hace ver que van a venir tiempos muy difíciles para las mujeres en los que tendremos que ocupar las calles de color morado. A las feministas no nos quieren, pero estaremos ahí.

Testimonios y casos como los siguientes:

José María Llanos (Vox Valencia): “La violencia machista no existe”
Carlos Flores, candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat valenciana, que fue condenado en septiembre de 2002 por un delito de violencia psíquica habitual contra su exmujer, de la que se había divorciado en 1999.

Ante este último caso, Feijoó contesta que “tuvo un divorcio muy complicado”.

El PP ya ha publicado que limpiará de ideología la LOMLOE en sus territorios, en principio, y estatalmente después del 23 de julio.

Estos son pequeños comentarios dentro del contexto político en el que nos estamos moviendo actualmente. Por eso, desde la Organización de Mujeres reproducimos las palabras de la periodista feminista Cristina Fallarás, en el Diario Público, que no han podido ser más claras y precisas y que compartimos plenamente:

“Ahora, la derecha tradicional va abriéndole las puertas a la violencia de la ultraderecha, lo que sin duda resulta dolorosísimo y preocupante, amenazante para nosotras. Pero nos pilla fuertes como nunca, unidas y serenas. No estamos solas. Estamos juntas, y somos muchas, muchísimas. Somos más. Nos tendrán enfrente. Y además contamos con algo fundamental de lo que ellos carecen: amor e inteligencia.

Pleno de la Confederación de STEs-i | Madrid, 22 de junio de 2023

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Resolución

Por el impulso de la Memoria Histórica y la responsabilidad en la recuperación la dignidad y la justicia del Estado y las CCAA frente a las amenazas de derogación

La memoria de las víctimas del golpe de estado de 1936, la Guerra de España y la represión de la dictadura franquista, “su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia”. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos¹. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. No puede seguir solo a merced del impulso de las asociaciones memorialistas como actividad privada, sino que el Estado y los diversos territorios deben cumplir el papel que no han cumplido en 40 años.

Debemos reaccionar frente a la amenaza de una involución real con la que amenaza el Partido Popular y Vox y que están llevando a término en precampaña electoral.

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática, aunque imperfecta porque no juzga crímenes de lesa humanidad, es un paso en la dirección correcta. La Guerra de 1936 no fue una guerra civil entre hermanos, fue un golpe de Estado donde un ejército en superioridad no combatía contra otro en similares condiciones, sino que en colaboración con nazis y fascistas italianos masacraron población civil a la que convirtieron en objetivo para imponer un régimen de terror y dictatorial. Se llevó a cabo una represión brutal de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos. Con el régimen democrático, tras la dictadura, se impuso el silencio y el olvido y no hubo comisión de la verdad.

Los límites impuestos por la Justicia española y la inevitable búsqueda de la misma en el exterior hacen que, a día de hoy, sea imposible juzgar los crímenes del franquismo. Nuestro Estado se asienta sobre una enorme fosa común de la que poco se sabe y nada aún de los campos de concentración en nuestro territorio, donde fueron represaliadas las personas defensoras de la democracia vigente hasta el golpe militar. La represión franquista se cebó de forma extraordinaria con los sindicalistas y especialmente con colectivos como el docente y en el ferrocarril español, con casi 83.000 profesionales afectados con sanciones, cárcel, exilio o internamiento en cárceles y azotó al sector desde 1936 a 1977.

Sucesos como La Desbandá es el mayor éxodo de la Guerra de España, y el mayor genocidio ocurrido en este país, con más de 5000 asesinatos, en su mayoría mujeres niños y ancianos; nos enseñan como el verdadero objetivo de la guerra y la dictadura fue la población civil. Nada de esto es abrir heridas sino cerrarlas y realizar un completa transición abriendo por dentro un capítulo oscuro de nuestra historia para limpiarlo.

El Pleno de STES Intersindical, con objeto de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, reivindica y demanda tanto al Gobierno como los gobiernos autónomos:

La no derogación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y sí su mejora y aplicación del artículo 28, para que se puedan condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo y que no prescribirán en ningún caso.
Declarar ilegal la Ley de Amnistía, para que se puedan juzgar los gravísimos crímenes cometidos durante la dictadura.
Demandar la puesta en marcha del artículo 44 de la Ley de Memoria, que establece medidas en materia educativa y de formación del profesorado acerca del conocimiento, la justicia y la reparación.

Asumir, por parte del Estado español y los diferentes territorios, de su responsabilidad en investigar, exhumar, reparar y dignificar las víctimas del golpe de Estado y de la represión sistemática durante el franquismo.

^{1 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. BOE núm. 252 de 20/10/2022}

Pleno de la Confederación de STEs-i | Madrid, 22 de junio de 2023