En los últimos meses, y en un contexto internacional marcado por el aumento de la tensión bélica, colectivos de familias y profesorado de todo el Estado han comenzado a organizarse para cuestionar la presencia creciente de agentes policiales y militares en los centros educativos.
Esta movilización pone el foco en el denominado Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, impulsado desde el Ministerio del Interior y aplicado en la práctica en los centros escolares. Al que STEs y Confederación Intersindical nos opusimos cuando se presentó.
Desde estos colectivos se denuncia que la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ámbitos educativos contribuye a redefinir problemáticas complejas —como el acoso escolar, la violencia de género, los conflictos de convivencia o el consumo de drogas— como cuestiones de seguridad. A su juicio, este enfoque prioriza estrategias de vigilancia y control frente a respuestas pedagógicas, comunitarias o estructurales, transformando parcialmente la naturaleza de la escuela como espacio formativo.
