Desde hace años, miles de personas interinas integran un colectivo que está en situación de temporalidad y que la Unión Europea ha sentenciado que han sido contratados en fraude de ley. En el caso de Educación, al comenzar el presente curso eran 170.000. Una parte importante del profesorado que ve como cada curso está en juego su continuidad y, esa inestabilidad, impide la necesaria continuidad imprescindible para llevar a cabo proyectos educativos.
Esta problemática que, repetidamente, desde la Confederación de STEs-i ha sido presentada al Ministerio de Educación, como uno de los mayores problemas con los que cuenta nuestro país en materia educativa y que, repetidamente también, ha sido desoída por parte de los responsables ministeriales, que nunca han considerado el problema, y mucho menos, han buscado una solución.
Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020 venía a certificar el problema, con lo que las autoridades españolas debían buscar una solución al mismo. Un año después de la sentencia, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sigue buscando esa solución, mientras el de Educación no se ha movido un ápice de su postura inicial, haciendo no solo como si el problema no fuera de su competencia, sino que incluso ha desacreditado a quienes sí hemos presentado propuestas para la resolución de la cuestión. El profesorado de la enseñanza depende de las Comunidades Autónomas, que son quienes los contratan, pero la competencia para desarrollar la ley que ponga fin a la interinidad solo puede desarrollarla el gobierno de la nación, como ha determinado el Tribunal Constitucional en reciente sentencia de 18 de febrero de este año.
La condición que ha puesto la UE de que es imprescindible resolver la alta tasa de interinidad para acceder al montante económico que va a llegar a nuestro país, ha hecho que la solución al problema pase a ser urgente. Así parece haberlo entendido el Ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que ha puesto fecha -los próximos meses- a la nueva normativa que dé solución a la inestabilidad interina. Pero, a pesar de que, desde todas las instancias, se señala que es educación y sanidad donde se dan las mayores bolsas de interinidad, el Ministerio de Educación sigue actuando como si el problema no fuera con él.
La Confederación de STEs-i que ya señalamos en su momento que el Acuerdo por el Empleo de 2017, subscrito por el Gobierno del Partido Popular con tres centrales sindicales, no era la solución al problema, hemos propuesto en numerosas ocasiones al Ministerio de Educación que el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) ofrece en su artículo 61.6 una buena vía: la promulgación de una ley que permita acceder a la condición de funcionario de carrera, a través de un concurso de méritos. Una vez más el departamento de Celaá queda sobrepasado y desautorizado por los acontecimientos y por instancias superiores que sí entienden la gravedad del problema. Ni siquiera con ocasión de la promulgación de una ley orgánica se ha abordado una cuestión que incide de manera tan determinante en la calidad de la educación. Ahora que Función Pública está en la resolución del problema, Educación debe sumarse a la búsqueda consensuada de los requisitos exigidos desde Europa y facilitar a las Comunidades Autónomas la legislación que permita acabar con la temporalidad.
Hacer declaraciones genéricas de gratitud hacia el profesorado, mientras no se mueve un dedo para llevar a cabo medidas efectivas que ayuden a desarrollar su labor profesional, es tan hueco como falso, si no va acompañado de hechos y, hasta ahora, ninguna de las medidas que ha adoptado el departamento de la Sra. Celaá han contribuido a mejorar la labor docente y el prestigio del profesorado, el mismo que será determinante para que la ley que lleva su nombre suponga el cambio que nuestra educación necesita o, simplemente, pase a engrosar la lista de leyes que no hicieron sino incrementar el maremágnum de cambios normativos que vive nuestro sistema educativo desde hace años.
9 de marzo de 2021 | Secretariado de la Confederación de STEs-i
