Sobre el anuncio de la modificación del RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y la acreditación institucional de estos centros, desde el Área de Universidad del Sindicato de Trabajadores/as de la Enseñanza -Intersindical denunciamos la pasividad de Gobierno durante los últimos años ante la proliferación de Universidades Privadas que, en muchos casos, no cumplen los mínimos requisitos de calidad.
Esta situación ya fue denunciada en el momento de la promulgación del Real Decreto vigente pues, como se puede comprobar, ha permitido la creación de universidades que no desarrollan plenamente sus actividades de docencia e investigación, por tanto, desde STES planteamos que el Gobierno dicte instrucciones para que se garantice la calidad de las Universidades privadas existentes, así como las que se puedan crear en el futuro.
Sin duda, parte del origen de la proliferación de centros universitarios privados se encuentra en el deterioro de la financiación de las universidades públicas y la precariedad de las condiciones laborales de su personal, así como la falta de una apuesta decidida por la investigación. Mientras la universidad privada incrementa cada año su volumen de negocio, pues en sus centros estudian el 50,2 por ciento de alumnos de máster, la universidad pública ha reducido su financiación un 22 por ciento, lo que limita seriamente su oferta académica.
Los requisitos de una universidad privada no deberían ser inferiores a las universidades públicas, incidiendo en la necesaria transparencia y solvencia tanto de la calidad de la docencia como de la investigación, infraestructuras, instalaciones o recursos económicos
En relación con el RD 640/2021 consideramos que para la creación de un nuevo centro universitario debe ser vinculante el informe de la Conferencia General de Política Universitaria y que la Agencia Nacional de la Evaluación y Acreditación o, las Agencias autonómicas en los territorios en los que existan, deben articular criterios de evaluación objetivos, garantistas y en igualdad de exigencia que las Universidades Públicas tanto en la calidad de la docencia, investigación y transferencia que se realiza, con el fin de que cualquier centro universitario mantenga unos estándares de excelencia.
Desde el Área de Universidades de STES- Intersindical, proponemos que el Gobierno destine los recursos necesarios como para cumplir con el objetivo de financiación del 1% del PIB propuesto en la LOSU y que establezca medidas de carácter general para que las Comunidades Autónomas participen en ese objetivo.
Por otra parte, es preciso distinguir entre empresas proveedoras de formación superior y universidades, limitando el acceso de las primeras a los órganos consultivos o de participación institucional como la Conferencia de Rectores, la Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas o los patronatos de las Agencias Autonómicas de Calidad.
En este sentido se articularán las propuestas que desde este sindicato se presentarán en el periodo de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto de modificación del RD 640/2021 de Creación, Reconocimiento y autorización de Universidades.
