1. Desarrollo de normativa que regule la atención a la diversidad, asegurando la aplicación del principio de inclusión en todos los territorios y por parte de todas las administraciones.
2. Aumento de la dotación presupuestaria y económica que garantice el derecho a la educación inclusiva.
3. Reducción de ratios en todas las etapas educativas como primera medida de atención a la diversidad.
4. Dotación suficiente de profesionales y mejora de sus condiciones laborales, para garantizar y organizar una intervención educativa inclusiva que permita el desarrollo integral del alumnado.
5. Formación inicial y permanente en educación inclusiva a todos/as los/as profesionales de la comunidad educativa, garantizando que toda la formación homologada por la administración incorpore la educación inclusiva de manera transversal.
6. Organización de profesionales y recursos, en el marco de la autonomía de cada centro, atendiendo al principio de inclusión.
7. Garantizar los recursos y medidas de apoyo, así como adaptaciones organizativas y metodológicas necesarias para que el alumnado tenga pleno acceso al currículo.
8. Implementación del Diseño Universal de Aprendizaje en todas las etapas educativas para dar respuesta a las características específicas del alumnado y potenciar su desarrollo educativo, garantizando su formación integral.
9. Flexibilización de los criterios de evaluación y contenidos del currículo para dar respuesta al alumnado NEAE permitiendo el máximo desarrollo competencial sin que ello pueda impedirles promocionar de ciclo o etapa.
10. Acompañamiento al alumnado en cada cambio de etapa.
11. Fomento activo de la igualdad efectiva de trato y de oportunidades en todos los centros educativos.
12. Desarrollo de políticas que faciliten, formen y fomenten la participación de las familias y los colectivos relacionados con el alumnado NEAE.
