- Desde STEs-i expresamos nuestra profunda preocupación ante la actual ofensiva privatizadora en el ámbito educativo, que tiene a la universidad como punta de lanza.
- Si el profesorado quiere formarse en el Enfoque Competencial y el Aprendizaje Basado en Proyectos que lo haga, si prefiere otros estilos de enseñanza-aprendizaje porque piensa que serán más efectivos para su desempeño profesional, desde STEs-i tendrán nuestro beneplácito. El criterio debe ser, identificar las barreras para el aprendizaje que experimenta el alumnado que tiene dificultades para progresar en sus resultados escolares.
- El Consejo Escolar del Estado (CEE) plantea reabrir el debate sobre la jornada partida en los colegios, a pesar de que en los últimos años la mayoría de los consejos escolares de los centros han optado por abandonarla.
Nuestro compromiso ha sido siempre la defensa de una escuela pública de calidad, convencidas y convencidos de que es la mejor herramienta para construir una sociedad más justa y un futuro esperanzador. En este empeño, rechazamos una visión de la educación subordinada a los dictados del mercado, a los principios neoliberales de oferta y demanda, y a la competencia entre profesorado, alumnado y centros.
Desde esta perspectiva, manifestamos nuestra profunda preocupación por las tendencias actuales. Los datos sobre la Universidad son alarmantes. Desde la aprobación del Plan Bolonia en 1999, hemos pasado de contar con 50 universidades públicas y 13 privadas, a un escenario en el que no se ha abierto ninguna universidad pública adicional, mientras que se han sumado 33 universidades privadas, con otras 10 en proyecto. Esto nos lleva hacia un sistema donde las universidades privadas serán mayoritarias, fomentando una segregación no basada en méritos académicos, sino en el poder adquisitivo de las familias. Lo más indignante es que este proceso se presentó como una revolución pedagógica progresista, cuando en realidad fue un engaño.
Uno de los efectos colaterales de esta mercantilización es la creciente falta de profesorado en secundaria. La escasa oferta pública y los elevados costos del máster habilitante —con precios en universidades privadas que pueden llegar a 6.000 y 8.000 euros, según la dificultad del programa—, con ello han creado una barrera de acceso. Esto ha llevado a la Administración a plantearse la eliminación de este requisito para el profesorado interino, lo que no resuelve el problema de fondo.
En Formación Profesional, la situación es aún más grave con la figura del “experto del sector productivo”, que permite contratar a personas sin titulación educativa formal, precarizando aún más el sistema por medio de contratos laborales a personas sin formación pedagógica ni didáctica, ni título universitario.
La historia nos enseña que la educación pública es un pilar fundamental para la igualdad. Aunque el concepto de escuela tiene más de 2.500 años, la idea de una escuela pública nace con la Revolución Francesa, gracias a figuras como Nicolás de Condorcet y se ha expandido poco a poco. Aun así, en nuestro país, en 1900 había solo 59 institutos públicos frente a 466 religiosos. Allí donde predomina la educación privada, se perpetúa la segregación y se reservan los saberes académicos para las élites.
Los datos son claros: en 1960, el Estado español contaba con apenas 76.000 estudiantes universitarios, y el analfabetismo rondaba el 14%.
Con la llegada de la democracia, se superó el millón de alumnado universitario en 1985, pero aún arrastramos los problemas de sistemas elitistas y segregadores, como el fracaso escolar, que superaba el 40% en 1992. Aunque se han logrado avances, la situación actual sigue siendo preocupante, venimos de muy atrás. No hay recetas milagrosas, hace falta mayor financiación pública.
El Informe actual pone de manifiesto la anomalía del bajo porcentaje de educación pública en comparación con la media de la UE-27, es la famosa Figura D1.1.2. La ofensiva privatizadora avanza sin descanso. La disposición adicional 29ª de la LOMLOE y el Acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR prometen aumentar los fondos para los conciertos educativos, mientras algunas comunidades autónomas rechazan financiar plazas públicas para el primer ciclo de infantil.
En Formación Profesional, la oferta privada ha crecido un 468% en la última década. Si se piensa el nuevo Secretario de Estado que la Patronal va a cumplir su compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión y eliminar las cuotas ilegales para recibir el prometido aumento para la privada subvencionada, es que no sabe en qué país vivimos.
Entendemos la jornada partida como una imposición del poder económico para entrenar a la futura clase trabajadora en jornadas laborales interminables, en un contexto donde la conciliación familiar está ausente.
Tomando como referencia el engaño que representó el Plan Bolonia, presentado como una revolución pedagógica con tintes progresistas para atraer la complicidad de la izquierda, observamos una estrategia similar en la actualidad. Se nos intenta imponer, de manera forzada, el Enfoque Competencial y el Aprendizaje Basado en Proyectos.
Desde STEs-i queremos poner en valor la libertad de cátedra/enseñanza consagrada en la Constitución. Si el profesorado quiere formarse en el Enfoque Competencial y el Aprendizaje Basado en Proyectos que lo haga, si prefiere otros estilos de enseñanza-aprendizaje porque piensa que serán más efectivos para su desempeño profesional, desde STEs-i tendrán nuestro beneplácito. El criterio debe ser, identificar las barreras para el aprendizaje que experimenta el alumnado que tiene dificultades para progresar en sus resultados escolares.
Nos posicionamos en contra de supuestas innovaciones promovidas por lobbies y grandes corporaciones que, bajo lemas superficiales -como que “el 65% de los trabajos del futuro no se han creado” o “estás enseñando para un mundo que ya no existe”-, buscan desplazar a las y los docentes con soluciones tecnológicas que no abordan los problemas estructurales de la educación. No es innovador rescatar métodos centenarios y disfrazarlos de modernidad para justificar sus agendas y planes de futuro. Por ejemplo, el “Aprendizaje Basado en Proyectos”, diseñado en 1918 por Kilpatrick, discípulo de Dewey —quien a su vez seguía las ideas de Rousseau—, tenía como objetivo convertir la escuela en un motor de reformas sociales. Sin embargo, hoy se utiliza en sentido opuesto, para perpetuar un sistema educativo que reproduce las desigualdades en lugar de transformarlas.
Respecto al enfoque competencial, conviene señalar que, aunque comparte ciertos rasgos con el constructivismo —como el “aprender a aprender” y el protagonismo activo del alumnado en su proceso de aprendizaje—, se diferencia en sus fines y medios. El término “competencia”, tal como se utiliza hoy en educación, fue introducido por David McClelland en 1975. Este planteaba que el éxito en la contratación no dependía únicamente de los títulos académicos, sino de las características personales (las competencias) más allá del conocimiento o la experiencia.
Este concepto fue rápidamente adoptado por los departamentos de recursos humanos como una forma de añadir valor a las empresas, encajando perfectamente con la teoría del “capital humano” de T.W. Schultz y Gary Becker, vinculados al liberalismo económico de la Escuela de Chicago. De aquí surge la relación entre el modelo educativo basado en competencias y la exaltación del “emprendimiento”, un intento de someter a la escuela a la lógica del mercado laboral, asignándole como misión la formación de trabajadoras y trabajadores adaptables, capaces de ajustar su comportamiento y actitud a las necesidades empresariales.
El “éxito laboral” promovido en este modelo se refuerza con la inclusión en el currículo de la inteligencia emocional, popularizada por Goleman, discípulo de McClelland. Este paradigma educativo parte de la idea de que las competencias no se enseñan, sino que se entrenan, lo que explica el auge del coaching educativo. Si para ello es necesario cambiar el rol, la formación y la evaluación del profesorado, se considera un sacrificio justificado. Estamos, en efecto, ante una auténtica reconversión del sistema educativo.
Algunas enmiendas de la patronal en el Consejo Escolar del Estado proponen implantar el cheque escolar para las familias, una medida que podría parecer novedosa, pero no lo es. En 1955, Milton Friedman -otro insigne de la Escuela de Chicago- publicó un artículo titulado “El papel del gobierno en la educación”, en el cual introdujo la idea del “cheque escolar” o “bono escolar”. En su propuesta, el gobierno financiaría la educación, pero las familias tendrían libertad para elegir entre escuelas públicas o privadas, utilizando estos fondos.
A los nombres mencionados hasta ahora, debemos añadir pedagogos que defienden el Enfoque Competencial, muchos de ellos vinculados a la Universidad Católica de Lovaina. Figuras como Jean-Marie De Ketele, Christiane Bosman, François-Marie Gérard o Xavier Roegiers reconocen la influencia del mundo empresarial y del concepto de empleabilidad.
Otro tema a debatir e imposible de consensuar por parte de nuestro sindicato es la jornada escolar. Esto surge después de que la mayoría de los consejos escolares de los centros decidieran democráticamente abandonar la jornada partida en los últimos años. Desde STEs-i, retomamos una crítica ya expresada: entendemos la jornada partida como una imposición del poder económico para entrenar a la futura clase trabajadora en jornadas laborales interminables, en un contexto donde la conciliación familiar está ausente. En este sentido, si saben contar, que con STEs-i no cuenten.
STES-i presenta Voto particular en las Propuestas de Mejora que favorecen incrementar la financiación de los centros privados sostenidos con fondos públicos.
Las empresas llevan años insistiendo en que la escuela se adapte a sus necesidades, y lamentablemente están logrando su objetivo. Sin embargo, no dejaremos de reivindicar que la educación debe concebirse como la capacidad de pensar y decidir por uno mismo, lo cual requiere un sólido bagaje cultural, adquirido a través de la transmisión de conocimientos.
Estas metodologías que se nos quieren imponer, aunque se presentan como innovadoras —sin serlo realmente—, suelen reforzar principios neoliberales al priorizar el mercado, la competencia y el individualismo sobre la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de los bienes públicos. En este contexto, es imprescindible cuestionar su impacto en la perpetuación de desigualdades estructurales y su contribución al debilitamiento del rol del Estado como garante de derechos. Frente a estas tendencias, defendemos la libertad de cátedra del profesorado, tal como está reconocida y regulada en nuestra Constitución.
