El resultado de las pasadas elecciones municipales y autonómicas ha supuesto un verdadero varapalo para la izquierda en general resultando especialmente afectadas las fuerzas políticas que durante estos años han sustentado al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas-Podemos. La respuesta de estos últimos, con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio, ha creado una situación política que viene marcada por la incertidumbre ante el futuro inmediato a la luz de una polarización social en la que se enfrentan proyectos incompatibles.
Salimos de una legislatura que ha estado marcada por acontecimientos extraordinarios: Pandemia del COVID 19; la erupción del volcán en la isla de La Palma, el estallido de una guerra abierta en Ucrania que ha generado como consecuencia una crisis política, sanitaria, económica y energética. Durante todo este tiempo, hemos visto como las fuerzas contrarias al Gobierno de coalición, no han perdido el tiempo buscando acuerdos que pudieran ofrecer una respuesta “de estado” ante estos acontecimientos sobrevenidos. Por el contrario, desde el campo de la oposición hemos visto un proceso sistemático de rechazo a cualquiera de las propuestas que pudieran venir desde el Gobierno.
La llegada de la extrema derecha al Parlamento ha servido para generar un ambiente de tensión y crispación permanente, empezando por poner en duda la legitimidad del propio Gobierno. Han cuestionado las medidas aplicadas durante la pandemia, rozando los llamamientos a la desobediencia civil. Al mismo tiempo han contribuido a extender discursos de odio (contra inmigrantes y colectivo LGTBI) y negacionistas (contra las vacunas, la existencia de la violencia de género o del cambio climático), cuestionando las políticas de igualdad para las mujeres o las ayudas a colectivos vulnerables.
El partido de la derecha tradicional ha mantenido posiciones similares con el pretexto de no dejar abierto el espacio electoral a la extrema derecha. Su oposición a respetar el funcionamiento democrático de las instituciones ha sido escandalosa al bloquear la renovación de los órganos judiciales con la idea de buscar un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mientras tanto, en el Parlamento, ambos grupos han votado sistemáticamente en contra de las medidas planteadas por el Gobierno como un escudo social frente a la crisis, destinadas a intentar reducir los efectos de la crisis sobre los sectores sociales populares.
El triunfo de este bloque derechista y reaccionario no augura nada bueno para las clases trabajadoras. En unas pocas semanas han llegado a acuerdos y se han repartido las instituciones autonómicas o municipales, anunciando su rechazo a las políticas de género, de recuperación de la memoria histórica, introducción de la censura entre el profesorado con el llamado pin parental, retirando banderas de los balcones institucionales de diferentes movimientos sociales. Todo hace pensar que los derechos adquiridos en las últimas décadas pueden ser puestos en cuestión abriendo paso a un retroceso de muchos años.
Desde la Confederación Intersindical hemos venido denunciando estas actitudes políticas que generan crispación, un deterioro de la convivencia y la ruptura de importantes consensos sociales existentes hasta ahora.
Durante estos años hemos venido advirtiendo a las fuerzas que sostienen el Gobierno de coalición que la movilización popular es una herramienta fundamental para defender las libertades y los logros alcanzados. Hemos denunciado, igualmente, que las medidas adoptadas en defensa de las clases populares, siendo importantes, han sido también insuficientes. Así, señalamos en numerosas ocasiones que el escudo social del que alardea el Gobierno, ha llegado tarde y con medidas insuficientes para poder paliar las nuevas necesidades: precios de los alquileres de viviendas, una reforma de las pensiones que se queda a mitad de camino, salario mínimo vital, medidas contra el paro o defensa de los diferentes sectores públicos, especialmente tras el impacto de la pandemia.
Hemos mantenido una actitud crítica frente a muchas decisiones gubernamentales: la Reforma Laboral es insuficiente y mejorable, la Ley Mordaza se debería haber derogado, la Ley de Vivienda, una necesidad urgente, se ha pospuesto hasta el final de la legislatura; nos hemos pronunciado por el impuesto a las grandes empresas y favorables a una reforma fiscal progresiva. Hemos pedido con insistencia subidas salariales que compensen al alza de los productos básicos provocada por la inflación. Posiblemente, todas estas carencias estén en el origen de la desmovilización de la izquierda y la falta de interés desde los sectores populares para defender unos logros que no coman las aspiraciones y sus necesidades.
Ante la convocatoria de elecciones generales para el mes de julio, desde la Confederación Intersindical queremos señalar que no somos equidistantes. Nuestra decepción ante el Gobierno de coalición no puede ocultar que la alternativa electoral que se perfila en el horizonte puede ser mucho peor, vistas las declaraciones y primeros acuerdos adoptados por el bloque reaccionario. Para detener esta oleada conservadora y neofranquista es necesario despertar y emprender el camino de la movilización. Desde el mundo sindical y del trabajo hasta los diferentes movimientos sociales abanderados del progreso y sensibles ante las desigualdades, tenemos la responsabilidad de movernos para detener su avance.
En este sentido, la movilización electoral es un arma que podemos utilizar. Las fuerzas derechistas son disciplinadas y acudirán a votar. Desde la izquierda también podemos utilizar el voto para frenar la involución. En cualquier caso, no existen atajos y debemos de ser conscientes de que esta opción, siendo importante, no significa nada más que un primer paso para poder recuperar una iniciativa que ahora está en manos de la derecha. Un triunfo de la izquierda es el primer peldaño para construir una alianza amplia dentro del campo popular que ayude a responder desde abajo a las diferentes medidas y provocaciones que, sin duda, tendremos que afrontar en los próximos meses.
Defender las libertades, los derechos adquiridos, los diferentes sectores públicos que aspiran a destruir y privatizar es una ardua tarea para frenar la involución neoliberal y reaccionaria. Para frenar su avance todas las voluntades y todos los votos son necesarios.
Confederación Intersindical | Julio 2023