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STES-i alerta sobre el informe previo
al Estatuto de la Función Pública

Ante la presentación de las conclusiones sobre el nuevo Estatuto Básico del Personal Empleado Público, encargado por el Gobierno a una comisión de expertos, y a falta de un conocimiento más amplio sobre las mismas, desde STEs-Intersindical queremos hacer algunas apreciaciones.

En primer lugar, no pensamos que una legislación que va a afectar a todas las Administraciones Públicas, incluidas las Autonómicas y las Locales, deba definir con demasiada concreción todos los aspectos de las condiciones laborales del personal empleado público, negando la posibilidad de fijar legislación y mejoras en cada uno de los ámbitos.

Nos parece preocupante la propuesta de condicionar la continuidad, en el puesto de trabajo, a los resultados obtenidos. Se está introduciendo así la posibilidad de la movilidad funcional forzosa, contra la que estamos de manera frontal. Tampoco está claro cuál es el tipo de evaluación sobre el trabajo desarrollado y quién la va a realizar. No se habla de control democrático, de participación de personal empleado y de usuarios-as de los servicios en la evaluación global de los mismos.

Este tipo de acciones pueden suponer, en la práctica, un acoso y un control constante, no sobre la dedicación profesional de la persona funcionaria, sino sobre su sometimiento a las presiones políticas de turno. Esto puede ser especialmente grave en unidades administrativas con poco personal y muy sujetas a los vaivenes políticos.

Otro peligro que constatamos es la propuesta de aumentar el porcentaje de conceptos salariales cuya valoración es subjetiva, como la productividad, a cambio de disminuir otros, de carácter objetivo, como la antigüedad. En la práctica el reparto de productividades está sirviendo, en las Administraciones Públicas, para aumentar las diferencias salariales entre unos grupos y otros, independientemente del desarrollo real del trabajo. También se utiliza para premiar o castigar a determinado personal en función de sus buenas relaciones con los órganos directivos. Reiteramos pues nuestra oposición a la existencia de conceptos retributivos, como la productividad, que en muchos casos son abstractos y subjetivos y cuyo reparto pueden dar lugar a situaciones poco claras, arbitrarias e injustas.

Nos parece interesante la idea general de profesionalizar la función pública frente a las dependencias políticas o de grupos corporativos de presión. Asimismo estaremos de acuerdo en la disminución drástica de las interinidades y el empleo precario en las Administraciones Públicas. Se tienen que habilitar formas de acceso y promoción, que tengan en cuenta la experiencia para consolidar el empleo.
Seguiremos atentos a las novedades que se produzcan en torno al futuro Estatuto y nos impondremos, como trabajo fundamental, la información y la recogida de opiniones del personal empleado público para hacerlas llegar a todas aquellas instancias que vayan a tener algo que ver con la elaboración y aprobación del mismo.

Confederación de STEs-intersindical 26-abril-2005


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