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14 de marzo de 2004
La Confederación de STEs-Intersindical ante las elecciones generales

05-03-04

Durante años y en especial en la última legislatura, hemos sufrido en una mayor o menor intensidad el desmantelamiento de las estructuras públicas, el seguidismo – y cómo en éstos últimos cuatro años -el servilismo internacional, la toma de decisiones a espaldas de la sociedad y el oscurantismo, cuando no la mentira o la corrupción como formas de hacer política. Todo esto nos ha llevado al siguiente escenario:

  • Regresión de los derechos y prácticas democráticas, ejemplificada en numerosas decisiones tomadas en contra de la opinión pública, recortando la libertad de expresión y negando la participación ciudadana.
  • Generalización de la mentira o el silencio a la hora de dar explicaciones sobre hechos fundamentales de la vida política y social del Estado Español: catástrofe del Prestige, armas de destrucción masiva en Irak, accidente del Yak con tropas españolas,...
  • Instalación de un discurso agresivo, chulesco, tremendista, del conmigo o contra mí, identificando a cualquier crítico al gobierno como contrario al progreso, a la democracia o, lo que es peor, criminalizándolo.
  • Abandono de la vía diplomática para la resolución de los conflictos internacionales, como es el caso de nuestras relaciones con Marruecos o la Guerra de Irak, unido a la sumisión más completa a los intereses y posiciones del gobierno conservador de Estados Unidos, presidido por G. Bush.
  • Intolerable influencia de los poderes fácticos, especialmente de los más reaccionarios (jerarquía de la iglesia católica, empresas armamentísticas y energéticas, círculos próximos a la CEOE,...) en las decisiones del gobierno.
  • Abandono del diálogo para la resolución de conflictos con las comunidades autónomas, sustituyéndolo por políticas de enfrentamiento y de descalificación sistemática ante cualquier opción distinta a la suya.
  • Utilización partidista de los medios de comunicación públicos, (Urdaci, condenado por falsear información, seguirá dirigiendo los informativos de TVE durante la campaña electoral) que, unida a un control casi total de los medios privados, supone una merma de la libertad de expresión y una devaluación del sistema democrático.
  • Privatización de los servicios públicos, (enseñanza, sanidad, pensiones, RENFE, Correos, Iberia, Telefónica,...) propiciando enriquecimientos inmorales a costa de ellos.
  • Disminución del gasto social que nos sitúa a la cola de la Unión Europea: 20’1% del PIB frente a la media, del 27’3 %, de la UE.
  • Deterioro de la Enseñanza y de la Sanidad Públicas, concentrando en ellas a los sectores con más necesidades y potenciando redes paralelas privadas para atender a aquellos sectores que pueden pagárselo.
  • Dejación de servicios básicos de responsabilidad del Estado (atención a personas mayores, disminuidas físicas, menores en situación de riesgo, inmigrantes, personas sin techo,...) que pasan a ser atendidos por ONGs o Fundaciones subvencionadas, muchas de ellas cercanas al PP, que ponen en práctica el carácter asistencial-caritativo frente a lo que deberían ser políticas de justicia social
  • Un escandaloso número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de género, considerando en la práctica, a estas mujeres víctimas de segunda, sin políticas activas que frenen esta masacre cotidiana, con una justicia y medios de protección a las mujeres lentos e insuficientes, que indican un peso todavía determinante de las ideas retrógradas, en el aparato del estado, respecto al papel de las mujeres en la sociedad.
  • La mayor tasa de empleo precario (31’2 % del total) de la Unión Europea (13’1 % de empleo temporal de media).
  • Aumento de la pobreza, con más de 30.000 personas sin techo y grandes bolsas de exclusión y marginación.
  • Negación de derechos sociales y laborales a las personas extranjeras que ya trabajan aquí, que con las continuas reformas regresivas de las leyes de extranjería, las convierten en mano de obra barata para empresarios sin escrúpulos y potencian los discursos xenófobos.
  • Aumento de la siniestralidad laboral, claramente provocada por las condiciones de precariedad laboral y falta de formación y prevención en temas de salud laboral.
  • Generalización de políticas que flexibilizan las relaciones laborales que conducen al abaratamiento de los despidos, nuevas formas de contratación laboral con disminución de derechos,...
  • Favorecimiento de los sectores más poderosos mediante la disminución del IRPF máximo, el progresivo recorte tributario en los impuestos directos (IRPF, Transmisiones patrimoniales..), que han pasado de ser el 55’92 % del total, en el 96, al 47’37 % en el 2002, el aumento de los impuestos indirectos (combustibles, impuestos municipales, etc.), bonificaciones a las (grandes) empresas, gastos públicos dirigidos, no a mejorar los servicios, sino a contribuir en su privatización y a engordar los beneficios de ciertas empresas: AVE, ordenadores y nuevas tecnologías en centros públicos, planes de pensiones del personal empleado público, grandes infraestructuras del PHN,...
  • Políticas de vivienda caracterizadas por la especulación sobre el suelo que redunda en un encarecimiento de ésta haciéndola inaccesible a un número cada vez mayor de personas, especialmente a jóvenes e inmigrantes.
  • Anulación del derecho a la negociación colectiva en los ámbitos de la función pública e incumplimiento de los acuerdos, lo que provocó una huelga general del sector público y un constante deterioro de las condiciones de trabajo en el sector público: trabajo temporal, contratos a tiempo parcial,...
  • Centralización de la negociación colectiva y, como consecuencia, un mayor alejamiento de los trabajadores y trabajadoras de los centros de decisión en materia laboral y una mayor burocratización de las organizaciones sindicales mayoritarias.

Con este panorama y ante las próximas elecciones generales, desde la Confederación de STEs-Intersindical, instamos a los distintos partidos y organizaciones políticas a que establezcan, como líneas de actuación prioritarias:

  • La recuperación de las libertades democráticas, la transparencia informativa, la participación ciudadana, el talante negociador en los conflictos, tanto internos como externos, y la independencia respecto de la Iglesia y los poderes económicos.
  • La defensa del gasto social y la progresividad fiscal, donde más paguen quienes más tienen y donde todas las personas tengan asegurados los mínimos vitales.
  • El reconocimiento de todas las víctimas, y en especial a aquellas mujeres que sufren el llamado terrorismo doméstico, en todos los ámbitos y la defensa de políticas activas (en educación, servicios sociales, justicia, prevención,...) para acabar con las motivaciones de fondo que las generan.
  • La inmediata puesta en marcha de una política de vivienda que acabe con la actual situación de espiral especulativa y que posibilite, de verdad, su adquisición o alquiler por parte de quienes más lo necesitan
  • La defensa y ampliación de los servicios públicos de calidad y universales, que presten especial atención a los sectores más desfavorecidos, gestionados pública y democráticamente, con empleados y empleadas reconocidos en sus derechos laborales.
  • La consecución de trabajo digno y con derechos para todos y todas . La desaparición del empleo precario, la subida del salario mínimo interprofesional y el reparto del trabajo, con la jornada de 35 horas semanales.

Secretariado Confederal de STEs-Intersindical


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