COMUNICADOS DE PRENSA


Con la colaboración de las centrales sindicales mayoritarias
Hacia el desmantelamiento del sistema público de pensiones

El pasado 7 de octubre fueron ratificadas, por el MAP y los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF, las condiciones para el desarrollo de un plan de pensiones para el personal empleado público de la Administración General del Estado.

Este plan de pensiones es una piedra más contra un sistema público de pensiones que garantice unas retribuciones suficientes para las personas jubiladas.

A fuerza de poner en duda la capacidad del Estado para hacer frente a las pensiones futuras, con el argumento básico del progresivo envejecimiento de la población, se está dando por cierta la inviabilidad del sistema.

Entendemos que desde las empresas aseguradoras y financieras privadas exista interés en mantener la incertidumbre sobre su viabilidad. Alguna se estará frotando las manos con el suculento pastel que le espera. Gestionar y ser depositario de 54’65 millones de euros al año (en pocos años las cifras se dispararían) es todo un negocio.

Lo que es menos entendible es que quien tenía que garantizar un sistema público de pensiones, sea quien divulgue dudas, implícitas y explícitas, sobre su funcionamiento. Aunque esta política de privatizaciones y apoyo a los sectores más poderosos de nuestra sociedad responde perfectamente a su ideario y a las directrices de la OMC.

Aún se entiende menos que sindicatos que dicen defender los Servicios Públicos, contribuyan a su cuestionamiento y desmantelamiento.

Con las nuevas normas que regulan el sistema de jubilaciones, a través de acuerdos entre el Gobierno, CEOE, CC.OO. y UGT, lo que se planteó en su origen, no fue una distribución más justa de los fondos que generan las cotizaciones a la Seguridad Social, más bien al contrario, parece que el objetivo era calcular las pensiones para que haya superávit económico en la cuenta de cotizaciones y, al mismo tiempo, rebajar los aportes (¿?) al sistema por parte de los empresarios.

Por los resultados parece que lo consiguieron. Como es natural, las consecuencias son que sigue habiendo pensiones de subsistencia y muchos colectivos no consiguen tener jubilación, pero para eso están los fondos privados de pensiones.

El círculo se cierra de forma perfecta. Salen ganando los de siempre y perdiendo, por desgracia, también los de siempre.

Por otra parte, se les están otorgando a los fondos de pensiones unas cualidades que en modo alguno responden a la realidad. La sustitución de los sistemas públicos de pensiones, basados en la solidaridad intergeneracional, por los fondos de pensiones, basados en el ahorro personal de quien puede permitírselo, conlleva graves peligros y consecuencias:

-Con los fondos nada se garantiza, como lo demuestran las quiebras de grandes empresas europeas y americanas y, por consiguiente, de sus fondos de pensiones. Por no hablar del caso argentino.

-El valor bursátil de los fondos se está reduciendo en los últimos años, y por lo tanto, se reduce, en vez de aumentar, el valor del ahorro conseguido por una  persona a lo largo de su vida laboral.

-Solamente las personas con sueldos altos pueden permitirse invertir en un fondo de pensiones.

-Los beneficios fiscales a que dan lugar los fondos suponen un mayor déficit público que pone en mayor peligro, si cabe, el sistema público.

-La extensión de estos fondos y la consiguiente disminución en las cotizaciones para el sistema público de pensiones, es lo que puede conducir a la verdadera quiebra de este.

-La cosa es particularmente grave en el caso del fondo de pensiones del personal empleado público, porque no pueden decidir si quieren financiarlo o, por el contrario, quieren utilizar de otra forma este porcentaje del sueldo, por ejemplo para pagar el préstamo hipotecario.

En el Estado Español, el sistema financiero de la Seguridad Social se encuentra fuertemente cuestionado desde el año 1985.

Cuestionar sistemáticamente la viabilidad del sistema de pensiones, supone una agresión grave al sistema. Crea una incertidumbre entre los empleados y empleadas que hace que los incrementos retributivos que debían ir a mejorar las condiciones de vida, vayan a planes de pensiones.

Toni Carrasco, de la Confederación de STEs-intersindical

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