EL CURSO ESCOLAR COMIENZA BAJO EL SIGNO DEL RETROCESO

Si bien la mayoría de las medidas contempladas en la llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación no entrarán todavía en vigor en el presente curso académico, el espíritu reaccionario y claramente privatizador de la LOCE –así como de la Ley de FP y de la LOU- planea ya sobre los centros de enseñanza, toda vez que los decretos de desarrollo que se han ido conociendo han empeorado las previsiones iniciales.

La impopular gestión de Pilar del Castillo, que ha suscitado un frontal rechazo en amplios sectores de la comunidad educativa, prosigue así su curso, sin que las protestas mayoritarias hayan modificado un ápice la filosofía segregadora de un proyecto que desvirtúa el sentido de la educación como derecho esencial. Así, no es sólo el retroceso de décadas que supondrá la imposición de la religión como asignatura –imposición que ya ha sido desestimada en otras ocasiones por el Tribunal Constitucional y que nuestra Confederación recurrirá nuevamente- lo que motivará que desde los STEs sigamos en primera línea de oposición a esta ley; la desaparición de la educación infantil entendida como un periodo de formación integral, la discriminación de las lenguas del Estado distintas al castellano, la omisión del modelo coeducativo, la reducción de la participación de las familias a una pantomima, la introducción de itinerarios que perjudicarán al alumnado más desfavorecido, la pérdida de la oportunidad de convertir los estudios de Magisterio en licenciatura o de modificar el sistema de acceso a la docencia, son otros de los motivos por los que el profesorado –que no percibe ninguna medida, más allá de concesiones corporativas, que suponga un avance real- continuará movilizándose contra la misma.

Con todo, y al margen de las medidas concretas, para la Confederación de STEs lo más grave de este proceso es, por un lado, el desprecio al diálogo y la negociación con las organizaciones representativas que ha demostrado el Gobierno; y por otro, la evidente sintonía de la ley con un proyecto general de privatización de servicios y derechos públicos que pretende una valoración “a la baja” de los centros públicos de enseñanza.

Madrid, 5 de septiembre de 2003

SECRETARIADO CONFEDERAL DE STEs