La imposición de la Religión y el fin de la gestión democrática en los centros educativos

Gracias al gobierno del PP todo el alumnado, desde los seis años y, al menos, hasta los 18, estará obligado a estudiar y examinarse de la asignatura de Religión como si se tratara de otras asignaturas.

La oración, con Dios me acuesto y con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo, propia de los tiempos de la dictadura y de un Estado confesional, va a ser patrimonio nuevamente de éstas y futuras generaciones.

Da lo mismo que en las aulas convivan inmigrantes con canarios, creyentes con ateos, que se confíe en la existencia de un dios, de varios o muchos. La multiculturalidad, la riqueza de la diversidad, del colorido, se elimina desde la arrogancia y el desprecio. El único hecho religioso que interesa al PP es el de la Iglesia Católica.

No se proporcionan medios para que el alumnado adquiera conocimientos sobre las diversas confesiones religiosas, concepciones filosóficas, para que las confronte.

No se educa desde la libertad.

Es una intromisión en la intimidad de la persona.

Es un atentado a los derechos consagrados en la propia Constitución.

La asignatura queda en manos de la Iglesia Católica, el profesorado es contratado por el Episcopado, pero la financiación corre a cargo del erario público.

Gracias al gobierno del PP los Consejos Escolares no serán órganos decisorios, sino meramente consultivos, saliendo la democracia de los centros educativos.

En los estudios realizados por expertos europeos sobre el fracaso escolar se señala el entorno del alumnado como factor primordial que incide en dicho fracaso.

De los diversos diagnósticos se desprende la necesidad de fortalecer los vínculos de los padres, de las madres, tutores, con la  escuela.

La participación de la familia en los Consejos Escolares es además un derecho elemental y su desaparición viola los principios y valores democráticos.

Con la Ley de Calidad el director se elegirá a dedo por la Administración y será el representante de ésta y no de la comunidad escolar.

Se le atribuyen competencias que antes estaban encomendadas a los Consejos Escolares.

Añadir que los catedráticos serán un cuerpo privilegiado y que los maestros del primer ciclo son vetados para acceder a la dirección.

A partir del curso 2003/ 2004 finaliza la gestión democrática de los centros y empieza una nueva etapa autoritaria, jerárquica. Para los padres, para el profesorado, para el alumnado.

Corren malos tiempos para la enseñanza pública.

La Ley de Calidad empieza a mostrar su verdadero rostro, confirmando, ya cruelmente, sin tapujos, la implantación de un modelo educativo regresivo, discriminatorio y antidemocrático.

Madrid, 25 de junio de 2003

Silvia Rodríguez Court, del Secretariado Insular de STEC-Intersindical Canaria