MOVILIZARSE PARA SALVAR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

La política neoliberal que el PP está desarrollando en el terreno educativo se que se concreta en tres leyes, la LOU y la Ley de FP, ya aprobadas, y la mal llamada "ley de calidad", aspiran a poner la enseñanza y el dinero de los Presupuestos Generales del Estado y de cada Comunidad al servicio de las empresas de enseñanza, dentro de una política general de privatización de los servicios públicos, política que pasa por deteriorarlos primero y privatizarlos después.

El MEC plantea un cambio en profundidad del sistema educativo, utilizando como aval interpretaciones sesgadas de informes comparativos de sistemas educativos e instrumentalizando el malestar del profesorado, haciendo recaer sobre el modelo comprensivo la responsabilidad exclusiva de los males educativos de este país; males a los que durante los seis años que lleva gestionando la política educativa no sólo no ha querido poner remedio, sino que ha contribuido a agravar disminuyendo los recursos, pues se ha pasado de invertir el 4'9% del PIB en el año 1993 al 4'5% en el 1.998, cifra que se mantiene actualmente; esta disminución de 0'4 puntos supone que se dedican a la enseñanza tres mil millones de euros menos cada año y, mientras tanto, van aumentando las subvenciones a la enseñanza privada.

1.El trasvase de alumnado a la enseñanza privada como objetivo. Los centros educativos podrán impartir los itinerarios que quieran, podrán especializarse en itinerarios, "especialización curricular de centros", lo llama el MEC; pero, claro, habrá que ofertar todos los itinerarios posibles en función del alumnado existente en cada localidad. Ante esto nos podemos preguntar ¿quién se especializará en el itinerario que conduce al Bachillerato?, ¿quién ofertará los itinerarios peores?; y nos podemos contestar: está claro, la enseñanza privada, en virtud de la "libertad de enseñanza", ofertará los itinerarios que quiera y la enseñanza pública, que debe atender a todo el alumnado, deberá ofertar todos los itinerarios posibles.Los centros podrán admitir al alumnado en función de las notas; pero ¿dónde irá el alumnado que se cambie de centro o llegue a una localidad?, si tiene buenas notas podrá ir a cualquier centro, pero si tiene malas notas seguro que no es admitido en un centro privado. Estas dos medidas tienen un objetivo claro: trasvasar al alumnado de la enseñanza pública a la enseñanza privada concertada, enseñanza que, si estas propuestas se convierten en ley, seleccionará, legalmente desde ese momento, a su alumnado y verá como éste aumenta en el itinerario que lleva al Bachillerato, mientras que en la enseñanza pública habrá que impartir también el resto de itinerarios y disminuirá el alumnado.

2.La segregación como solución. La segregación del alumnado en itinerarios no solucionará los problemas sino que los acrecentará y concentrará en determinados grupos, itinerarios y centros públicos, pues los privados se "desprenderán" del alumnado problemático. La segregación traerá más problemas y conflictos a los centros y dificultará, cuando no impedirá, el trabajo del profesorado. Los países de la OCDE que tienen sistemas comprensivos (Finlandia, Japón, Corea, Reino Unido...) logran un elevado nivel educativo global, según el informe Pisa; por el contrario, los sistemas educativos segregadores (como el alemán) no aumentan los niveles. En España, con un sistema que es comprensivo sólo en el papel, no se consiguen los niveles de los países con este tipo de sistemas por tener un sistema educativo rígido y uniforme, que carece de los recursos humanos y económicos necesarios para atender a la hetereogenidad del alumnado.

3.Las subvenciones a centros. El gobierno del PP, sin aumentar los presupuestos, quiere hacer obligatoria la financiación de la Ed. Infantil en todas las comunidades, aspecto que rechazamos de manera absoluta pues es una etapa no obligatoria; por la misma razón rechazamos que se puedan concertar o subvencionar estudios de FP y de Bachillerato. Es necesario que el dinero público se dedique a la escuela pública para su mejora.

4.El profesorado marginado. Del profesorado se habla poco en este proyecto de ley. No se reconoce que el trabajo en las aulas se ha venido complicando un poco más cada día con la aplicación de la reforma educativa y la administración no ha tomado las medidas adecuadas para solventar estas complicaciones y hacer que la enseñanza mejore. No se plantea la titulación de Licenciatura para todo el profesorado, ni como se puede hacer la movilidad entre todas las enseñanzas, posibilitando el paso a la universidad. Se habla más de hacer la evaluación del profesorado que de como mejorar su deficiente formación continua. Se pretende jerarquizar al profesorado, restaurando los viejos cuerpos de catedráticos y directores, reduciendo la autonomía real de los centros educativos y pasando al Claustro a órgano de consulta cuando ahora es órgano de gestión y gobierno. El profesorado de Bachillerato verá como la administración educativa no se fía de sus calificaciones e implanta una reválida, infravalorando su trabajo. El MEC habla, en definitiva, de motivar al profesorado, pero las medidas que se proponen son ridículas tienden a jerarquizarlo e infravalorarlo.

5. Calidad para pocos es privilegio.. El profesorado y el resto de la ciudadanía que defiende la enseñanza pública, como enseñanza democrática e igualitaria y de calidad para todos y todas, no puede permanecer al margen de la lucha en la que estamos, tiene que movilizarse, pues su contribución es necesaria para salvar la enseñanza pública, para impedir que se llegue a lo que el PP la quiere llevar, a que sea subsidiaria de la enseñanza privada. El profesorado sabe que calidad para unos pocos es privilegio, y sabe que la enseñanza pública es la única que puede garantizar que la calidad sea para todos. Por, como mínimo, estos cinco razonamientos, el profesorado debe movilizarse, expresar su rechazo a la mal llamada "ley de calidad" y decir a la Sra. Ministra que no queremos esta ley pues sabemos que no servirá para arreglar los problemas que tiene el sistema educativo.

Madrid, 30 de septiembre de 2002

Fdo.: Augusto Serrano, del Secretariado de la Confederación de STEs