LEY DE CALIDAD DEL PP: SE CUMPLEN LOS PEORES PRONÓSTICOS

Una vez presentado el borrador de la mal llamada Ley de Calidad al Consejo de Ministros por parte de Pilar del Castillo, desde la Confederación de STEs nos ratificamos en el análisis que hemos ido dando a conocer durante todo este proceso, ya que las novedades incluidas con respecto al documento de bases no hacen sino empeorar lo que era de por sí difícilmente empeorable. El Ministerio de Educación ha elaborado este proyecto al margen de las organizaciones que representan los intereses generales de la comunidad educativa, y no ha tenido en cuenta ninguna aportación en la ronda de conversaciones entablada, que no ha sido sino una mascarada para aparentar un diálogo que sólo se ha dado con las patronales de la enseñanza y determinadas asociaciones corporativistas.

Con este borrador, el Gobierno completa el círculo de la contrarreforma privatizadora iniciada con la LOU, proseguida con la Ley de FP –con la complicidad de las grandes centrales sindicales y partidos políticos- y culminada con este proyecto de ley que situará a nuestro sistema educativo en la primera línea de la UE en cuanto a su carácter regresivo y segregador. Precisamente cuando en Alemania –país pionero en la implantación de itinerarios como los que ahora plantea el Ministerio- se han disparado todas las señales de alarma por los pésimos resultados de sus estudiantes, puestos de manifiesto en el Informe PISA de la OCDE, nuestra ministra pretende descubrir la pólvora con soluciones ya desechadas por obsoletas y contraproducentes para la administración de un derecho básico como es la educación.

 La introducción de esos itinerarios que condicionarán el futuro del alumnado en función de sus condiciones socioeconómicas y de otros obstáculos como la reválida o la modificación en el sistema de repeticiones; la incorporación de elementos que fomentarán la competitividad entre centros –que se ha demostrado nociva según demuestra el citado informe PISA- en perjuicio del sistema público o el recorte drástico de las atribuciones y participación de la comunidad educativa a través de los consejos escolares son aspectos ampliamente criticados sobre los que el Ministerio ha hecho oídos sordos.

Para Pilar del Castillo las soluciones que demanda el profesorado parece que se resolverán no con la dotación de recursos o la mejora en la formación sino con una categorización que pasa por la resurrección de privilegios para unos pocos y acabará con la necesaria cohesión en los centros; asimismo, se desecha una oportunidad histórica para atender la unánime petición de licenciatura para los estudios de Magisterio o de cambio en el sistema de acceso. También a la contra de todos los modelos educativos de nuestro entorno, el Gobierno se empeña no sólo en mantener la asignatura de Religión en las aulas, sino de penalizar al alumnado que no desee cursar esta acientífica materia, con una “alternativa” evaluable, a sabiendas de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto.

El anuncio de la concertación en una etapa no obligatoria como la Infantil –cuyo carácter será ahora asistencial, no educativo- resume, en fin, el propósito privatizador de un Gobierno que ha ido reduciendo paulatinamente los presupuestos educativos y que va a trasladar su concepto elitista de la sociedad a unas aulas transformadas en escuela de entrenamiento para las desigualdades del mercado laboral.                                                                          

Madrid, 10 de mayo de 2002

Fdo.: Justo L.Cirugeda, del Secretariado de la Confederación de STEs