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La Confederación STEs-I rechaza la vuelta al pasado que el PP propone y demanda del ministro una mayor claridad en sus propuestas.

El ministro Ángel Gabilondo hace gala de un optimismo periódico, respecto a la viabilidad de su más emblemático objetivo personal, el pacto por la educación, mientras que sus principales interlocutores, el PP y sus aliados naturales en la sociedad, se afanan en demostrar cuan distantes están de la política educativa del PSOE.

El ministro ha puesto siempre sobre la mesa que una de los objetivos principales de su anhelado pacto es la estabilidad normativa: no más cambios de leyes. Que se asienten, con los medios adecuados y pactados a largo plazo, las ya existentes. Buena parte de las organizaciones y personas que han recogido el guante lanzado por el ministro, están de acuerdo con él en este punto, especialmente el profesorado, que suele mostrar su hartazgo por tanto cambio normativo en cuanto tiene la menor ocasión.

El PP, en cambio, quiere reducir la ESO para ampliar un año el bachillerato, aunque mantiene la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Por tanto, la enseñanza comprensiva, el tronco formativo común, llegaría hasta los 15. Y a partir de aquí, tres años de bachillerato para quienes tengan como objetivo, y puedan por sus calificaciones, ingresar en la Universidad, o la Formación Profesional, para los alumnos con más problemas, con un año de obligatoriedad, para comprobar si es posible que quieran seguir estudiando y aprender una profesión.

Mientras el ministro está pensando en prolongar la obligatoriedad hasta los 18 años, el PP quiere volver a los años ochenta del pasado siglo: a sancionar los resultados académicos obtenidos por el alumnado cuanto antes, para empezar con la doble vía lo más pronto posible. Menos alumnos en bachiller, más en una FP pensada para los de siempre, para quienes no pueden hacer otra cosa y, por tanto, en las antípodas de poder devenir un tramo con la misma calidad que el reservado para los futuros titulados universitarios. Sin embargo, los populares conservarían las pasarelas para que el alumnado que esté en FP pueda volver al bachillerato. Una formalidad para aliviar, por la vía de las excepciones, el determinismo social que sustenta sus ideas: los mejores se abren paso y los que carecen de voluntad no deben entorpecer su progreso.

El PP, además, anda muy ocupado agitando la cuestión lingüística: a su sempiterna oposición a que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, aunque el castellano se aprenda tan bien como en Valladolid (con recurso de anticonstitucionalidad incluido), han abierto ahora un conflicto de graves proporciones en Galicia, a pesar de que, como reconoce el Secretario General de Política Lingüística de la Xunta, “Ahora no hay ningún problema con las lenguas en las aulas”.

Pues bien: si el pacto educativo tiene que descansar sobre un acuerdo en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación, donde el gobierno central y los de las Comunidades Autónomas deben, aunque casi nunca saben, ponerse de acuerdo para la gobernanza de la educación, de acuerdo con el reparto de competencias asumido por uno y otros, los hechos no acompañan tal pretensión.

La discreción con que hay que ejercer la política en muchas ocasiones, no debe empañar la verdad. Los ciudadanos y ciudadanas conocemos del pacto lo que tanto el ministro como los dirigentes del PP nos quieren decir a través de los medios de comunicación. De sus mensajes, cada vez más abundantes y prolijos, no se puede colegir que estemos en vísperas de llegar a un acuerdo, menos a un pacto que transcienda la actual legislatura. Al contrario, se están reproduciendo los mismos debates de los últimos 20 años, con idéntica brecha entre unas posiciones y otras.

Algo no es como nos dicen.

19-01-10

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