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EL POZO DE LA JUSTICIA

Para entender la situación actual de la justicia es preciso hacer un repaso de lo ocurrido durante las tres últimas décadas. El primer Libro Blanco de la Justicia fue presentado en julio de 1981 por el entonces Presidente del Consejo General del Poder Judicial D. Federico Carlos Sainz de Robles, siendo ministro Francisco Fernández Ordoñez. En él ya se abordaban “los crónicos problemas de organización y de funcionamiento de la administración judicial española”. Se pretendía “poner fin a una política de medidas parciales que sólo son parches de discutible eficacia, y plantear y resolver los problemas de la Administración de Justicia con una óptica general y exhaustiva, desde el estado de las leyes procesales o la duración y costes del proceso hasta el estado de la oficina judicial”. Los objetivos de la reforma que se pretendía se centraban en tres grandes apartados: demarcación judicial, medios personales y materiales de la justicia e instrumentación normativa.

Sin embargo, son prácticamente inexistentes las iniciativas emprendidas para acometer estas reformas y el informe de 1981 pronto cae en el olvido. Más tarde, en 1997, época de la ministra Mariscal de Grande, el recientemente renovado Consejo General del Poder Judicial elaboraba un nuevo Libro Blanco de la Justicia que recogía el estado de la Administración de Justicia en ese momento, la consecuencia de los problemas estructurales, funcionales y organizativos de la misma, y la necesidad de abordar una reforma en profundidad.

El objetivo de este segundo informe era el de “localizar y definir problemas y situaciones disfuncionales en la Administración de Justicia, y a la vista de ellas, elaborar las oportunas propuestas de solución o, en su caso mejora, y proponer a los correspondientes poderes públicos vías de actuación que pudieran contribuir a un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia”. Se establecía así, a la vez, un análisis de la Justicia en la España de entonces, una lista de propuestas y soluciones y, en lo que atañe a las competencias del propio Consejo General del Poder Judicial, un programa para su actividad a lo largo de su mandato.

Como era de esperar, se sucedieron una serie de debates en el seno de las Instituciones y Organizaciones vinculadas a la Administración de Justicia, colegios profesionales, juristas, asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y representantes de los trabajadores, que alertaron bien de la falta de recursos disponibles, o discrepaban de las soluciones propuestas o valoraban las omisiones, voluntarias o no, en los planteamientos del propio Libro Blanco. Como muestra, el Informe presentado en 1999 por la Asociación Profesional de la Magistratura a la iniciativa parlamentaria de Proposición no de Ley sobre Medidas para afrontar la reforma de la justicia. El informe de la asociación, mayoritaria en el ámbito de la judicatura, dirige sus objetivos principalmente a la restauración del prestigio del Poder Judicial, el sistema de elección de los Vocales del CGPJ y critica diversas omisiones en el Libro Blanco sobre la situación de la Audiencia Nacional y de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, la incidencia del Jurado, la jurisdicción militar y el Estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo. La omisión de estas cuestiones les permite concluir entonces que el Libro Blanco “no cambiará la Justicia española”.

No obstante, y a pesar de la reticencia de algunos sectores implicados, se ponen en marcha una serie de medidas que afectan al funcionamiento de diferentes servicios esenciales. En abril de 2001, el Servicio de Inspección del Consejo General hace balance de la ejecución del Libro Blanco, sobre los métodos y las visitas de inspección, alardes, seguimientos, planes de urgencia, informes de gestión y progreso, la conexión informática o la estadística judicial, y se realizan diversos estudios temáticos sobre la situación de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, los Depósitos Judiciales, los Servicios Comunes, la Planta Judicial, la Violencia doméstica, la incidencia de las modificaciones legales, las Unidades de Atención al Ciudadano, etc..

Con Ángel Acebes como ministro, el Pacto de Estado para la Justicia, suscrito por los principales partidos el 28 de mayo de 2001, señala las líneas básicas de actuación en esta materia: la modernización de la oficina judicial, la reforma del proceso penal y la financiación de la justicia, pero las iniciativas desarrolladas no sólo carecen de eficacia, sino que encuentran los mismos problemas estructurales y organizativos que se mantienen hasta la actualidad. Luego vendrían José Mª Michavila (2002-2004), López Aguilar (2004-2007) y el actual Fernández Bermejo, los cuales en sus distintas etapas al frente del Ministerio de Justicia, no han sido capaces de poner en marcha las reformas necesarias y si bien es cierto que el aumento de la inversión realizada ha sido considerable en los últimos años, ésta ha caído en un pozo sin fondo.

Porque como ya se decía en 1981, los parches no son la solución y la situación se agrava con el tiempo. En el debate de hoy, vuelven a reproducirse los planteamientos del pasado y hay quien parece añorar épocas anteriores y prefiere volver a fórmulas pasadas. Criticar las reformas estatutarias en lo referente a la justicia no deja de ser un mero posicionamiento político, que nada tiene que ver con el funcionamiento de la administración y su gestión. Decir que las técnicas de organización de la Administración Pública pueden ser un serio peligro para la independencia judicial es confundir el ámbito de actuación de los jueces con la gestión del inmensurable volumen de información que se genera en la administración de justicia. En la época de la sociedad de la información y del conocimiento, ciertos mensajes con tufillo a rancio son un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, tanto profesionales como usuarios.

El actual ministro de Justicia, a la vista del informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial sobre la situación de las ejecutorias penales, acaba de anunciar una batería de propuestas para modernizar la Justicia y cita como medidas a corto plazo la dotación de un secretario judicial a todos los juzgados de Ejecutorias que sean necesarios, así como adelantar la puesta en marcha de algunos juzgados penales previstos para 2008. Bermejo, que rechaza referirse a la situación de la Justicia con términos como "colapso" o "caos", admite el "mal endémico y atraso con muchos años de antigüedad" de la Administración de Justicia. Pero por muchos juzgados que se creen, por mucho que se incrementen las plantillas, por mucha inversión que se produzca, volveremos a lanzar estos recursos, año tras año, al mismo pozo.

Es precisa e inaplazable una reforma profunda. La justicia ha de basarse en un sistema en el que las actuaciones judiciales no se centren en el número del expediente sino en el justiciable. Por establecer un símil, imagínense que los pensionistas de este país percibieran tantas pagas como cotizaciones a la Seguridad Social haya realizado en cada una de las empresas en las que haya trabajado a lo largo de su vida laboral. Así es como funciona el sistema judicial desde hace cientos de años, en compartimentos estancos y aislados.

También es necesaria la revisión de las funciones de los secretarios judiciales y de los procuradores en los tiempos actuales y apostar decididamente por el uso de las nuevas tecnologías, redefinir el papel del ministerio fiscal en el proceso penal, la mejora y optimización de las comunicaciones es la base de todo el entramado judicial. ¿Alguien se imagina a miles de funcionarios cada día escribiendo a mano la correspondencia que se genera en los juzgados y tribunales de este país?. ¿Parece lógico que miles de funcionarios licenciados en derecho ocupen gran parte de su tiempo en recoger las actas de los juicios en las vistas orales?. ¿También es necesario ser licenciado en derecho para trasladar los escritos del despacho del abogado a los órganos judiciales y viceversa?. Estos son ejemplos de cómo se trabaja en realidad y así se perpetúa un sistema que no funciona ni funcionará jamás.

El gobierno tiene la obligación y la oportunidad de afrontar una reforma largo tiempo aplazada. Nadie puede en estos momentos poner obstáculos bajo pena de quedar en evidencia. Nadie puede frenar un proceso con el único fin de mantener cierto estatus o privilegio histórico. Nadie puede mirar hacia otro lado y desoír la demanda de una justicia ágil y eficaz. Los pilares del estado de derecho son tanto el reconocimiento a la legalidad y a las instituciones como la respuesta de éstas a la sociedad. Y en este punto, la balanza no está equilibrada en absoluto. Eso sí, a estas alturas esperamos que a nadie se le ocurra volver a redactar otro Libro Blanco. Seria el colmo de la incompetencia.

Josep A. Bomboí
Sector Justicia - INTERSINDICAL VALENCIANA

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