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Sentencia 28/08 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla:
“falta de coacciones” y “delito de desorden público”
Insultar o agredir a un docente ya no sale gratis

Semanas atrás asistimos a un hecho intolerable en uno de los colegios de la ciudad: un padre a cuyo hijo se le negó la entrada a clase en cumplimiento de la normativa interna por sus retrasos reiterados “irrumpió en el colegio gritando, vociferando e insultando… y alteró el orden de centro, asustando a los menores” (Sentencia 28/08 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla).

La semana pasada pudimos asistir a la consecuencia natural de estos sucesos, un hecho que, aunque también desagradable, es tan justo como obligado y absolutamente necesario: la condena en primera instancia del padre en cuestión a sendas multas de 20 días y siete meses por una "falta de coacciones" a la maestra y un "delito de desorden público" respectivamente, así como a "privación de acudir al centro docente durante un año", por lo sucedido en el colegio.

La percepción excesivamente generalizada del centro educativo como un mero espacio donde dejar a los niños y niñas durante nuestro horario laboral, la consideración demasiado extendida del maestro como un funcionario al servicio de los intereses de los padres y no de sus hijos han contribuido en gran medida a que, sin llegar al extremo que nos ocupa, toda la responsabilidad casi siempre se haga recaer en el profesor, de manera que abundan las presiones sobre el maestro cuando se llega tarde a la entrada, cuando un alumno insulta o en un abrir y cerrar de ojos araña a otro, cuando... Exigimos al maestro que evite situaciones que, como padres, calificamos de inevitables y somos incapaces de evitar –porque efectivamente lo son.

Si no se nos ocurre insultar o agredir a un policía cuando nos obliga a cumplir la ley, si no concebimos que se pueda insultar o agredir a un juez cuando nos recrimina el incumplimiento de la ley, si acatamos con cívico comportamiento los razonamientos legales de un funcionario ¿por qué no se acepta como normal y razonable que se nos recrimine el incumplimiento de las normas de los centros educativos y se nos obligue a acatarlas?

Se hace, pues, más necesario que nunca que la sociedad tome conciencia del lugar que ocupan tanto los centros educativos como el personal que en ellos desarrolla su trabajo. Así, independientemente del “servicio social” que la escuela pueda prestar a las familias, no debemos olvidar su condición de centros educativos y no meros "aparcaniños", donde, por tanto, no se pueden ni se deben tolerar determinadas actitudes, ni que estos centros, para su correcto funcionamiento y en beneficio de todo su alumnado, se rigen por unas normas internas de funcionamiento de obligado cumplimiento para toda la comunidad escolar, incluidos los padres.

Una concienciación en este sentido por parte de todos contribuirá a un mejor funcionamiento de los centros y resultará beneficioso para nuestros hijos e hijas, el alumnado. En tanto no sea así, no queda otro remedio que plantar cara a actitudes que bajo ningún concepto vamos a tolerar en nuestros centros educativos, por el bien de éstos y por la propia dignidad de quienes en ellos trabajamos. Y, si siempre nos han asistido la razón y la justicia, ahora también lo hace la ley: agredir a un maestro ya no sale gratis.

Melilla, 18 de febrero de 2008
El Secretariado de SATE-STEs

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