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Apoyo de STES-intersindical a la huelga del día 14 en Catalunya

No a la nueva Ley de Educación de Catalunya

Desde STES-intersindical hacemos esta valoración al documento de bases en el que la Consejería de Educación pretende que se fundamente la Ley de Educación de Catalunya desde el reconocimiento del derecho que el Parlamento de Catalunya tiene de dictar y aplicar su propia ley educativa, como el resto de territorios del Estado.

Desde el mes de noviembre pasado el consejero Maragall (del PSC-PSOE) está presentando, a través de los medios de comunicación y en varias conferencias en Catalunya, un documento de bases por una Ley de Educación Catalana (LEC). Pero el consejero está escondiendo, en esta presentación, aspectos fundamentales del documento que son básicos por comprender realmente los objetivos que quieren conseguir.

La Ley no sólo no persigue acabar con el fracaso escolar, tal y como quieren hacer creer a la ciudadanía, sino que, paradójicamente, contiene elementos que agravarán la situación de fracaso actual.

Objetivo de la Ley: abrir el camino hacia la privatización de la enseñanza pública

La Ley abre la vía para que entidades privadas puedan gestionar los centros públicos. Un hecho que tendrá consecuencias graves tanto para las familias como para los trabajadores y trabajadoras de los centros públicos. Todo el mundo sabe que cuando un servicio público se privatiza, (tal y como está pasando con la sanidad) los resultados son siempre los mismos: un peor servicio para los usuarios y unas peores condiciones de trabajo (precarización) para los trabajadores y trabajadoras. Y es que es imposible la existencia de una gestión privada que no priorice el beneficio económico.

No hay nada nuevo: se trata de hacer negocio privado con dinero público. Esta nueva vía ya se ha aplicado en otros países (EEUU, Gran Bretaña, Chile) con resultados nefastos: no solamente no se ha mejorado la calidad de la educación, sino que se ha aumentado la desigualdad.

Además de abrir esta vía, la Ley también hace una clara apuesta por los centros privados concertados, estimulando una oferta que derivará más dinero público hacia centros gestionados por patronales privadas (la mayoría religiosas).

Una gestión autoritaria

Se pretende reforzar la autoridad y las funciones de las direcciones para que puedan tomar decisiones en la gestión de los centros al margen del profesorado, de las AMPAs y de los consejos escolares. Es evidente que una gestión en que las direcciones hagan funciones propias de la patronal, supondrá ir hacia un modelo de gestión autoritaria que eliminará la participación y la capacidad de decisión de la comunidad educativa en la gestión de los centros y dificultará el trabajo en equipo que es, precisamente, la mejor garantía del buen funcionamiento de un centro educativo. Caminar hacia este sistema exigirá unos cambios en la estructura actual de los centros públicos, que acabarán definitivamente con su gestión democrática.

Enmascarando los objetivos

Con la excusa de obtener unos resultados pedagógicos mejores, la LEC prevé algunas medidas absolutamente rechazable, como por ejemplo que las direcciones de los centros seleccionen al profesorado. Una medida que pretende cargar la responsabilidad del fracaso escolar únicamente sobre el profesorado y que, además, es la que se aplica en los centros privados y no ha demostrado ninguna mejora en los resultados. Y es que los resultados escolares, tal y como dicen todos los informes, dependen mucho más de otras factores que el consejero pretende obviar: la realidad social y económica del entorno del alumnado que fracasa y la falta de inversión en enseñanza pública catalana.

Cada centro podrá establecer su currículum

La variedad entre la oferta educativa de los centros públicos aumentará y, de rebote, se consolidará la desigualdad entre los centros. La educación es un derecho para todo el mundo y no una mercancía que se pueda comprar en función del dinero que se tenga. La responsabilidad de la Administración Pública es asegurar que este derecho lo puedan disfrutar toda la ciudadanía, con independencia su condición económica, social o de cualquier otro tipo. Sólo de esta manera la educación puede cumplir una de sus funciones primordiales: la de contribuir a compensar las diferencias sociales de origen y, en consecuencia, garantizar una verdadera igualdad de oportunidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Posibilidad que los centros se autofinancien

Las bases de la Ley no dicen nada de aumentar la inversión pública para la educación y pretenden que los centros se puedan buscar vías de autofinanciación, lo cual dará lugar también además diferencias, puesto que dependerá de las posibilidades que tenga cada centro por conseguir más financiación: barrio dónde esté sito, tipo de instalaciones, posibilidad de los padres y madres de pagar cuotas, etc.

En STES pensamos que es la Administración Pública quien tiene que asegurar la financiación necesaria para todos los centros públicos y, para hacerlo, hace falta aumentar los presupuestos destinados a educación y poner más recursos, humanos y materiales, en aquellos centros que escolaricen al alumnado con más dificultades.

Se propone, también, una evaluación externa de los centros que permita establecer un ranking en función de los resultados escolares. Una evaluación que servirá por dotar de más recursos quienes mejores resultados obtengan y no quienes tengan más necesidades. Estos son los elementos que el consejero esconde y trata de enmascarar cuando expone su modelo de autonomía de centro ante de los medios de comunicación y en las diferentes conferencias públicas.

El profesorado de la enseñanza pública de Catalunya irá a la huelga el día 14 de febrero para conseguir la retirada de estas bases, para oponerse a la privatización de la enseñanza pública y para defender sus condiciones de trabajo. En este momento, la defensa de una enseñanza pública de calidad está íntimamente ligada a la defensa de nuestras condiciones laborales y estas dos cuestiones constituyen la base fundamental de la convocatoria de huelga, que el conjunto de los STES del Estado apoyamos totalmente.

Las bases que proponemos para la Ley de Educación de Catalunya

A partir de las consideraciones anteriores y desde el convencimiento que hace falta mejorar nuestro sistema educativo, USTEC-STEs propone unas bases nuevas para una nueva Ley que posibilite levantar un sistema educativo público, catalán, laico, coeducativo, gratuito, democrático, plural, integrador, científico, humanista y de calidad, y que contemple:

1. Una garantía de igualdad de condiciones reales de la enseñanza para todo el mundo, al margen de la procedencia, cultura, clase social y sexo.

2. Una educación que permita paliar las desiguales condiciones en qué se incorpora el alumnado a nuestro sistema educativo, y que ofrezca una verdadera igualdad de oportunidades.

3. Un aumento de los presupuestos dedicados a educación que llegue al 6% del PIB, como mínimo.

4. Una prioridad de recursos para los centros públicos.

5. Una ampliación de la red pública de 0-3 años y de la formación de personas adultas.

6. Un sistema educativo que elimine la competencia desleal de los centros privados concertados que, de una parte seleccionan el alumnado y por la otra disfrutan de una doble financiación (público y privado).

7. Una reducción drástica del número de alumnos por aula, sobre todo en los centros que escolarizan el alumnado con más dificultades sociales, culturales, económicas o de cualquier otro tipo.

8. Recursos humanos, materiales y pedagógicos por poder atender la diversidad y tener tiempo suficiente para una buena acción tutorial.

9. Aumento sustancial del profesorado de las aulas de acogida, por tal que el alumnado pueda permanecer el tiempo necesario por integrarse a las aulas normales en condiciones.

10. Direcciones democráticas, que faciliten el trabajo en equipo y la participación del profesorado en la elaboración de las estrategias educativas.

11. Una autonomía de centro diferente a la planteada, que dé más recursos a los centros que más lo necesitan, que promueva currículums no diferenciados, que no estratifique el profesorado y que no promueva la competitividad entre los centros.

12.Una revisión de los currículums y de los libros de texto. Una Ley que no devalúe los currículums: todo el alumnado debe tener la posibilidad de acceder a una formación de calidad también en los contenidos curriculares.

13. Una Ley que trate a la vez las enseñanzas instructivas con la educación en valores y con las garantías necesarias porque el profesorado pueda realizar esta tarea en condiciones de libertad. Una educación laica, intercultural y coeducativa, que promueva el respeto y asegure la prevención contra la violencia de género y el racismo.

14. Que ponga los recursos por poder facilitar la coordinación entre los centros de primaria y de secundaria.

15. Un modelo de evaluación del profesorado no punitivo y desligado de las retribuciones, basado en la reflexión colectiva que permita detectar las carencias del proceso educativo en los centros y que debe venir acompañado de un compromiso explícito de la Administración por solucionar estas carencias.

16. Una Ley que regule las funciones del profesorado con las compensaciones necesarias y con las garantías de cobertura de responsabilidad civil correspondientes.

17. Una mejora en la formación, inicial y continua, que se ofrece al profesorado.
18. Un sistema de acceso más racional y ligado a la tarea que debe llevar a término el profesorado. 19. Un reconocimiento social y económico del profesorado, con una mejora significativa de sus condiciones de trabajo.

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