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STES-I considera inviable objetar Educación para la ciudadanía y pide que se sancione a los centros que la potencien

El inicio de curso viene marcado por el interesado debate sobre la posibilidad de objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, cuyo estruendo mediático oculta lo que debería ser la auténtica preocupación de fondo: el por qué se sigue permitiendo en un Estado aconfesional que la religión católica se siga impartiendo en todos los centros educativos en horario escolar y se discrimine al alumnado que opta por no dar religión.

Los STES-i consideramos inviable la objeción a una materia oficial, que ha sido introducida en el currículo escolar con el respaldo de la mayoría democrática y en consonancia con lo establecido en los países de nuestro entorno, con el principal propósito de que el alumnado conozca e interiorice los derechos humanos fundamentales.

La jerarquía eclesiástica tacha de anticonstitucional esta asignatura y su contenido, cuando la realidad es que lo que no resistiría el paso por el Tribunal Constitucional son los Acuerdos del Estado con el Vaticano sobre educación y asuntos culturales, que en su artículo 1º, párrafo 2º, dicen textualmente: “En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.”. Esto quiere decir que la “ética cristiana” impediría al profesorado hablar en los centros educativos de muchos avances de la ciencia en las escuelas e institutos, desde la evolución de las especies a la investigación con células madre, pasando por el derecho al divorcio y al aborto. Al mismo tiempo, nos encontramos con libros de texto que se utilizan para impartir la religión confesional en escuelas e institutos que pueden ser anticonstitucionales al ser irrespetuosos con los derechos constitucionales recogidos en la legislación vigente.

Los STES-i, ante la situación que se está generando con estos ataques desmesurados, pedimos respeto para el Profesorado que impartirá esta asignatura, que cumplirá con su función de enseñar y educar y no adoctrinar.
También pedimos al Gobierno y a las Consejerías de Educación de las CCAA que sancionen a aquellos centros que animen a los padres a la objeción de conciencia o a que no se imparta esta asignatura, sanciones que deberían empezar por la retirada de los conciertos a aquellos centros que reciban dinero público sin respetar las condiciones establecidas legalmente.

Desde STES-intersindical seguiremos, por otro lado, implicados en la campaña por la religión fuera de la escuela junto a numerosas organizaciones sociales que pretendemos conseguir el objetivo de una escuela laica que respete a todas las creencias, pero que no permita el adoctrinamiento en las aulas.

SECRETARIADO CONFEDERAL DE STES-intersindical
04.09.2007

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