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Ante la sentencia del Constitucional que avala el despido de una persona que imparte Religión
STES-i insiste en la necesidad de que se derogue el acuerdo con el Estado Vaticano

Ante la sentencia del Tribunal Constitucional dada a conocer ayer en la que se ratifica el despido de una persona que imparte clases de religión catolica por asuntos referidos a su vida privada, la Confederación de STES-intersindical se reafirma en su opinión de que el problema de fondo es la vigencia del Acuerdo con el Estado Vaticano, firmado en 1979, algunos de cuyos preceptos son claramente inconstitucionales.

En efecto, este Acuerdo no sólo compromete a las personas que impartan esa materia –que deben destacar, según la sentencia, “por su recta doctrina y el testimonio de su vida cristiana”-, sino a todo el sistema educativo, ya que uno de los preceptos del mismo establece que todo el sistema ha de estar impregnado de los valores cristianos.

Treinta años después, no cabe demorar por más tiempo la derogación de un Acuerdo que provoca tantas disfunciones y que supone la consagración de unos privilegios para una confesión religiosa que en un estado laico no tienen razón de ser. En la actualidad las 17.000 personas que ejercen esta función son pagadas por el Estado, a pesar de que es el episcopado quien les elige y despide a su antojo.

El “proyecto de decreto por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión” que el MEC tiene previsto aprobar próximamente tampoco resuelve este problema, y sigue permitiendo la contratación y el despido libre de las personas que imparten religión por parte de la jerarquía eclesiástica.

En el convencimiento de que la religión ha de desaparecer de los currículos educativos, porque forma parte de las creencias privadas, STES-i ha recurrido recientemente ante el Tribunal Supremo los decretos de enseñanzas mínimas promulgados en desarrollo de la LOE. En este sentido cabe recordar que se cuenta con suficiente jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que reiteradamente ha establecido la improcedencia de penalizar lectivamente al alumnado que opta por no cursar esa materia confesional.

La solución es, por tanto, la desaparición de la enseñanza de las religiones de los currículos escolares, algo que podría ser ya una realidad si el actual Gobierno socialista y sus socios de gobierno no hubieran cedido a las presiones de la derecha educativa y la LOE se hubiera concebido como la ley para el apoyo y promoción de la escuela pública que finalmente no ha sido.

STES-intersindical, 23 de febrero-2007

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