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Aprobada Ley Orgánica de Igualdad.
Una valoración

Organización de mujeres de la Confederación de STES-i

Aunque muchos medios no se han hecho eco de ello el Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes 23 de junio el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta ley pretende hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda la discriminación contra la mujer.

El texto contempla un conjunto de medidas que afectan a la vida política, jurídica y social. Se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral y la necesidad de extenderlas a trabajadores y trabajadoras de todos los regímenes de la Seguridad Social.

Se hace hincapié en la necesidad de que se de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres respecto de las obligaciones familiares. Se establece también la representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de las administraciones públicas, así como en las listas electorales. El Proyecto de Ley propone reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar una composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales.

La norma fija determinadas medidas para fomentar y tutelar la igualdad en el ámbito laboral, en las Administraciones Públicas o en materia de Seguridad Social, ámbitos en los que hasta ahora han sido más visibles las desigualdades entre mujeres y hombres. Así, por ejemplo, en el orden laboral se establece la igualdad como parte de la responsabilidad social de las empresas, a las que se recomienda arbitrar medidas para la conciliación y en un periodo de ocho años (en el anteproyecto eran cuatro), tener en los consejos de administración de todas las compañías con más de 250 empleados, al menos un 40% de mujeres y un 60% de hombres. El texto contempla la creación del Consejo la Mujer como cauce para la participación de las organizaciones de mujeres en el desarrollo de las políticas públicas .

De esa manera el Gobierno, se hace eco de una Directiva Comunitaria de 2002, de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Es importante hacer varios comentarios a esta ley. En primer lugar pensamos que es un primer paso para el desarrollo transversal de las políticas de género y la defensa de la acción positiva, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas. Aún así el proyecto creemos que se queda corto. Por una parte proclama, entre otras cosas, que quiere fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres tanto en lo público como en lo privado, sin embargo no contempla más que un permiso de paternidad de diez días cuando ha sido reclamado casi por unanimidad por sindicatos y organizaciones feministas un permiso de cuatro semanas. Hasta el propio ministro Sevilla ha reconocido su insuficiencia. Esperamos que esta cuestión se modifique en el Congreso de los diputados puesto que no hay razones para negar el aumento del permiso en el sentido que hemos reclamado.
Por otra parte el proyecto de Ley ha levantado ampollas entre los empresarios que no aceptan la discriminación positiva ni la conciliación y que han declarado que esta norma supone una intromisión “fortísima” en el sector privado. Las presiones de los empresarios han hecho retroceder al gobierno y subir de cuatro a ocho años el periodo para que las empresas incorporen a sus consejos de administración un 40% de mujeres. Ya sabemos que el sector empresarial es completamente inmovilista respecto del desarrollo de políticas que beneficien la permanencia, la continuidad y la posibilidad de acceso de las mujeres a puestos de dirección. Pero también creemos que es obligación del gobierno legislar y potenciar la igualdad laboral de las mujeres, de la que tan lejos estamos. Por eso nos manifestaremos contra cualquier medida que suponga un obstáculo en ese camino, y seguiremos reclamando que se suprima el permiso de carencia para tener derecho a cobrar la prestación por maternidad. Reclamaremos también que los planes de igualdad en las empresas se den con indicadores de evaluación a efectos sindicales , de inspección de trabajo, contratación administrativa, subvenciones y régimen sancionador.

En el terreno educativo la ley de igualdad hace referencia a la educación en igualdad, libre y no discriminatoria (art. 22). Desde la organización de mujeres de STES-i consideramos que esta posición no es compatible con la existencia de la religión como asignatura de oferta obligada en la red pública y en la privada sostenida con fondos públicos. La religión es una disciplina que fundamenta sus presupuestos en la desigualdad entre varones y mujeres, concediendo privilegios a los varones en razón de su sexo. Así mismo creemos que el artículo 22 debe concretar más haciendo referencia a la necesidad de que los currículos de todas las etapas educativas contemplen el principio de igualdad entre mujeres y hombres como eje vertebrador de sus desarrollos , tanto en la programación de objetivos como de contenidos. No se menciona nada sobre la necesidad de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno educativos tanto no universitarios como universitarios. La obligación del profesorado de educación superior de formarse en cuestiones de género tampoco aparece. Es curioso que siendo una ley de igualdad no se hable para nada de la importancia que tiene para la igualdad efectiva que se creen servicios de atención a la infancia en la etapa 0-3, ni se mencione la coeducación. A partir de estas consideraciones queremos denunciar que la administración educativa rechaza las propuestas de formación en coeducación porque consideran prioritaria la formación en Tic, lenguaje, matemáticas o idioma. Tampoco se dice nada sobre la necesidad de desarrollar programas de formación para mujeres adultas. A la necesidad de compromiso de los medios de comunicación con la educación de la ciudadanía en materia de igualdad se refiere con bastante vaguedad. Pensamos que habría que incorporar un artículo en el que se ponga de manifiesto el compromiso de la creación de un consejo ético para los medios tanto públicos como privados. Este consejo vigilaría que los códigos de conducta respeten el principio de igualdad, así como la imagen y la salud de la mujeres.

Pensamos que debería de crearse una Secretaría de Estado de Igualdad dependiente directamente de Presidencia del gobierno, puesto que las políticas de género han de ser transversales a todas las políticas públicas no sólo a las de trabajo y asuntos sociales. Por eso nos parece insuficiente la creación de una comisión interministerial para la coordinación de las políticas de igualdad

Para terminar es preciso manifestar que para que sean creíbles las medidas que contempla esta norma hay que integrar la perspectiva de género en todos los presupuestos.

En fín que esta ley es timida y nos sabe a poco…