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Confederación de Sindicatos de Trabajadores
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ENTRA EN VIGOR LA LOE, UNA LEY EDUCATIVA
QUE NO CABÍA ESPERAR DE UN GOBIERNO PROGRESISTA

Hoy 24 de mayo entra en vigor la LOE, que se aprobó el 6 de abril, y que fue publicada en el BOE el 4 de mayo. Desde STES-intersindical hemos manifestado desde un principio nuestra oposición por la izquierda a una ley que consideramos no es la que necesita la escuela pública, que atiende a la mayor parte del alumnado y que será la gran perjudicada por su aplicación. A pesar de las promesas, del programa político con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales, el Gobierno socialista se ha olvidado de las movilizaciones contra la Ley de Calidad, muchos de cuyos parámetros siguen de uno u otro modo en esta ley hecha a medida de las patronales de la enseñanza y la jerarquía eclesiástica.

En el contexto de un debate internacional en el que las organizaciones progresistas intentamos que se reconozca legalmente que la educación es un derecho fundamental, no un servicio sujeto a las reglas del mercado, nos resulta extremadamente preocupante que en el articulado de esta ley se afirme por primera vez que "El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ya que donde dice iniciativa social quiere decir en realidad empresa privada, es decir concebida para el lucro, el adoctrinamiento o ambas cosas. Y nos preocupa que se haya generalizado la obligatoriedad de la concertación en la etapa infantil y elevado la financiación a la escuela privada de un modo que ni el propio PP se había atrevido a plantear, aunque, en el colmo del despropósito, las movilizaciones de la derecha irredenta han hecho pensar a una parte de la opinión pública que nos hallamos ante una ley de la izquierda radical.

La concertación generalizada de unidades de tres a seis años de la escuela privada está teniendo ya consecuencias graves para el sector público y para la cohesión social en diversos territorios: se pierde matrícula en centros públicos situados en zonas donde se ha generalizado la concertación, lo que redunda en el cierre de unidades públicas a medio plazo y en la pérdida de cientos de puestos de trabajo, empezando por Infantil y Primaria. La patronal de la privada concertada está ya pidiendo además un aumento de las ratios (la LOE permite este aumento en un 10%).

Igualmente, y en un momento clave en el que se precisaría una apuesta seria por diversificar esfuerzos e inversiones que redunden en la calidad y equidad de la enseñanza que recibe el alumnado, no se atisba en esta ley ninguna medida que pueda suponer una mejora en las condiciones de trabajo de profesorado y personal no docente de los centros. Las organizaciones sindicales que se apresuraron a firmar acuerdos con el Ministerio al respecto poco podrán alardear: en el caso de la pública algunos contenidos no se han llevado a cabo: pago de 60E, presentación de nuevo decreto de acceso.. y otros impedirán reivindicaciones históricas del profesorado, como la jubilación voluntaria e indefinida a los 60 años o la reducción de horario para mayores de 55 sin merma de retribuciones. Al profesorado de la concertada tampoco se le ha aplicado la subida salarial que se recogía en el acuerdo.

Y, por desgracia, nada bueno cabe tampoco esperar del innecesario y cacareado borrador de Estatuto de la Función Pública Docente, que se presentará en breve y que puede abrir la vía a las retribuciones y traslados arbitrarios y empeorar gravemente las condiciones laborales del profesorado en su conjunto. Por todo ello, desde STES-i hacemos un llamamiento a la comunidad educativa progresista para que nos acompañen, en el proceso de desarrollo de la LOE, en la defensa de la enseñanza pública.

Confederación STES-intersindical
24 de Mayo de 2006

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