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LOE, LA LUCHA PARA FORTALECER LA ESCUELA PÚBLICA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO, CONTINUA

“Cada ciudadano es responsable de la acción de su gobierno y administración,
a menos que hable o actúe abiertamente contra ellos”,
decía Kart Jaspers, filósofo alemán que se definía
a sí mismo como filósofo de la existencia”.

El pasado 15 de diciembre se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE) con los votos a favor de PSOE, CiU, PNV, ERC, ICV, CC y EA, con los votos en contra del PP, y con la abstención de IU (su homólogo catalán, ICV, votó a favor), BNG, NB y ChU.

Ahora está en el Senado y, cuándo este la apruebe, pasará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva, prevista para mediados de marzo.

La LOE, durante su tramitación en el Congreso, ha pasado de “insuficiente” a “deficiente”: ha empeorado claramente. Los grupos que la apoyaron han cedido a la gran mayoría de las reivindicaciones de la derecha educativa y de las patronales de la enseñanza privada, y, aunque el PP, en una tarea de desgaste al Gobierno, siga criticando esta Ley, pueden decir que han conseguido con el PSOE lo que el PP no se atrevió a darles ni en sus 8 años de gobierno ni en la LOCE. Lo explicamos.

Por primera vez en la historia de la educación española, el Estado hace dejación en una ley orgánica de una de sus obligaciones fundamentales. Se dice en el Preámbulo de la ley, y se repite en el art. 108, que “El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”; el Estado abandona una de sus obligaciones, insistimos, y el Gobierno se salta la Constitución que dice en su artículo 27.5 que “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”. ¿Cómo pretenden que la “iniciativa social”, la enseñanza privada, garantice un derecho fundamental como es la educación cuándo su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar?. Pero no sólo es esta grave cesión: se pretende igualar en todo a las dos redes, pública y privada, que son muy diferentes en cuanto a su origen, objetivos, gestión, admisión del alumnado, contratación del profesorado…, con el objeto de que la red privada concertada reciba todo tipo de sobredotación económica y de personal, como se recoge en distintos apartados de la Ley; y en los Presupuestos Generales del Estado. En los 8 años de gobierno del PP la subida a las partidas de los módulos de los conciertos de la enseñanza privada, subían anualmente el 2% y, para este año 2006, suben un 3’4%.

Por primera vez en la historia de la educación española, una ley orgánica aparece atada a un acuerdo con un país extranjero. La Ley dice que “la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en Acuerdo” con la Santa Sede; acuerdo que es a todas luces anticonstitucional; como injustificable es su inclusión, por lo que supone de aceptación, en una Ley Orgánica.

Por otro lado, y en lo referente a la financiación hay que señalar que, pese a la sobredotación económica que se realiza a la enseñanza privada concertada, se dice en la Ley que alcanzaremos la media de la Unión Europea en los próximos 10 años. Lo dicen y lo hacen ley sin ruborizarse; el octavo país más rico del mundo, España, tardará todavía 10 años –hasta 2016- en equipararse con la media de lo que invierten en educación otros países con menos recursos. Y luego seguirán comparando resultados y diciendo que la educación es una prioridad.

Con relación al Profesorado pocas novedades positivas se introdujeron en el Congreso; queremos destacar las mejoras en el tema de la jubilación, propuestas por STES, defendidas por algunos grupos parlamentarios y aceptadas por el PSOE. Pero hay que señalar que el Profesorado ha sido el gran ausente en todo el debate parlamentario de la LOE; los que firmaron un acuerdo con el MEC consiguieron que este tema saliera fuera del debate y no se pudieran conseguir mejoras con la presión y la movilización, y sólo el aspecto de la jubilación se trató y para superar el acuerdo que firmaron a espaldas del profesorado.

No sólo no ha habido mejoras para el Profesorado, sino que, al contrario, las condiciones de trabajo pueden empeorar notablemente, cuando en zonas con problemas de escolarización se aumenten las ratios un diez por ciento.

¿Quiénes son responsables de este retroceso?, se puede preguntar quien lea este artículo. La respuesta es clara. En primer lugar el Gobierno y el PSOE, que se presentó a las elecciones con un programa en educación en el que decía, entre otras muchas cosas también incumplidas, que la escuela pública debía vertebrar el sistema educativo; en segundo lugar los partidos que se reclaman de la izquierda, como ERC y ICV que defienden la Ley con bastante más ardor que la Ministra. Y en tercer lugar las organizaciones CEAPA, UGT y CCOO, que se han pasado todo el trámite parlamentario pidiendo un “pacto de educación”, rechazando la movilización por la escuela pública y su Profesorado que le proponíamos desde STES-i, y, por si fuera poco, aplaudieron el “acuerdo” de la Comisión de Educación en el que se fraguaron los múltiples retrocesos que para la escuela pública contempla esta Ley.

Pero los STES-i ni nos resignamos ni nos haremos cómplices con nuestro silencio. La lucha continúa; los STES-i, con todas las personas y organizaciones que quieran continuaremos la lucha por una ley que fortalezca la escuela pública y mejore las condiciones de trabajo en la enseñanza; seguiremos con nuestra campaña de información y formación sobre la LOE y propondremos al conjunto de la comunidad educativa movilizarnos en la segunda quincena de febrero para que la LOE fortalezca la escuela pública y mejore las condiciones de trabajo del Profesorado.

Secretariado Confederal de STES-intersindical
20.01.2006

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