Más allá de la "normalidad" del inicio de curso que acaba siendo un tema de conversación del mes de Septiembre, que posteriormente se olvida por la mayoría y queda reducido a quienes tienen hijos y/o hijas dentro del sistema educativo.

Quienes pueden intentan una salida individual buscando los caminos para situar sus hijos en aquellos centros donde supuestamente estarán mejor atendidos, la mayoría se queja desde el fatalismo y el desconsuelo, mientras una minoría intenta buscar soluciones colectivas participando en AMPAs y Consejos Escolares, siempre con buena voluntad, pero no siempre con la información adecuada.

Desde la responsabilidad de la representación del profesorado y sin ánimo de pontificar, quisiéramos manifestar algunas inquietudes que creemos generalizadas entre el colectivo de enseñantes que se ocupa de los niveles educativos no universitarios y que a veces son poco conocidas.

La función de las personas que nos dedicamos a la enseñanza no ha cambiado en lo esencial: ayudar a los chicos y chicas a incorporarse a la sociedad, a comprenderla y transformarla en base a los principios de libertad igualdad y solidaridad. Éste principio es básico según nuestro punto de vista y afecta a todos los niveles educativos desde los 0 hasta los dieciocho años. Pero es una responsabilidad de la que no puede abdicar la sociedad dejándola a expensas del voluntarismo del profesorado.

En los últimos veinte años el papel social de los centros educativos se ha modificado, los cambios- afortunadamente irreversibles- en la estructura familiar, y los cambios en las relaciones sociales han devenido en una mayor responsabilización en la transmisión de los valores del sistema educativo. Todo ello sin los necesarios procesos de formación y adaptación del profesorado y sin la dotación de medios humanos y materiales de apoyo, al menos en la dimensión en que serían necesarios.

El profesorado encuentra así que ha de trasmitir los conocimientos científicos del área que imparte, tarea para la que mejor ha sido preparado, pero que es fuente de frustración cuando comprueba la distancia que media entre sus intereses y los del alumnado, ha de ayudar a los chicos y chicas a caminar en una sociedad cuyos cambios se le escapan, pero sobre todo es incapaz de remover las barreras sociales que han situado a amplios colectivos de alumnos y alumnas en compartimentos estancos respecto de otros. Tanto es así que ha de trabajar con personas interesadas en la materia, con otras excluidas por unos u otros motivos y con aquellas otras que requieren una especial atención. Favorecer la convivencia y la cohesión del grupo y atender sus necesidades se siente como un abismo inabordable. Todo ello en un marco más o menos desolador, sin apoyos técnicos suficientes, sumido en tareas burocráticas e inútiles, sin capacidad de intervenir en el debate educativo más allá de la anécdota y con la sensación de ser observado con desconfianza por los padres y madres que acaban culpándoles del resultado final, que no es más que el reflejo de lo que colectivamente la sociedad ha creado. A todo ello añadamos el deterioro progresivo de las condiciones laborales y el aumento sustancial de la precariedad laboral que afecta a una parte muy considerable de la plantilla, cuya estabilidad laboral pende del hilo de la decisión política o empresarial.

No intentamos aquí disculpar a aquellas personas que en nuestro trabajo como en otros no cumplen con su obligación, desde nuestro punto de vista, las personas que obtenemos el salario de los impuestos pagados por la ciudadanía tenemos la obligación de cumplir con más esfuerzo, si cabe que el resto de la sociedad. Tampoco queremos disculpar a los equipos de gestión que rompen con las más elementales reglas democráticas al ocultar información a los representantes de otros sectores de la comunidad educativa. Pero sí constatar que son muy minoritarios, como son mayoría los padres y madres que abdican de participar colectiva e individualmente en la educación de sus hijos e hijas.

No se trata de hacer victimismo, pero basta con hablar detenidamente con personas que se mueven dentro del mundo educativo para comprobar que el cuadro descrito no se aleja mucho de la realidad.

Por todo ello sería necesario un esfuerzo colectivo para recuperar la motivación y la confianza. La formación de las futuras generaciones, como personas responsables, capaces de elegir y participar no se puede ni se debe dejar en manos del profesorado. Es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Por eso es necesario establecer un esfuerzo colectivo que tenga su reflejo político en las Cortes Valencianas y el económico en los Presupuestos que explicite la voluntad, no de separar el tema educativo del debate político, sino de situarlo en el centro mismo centro de aquel.

Desde el STEPV-iV pensamos que es necesaria una iniciativa política en el ámbito educativo, que planifique y defina presupuestariamente cada una de las construcciones y adecuaciones escolares pendientes, que garantice a la totalidad de la población escolar un puesto en condiciones adecuadas, con los servicios complementarios necesarios, en la lengua elegida por los padres y madres y que en ningún caso les obligue a la renuncia de sus derechos más elementales; que garantice la gratuidad total (incluidos los libros de texto) de la escolarización en educación infantil y en los tramos obligatorios; que democratice la gestión de los centros cada día más jerarquizada y asfixiante; que dote a los centros del suficiente personal de administración y servicios; que resuelva de una vez por todas la sustitución inmediata del profesorado cuando está de baja, sin cuestionar las garantías de control democrático de las contrataciones en el sector público y privado; que de una solución definitiva al problema de la precariedad laboral, estableciendo medidas que permitan al personal que presta servicios de forma interina una incorporación definitiva al sistema; que homologue al profesorado de todos los sectores, que reconozca salarialmente la principal función educativa, la docencia y no los puestos más burocratizados; que cierre el abanico salarial actual y en definitiva que sitúe la profesión de enseñante en el lugar de reconocimiento social que le corresponde.

Posiblemente con ello no será suficiente, el sistema educativo no puede resolver por sí solo las contradicciones que genera una sociedad tan competitiva e injusta como la que vivimos. Tendremos que continuar trabajando y pensando, posiblemente pensar, reflexionar la educación en estos momentos sea oportuno, pero sobre todo es necesario tener conciencia de que el sistema educativo es una responsabilidad colectiva, que hoy más que nunca sobrepasa al profesorado, y a los padres y madres recayendo sobre el conjunto de la sociedad que es la que pone en juego su futuro.

ANTONIO ÑACLE GARCÍA, del Secretariado Nacional del STEPV-iV