| LOS STEs ACUSAN AL GOBIERNO DE DAR LA PUNTILLA AL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO CON LA LEY DE CALIDAD La Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs), rechaza frontalmente el fondo y la forma en que el MECD ha dado a conocer las líneas básicas de lo que han dado en llamar Ley de Calidad, y que a nuestro juicio supondrá, de salir adelante, no sólo un paso atrás en el acceso democrático a un derecho básico como es la educación, sino un atropello sin paliativos a la enseñanza pública, en consonancia con las actuaciones emprendidas por Pilar del Castillo desde que tomara posesión de su cargo. Tras el retorno a currículos que rescataron conceptos pedagógicos que ya creíamos desterrados, la aprobación de la LOU y la presentación de la Ley de FP, actualmente en trámite parlamentario, el Gobierno ha dado a conocer el proyecto de lo que puede ser la puntilla definitiva al sistema educativo entendido como garantía democrática para toda la población y no como servicio sujeto a las leyes del mercado y los intereses de unos pocos. La ministra engañó a la opinión pública al decir que la presentación de la ley iría precedida de un debate con todos los sectores de la comunidad educativa, a los que una vez más ha mostrado su claro desprecio, presentando este conjunto cerrado de medidas que contará, eso sí, con el apoyo de asociaciones corporativistas no representativas de profesorado, familia o estudiantes, a quienes una vez más se ha hurtado toda posibilidad de diálogo. La idea de revanchismo que preside las actuaciones de este ministerio le ha llevado una vez más a confundir interesadamente calidad con privilegio para unos pocos, modernización con retroceso y optatividad con segregación. El objetivo no es otro que recortar la inversión en enseñanza y caminar hacia un sistema de educación público menos universal, con la consolidación de obstáculos que hará desistir a parte del alumnado de continuar con sus estudios y a otra parte lo derivará a la red de centros concertados y privados, verdaderos beneficiarios de esta contrarreforma. No solucionarán ningún problema las arcaicas pruebas de reválida rescatadas del olvido para interponer nuevos obstáculos a la promoción del alumnado, que se jugará en una sola carta toda la labor realizada durante el Bachillerato, etapa cuyos objetivos quedarán desvirtuados porque ahora se encaminarán casi en exclusiva a la consecución de este fin. Lejos de resolver el fracaso escolar, los itinerarios que plantea este ministerio agravarán la situación para el alumnado más necesitado de medidas de apoyo, que a temprana edad se verá abocado a elegir un camino sin retorno que mermará sus posibilidades de formación y promoción, invalidándose así la importantísima función compensadora de desigualdades que ha de tener la educación. Ello supondrá igualmente un aumento en la descompensación ya existente entre centros públicos y concertados o privados y una mayor carga para el profesorado en situación más precaria, al que se destinarán aquellos grupos que precisan de una mayor atención humana y pedagógica. Al hablar de flexibilidad, una de las palabras que más le gusta a esta ministra y este gobierno, deberían explicar que se alude a este concepto no como garante de mayor diversificación y posibilidades, sino como anuncio de la flexibilidad del mercado laboral al que habrá de adaptarse un alumnado que contará con unas titulaciones desprovistas de valor en el mismo. Madrid, 05 de febrero de 2002 Fdo.: Justo L. Cirugeda, del Secretariado de la Confederación de STEs |