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La Confederación STES-Intersindical ante el pacto por la educación.

UN PACTO PARA POTENCIAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Porque gobernar es establecer prioridades, necesitamos que el pacto político y social en materia de educación se dirija a profundizar y mejorar la educación pública, a través de la cual los enormes beneficios individuales, sociales y económicos que comporta una educación de calidad llegan al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia, de sus creencias y de sus condiciones socioeconómicas.

• El foco de la política educativa debe ponerse sobre el fracaso escolar: combatir el riesgo de exclusión social, atender las necesidades educativas de quienes tienen menos oportunidades, incidir en la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y poner los medios necesarios al alcance de todos los centros educativos que los requieran.
• El trabajo docente requiere la autoridad del conocimiento, la misma que la sociedad concede a las personas que destacan en la medicina, la ciencia, el pensamiento o el arte. Esto sólo es posible cuando el profesorado trabaja en condiciones que potencian su autoestima, con el ejercicio de un pensamiento crítico, con capacidad de iniciativa y con autonomía. La autoridad hay que ganársela en las aulas, pero no sólo. Con más y mejores medios, con mejor formación, se abordaría en mejores condiciones la complejidad de la docencia. Con una mayor consideración social del profesorado, con un reconocimiento de la importancia de su función social, mejoraría su autoridad.
• La calidad debe ir unida a la equidad. La calidad debe ser para todos y para todas: acceso a las tecnologías de hoy; enseñanza plurilingüe; promoción del conocimiento, aprendizaje y uso de las lenguas propias y cooficiales de cada comunidad autónoma; instalaciones dignas y bien equipadas; pero también métodos de aprendizaje adaptados a las exigencias derivadas de la enorme diversidad del alumnado.
• La educación de calidad es incompatible con las políticas de privatización, precisa de inversiones en la enseñanza pública y la paralización de la política de conciertos educativos con empresas privadas.
• La supresión del concierto a los centros que no cumplan los principios elementales de igualdad en las condiciones de admisión y la legislación sobre escolarización, así como los que adoctrinen en una determinada ideología o religión.
• Para que todo ello sea posible, las inversiones en educación deben aumentar hasta alcanzar el 7% del PIB.

UN PACTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PROFESORADO

La Enseñanza Pública va ligada a un profesorado comprometido con su profesión, un profesorado que investiga y reflexiona sobre su práctica, que la teoriza y que actúa de manera activa y creativa en un determinado contexto
no exento de complejidad. Se trata de fomentar profesionales con capacidad para tomar decisiones desde criterios personales y autónomos. Para acercarse a este modelo ideal es preciso desarrollar un conjunto de medidas que recuperen el prestigio de la función docente y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, entre otras. Entre los objetivos a conseguir cabe destacar:

• Asegurar un nivel aceptable de estabilidad en las plantillas. Incentivar la estabilidad del profesorado con el fin de potenciar grupos de trabajo y proyectos colectivos con acciones que estimulen tanto la innovación educativa como la formación en los propios centros.
• Mejorar sustancialmente las condiciones laborales: reducir el número máximo de alumnos por docente; reconocimiento profesional y económico; refuerzo de personal de administración y servicios en los centros de todas las etapas, descarga progresiva de horas lectivas a partir de los 55 años; desarrollo profesional para la asunción de proyectos educativos innovadores y para acceder a todas las etapas educativas a lo largo de la vida profesional.
• Establecer una nueva distribución horaria, que recoja todas las tareas y funciones que demanda el sistema educativo.
• Establecer con carácter permanente los incentivos económicos para la jubilación voluntaria a los 60 años.
• Acabar con el carácter voluntarista de las actividades del profesorado desarrolladas fuera de su horario laboral. La reducción de la carga lectiva permitirá una mayor dedicación en departamentos, grupos de formación, etc.
• Dotar a los centros de personal y recursos materiales que estimulen la introducción de propuestas didácticas innovadoras y trabajos cooperativos que dinamicen las estructuras organizativas del centro.
• Ligar la actividad de formación permanente del profesorado a los centros de trabajo, una formación coordinada democráticamente con otros centros, grupos y seminarios, y en horario lectivo.
• Adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho al trabajo del profesorado afectado por la desaparición de unidades concertadas.

STES-Intersindical
Àrea de Política Educativa
12-02-2010