Recortes de prensa  
 
Los padres de alumnos se oponen a la división de los estudiantes en itinerarios a los 14 años (El País, 16 de marzo de 2002)
CiU considera que la reforma educativa es "cruel" y "segregadora"
El esfuerzo público en educación desciende casi 3.000 millones de euros en siete años (El País, 14 de marzo de 2002)
CARTAS AL DIRECTOR: "Calidad de educación" (El País, 10 de febrero de 2002)
OPINIÓN: "Enseñanza de calidad" (El País, 10 de febrero de 2002)

DOCUMENTOS: "Y la reválida resucitó" (El Mundo, 2 de enero de 2002)

 

Los padres de alumnos se oponen a la división de los estudiantes en itinerarios a los 14 años

Una investigación revela que las familias valoran la disciplina que hay ahora en los centros

La mayoría de los padres de alumnos de segundo (77%) y cuarto (80%) de la ESO está en contra de la división de los estudiantes en itinerarios a los 14 años de acuerdo con su capacidad, según una investigación realizada durante cuatro años en 31 centros y en la que han participado 13.000 padres y otros 13.000 alumnos. Este dato contrasta con el de profesores que apoyan esta división: el 72,5%, una conclusión aparecida ya en estudios anteriores. Los padres valoran mucho (con una puntuación de 7 sobre 10) 'la forma en la que los centros establecen el control de los alumnos y la disciplina'. Los aspectos más valorados son la atención que reciben en el centro (con un 7,5) y el funcionamiento (7,2).

El informe destaca que cuanto más bajo es el nivel sociocultural de las familias, menos expectativas tienen sobre los estudios de sus hijos. También señala que el dato obtenido sobre la alta valoración de los padres sobre la disciplina y el control de los alumnos que hay en los centros se 'contrapone con la supuesta preocupación de los padres por la situación de la convivencia en los centros'. El informe refleja que los padres que tienen hijos en segundo de la ESO valoran algo mejor el centro que los que los que tienen hijos que cursan cuarto de la ESO y que, a lo largo de los cuatro años analizados (entre 1997 y 2001), 'los padres han percibido un progreso en el funcionamiento de ambos cursos, especialmente de cuarto'.

Estos resultados corresponden a una parte de la investigación La evaluación de la educación secundaria. Fotografía de una etapa polémica, que se presentará íntegramente en abril. El estudio analiza la situación de los centros, su funcionamiento, los resultados de los alumnos de primero, segundo y cuarto de la ESO en las diferentes asignaturas y la opinión de padres, profesores y alumnos sobre el funcionamiento de sus colegios e institutos. El trabajo ha sido realizado en 31 centros educativos públicos, concertados y privados durante cuatro años (de 1997 a 2001) por el Instituto Idea, de la Fundación Santa María, que dirige el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación y ex secretario de Estado en la etapa socialista, Álvaro Marchesi. Todos los centros analizados son de la Comunidad de Madrid, pero el informe asegura que los resultados 'pueden generalizarse con una amplio nivel de confianza al conjunto de España, algo que permiten comprobar estudios posteriores realizados en diferentes comunidades autónomas'.

- Itinerarios. La opinión negativa de los padres a la separación de los estudiantes en itinerarios a partir de los 14 años -una medida que pretende introducir el Gobierno con la Ley de Calidad- coincide con el estudio La familia española ante la educación de sus hijos, realizado por el equipo del sociólogo Víctor Pérez-Díaz y publicado por la Fundación La Caixa en 2001. En este informe se preguntaba sobre la ESO a los padres: '¿Cree que los colegios deberían distribuir a los alumnos por clase en función de su rendimiento académico: los más brillantes a unas clases, los menos brillantes a otras clases?'. El 76% contestó: 'No, en ningún caso'. Sólo el 12% dijo que sí y el 7%, 'sí, pero sólo en algunas materias'.

Los profesores, sin embargo, están mayoritariamente de acuerdo con la separación de alumnos en itinerarios por su capacidad, según el estudio Opinión de los profesores sobre la calidad de la educación, de 2001, realizado también por el Instituto Idea.

En esa encuesta, los docentes daban una puntuación de 7,3 sobre 10 a la creación de dichos itinerarios, mientras que otorgan sólo un 4,8 al aumento del número de repeticiones de curso permitidas (actualmente se puede repetir una vez en primaria y dos en la ESO; con la Ley de Calidad se podrá repetir una vez cada uno de sus cuatro cursos de la ESO).

- Expectativas de los padres. El 91% de los padres de alumnos que cursan cuarto de la ESO de un contexto sociocultural alto y más del 84% con niños en segundo esperan que sus hijos cursen estudios universitarios. Sin embargo, cuando el contexto sociocultural es bajo, este porcentaje es del 38% en los padres con hijos en segundo de la ESO y del 39%, en cuarto.

En los padres de contexto cultural medio-alto se observa una disminución de sus expectativas sobre los futuros estudios de sus hijos a lo largo de los cuatro años estudiados: cuando sus hijos estaban en segundo de la ESO, más del 76% esperaba que fueran a la universidad, mientras que cuando esos mismos niños cursaban cuarto de la ESO, este porcentaje se redujo al 66%.

La investigación señala que 'las expectativas de los padres tienen una influencia notable en los resultados académicos de los hijos'. Otra conclusión es que 'las expectativas de los padres con hijos en segundo de la ESO tienen una alta correlación con la ayuda en los estudios que las familias proporcionan a sus hijos'. Esto significa, explica el texto, que 'los padres que esperan más de sus hijos les ayudan más en sus estudios, aunque se observa también que no por eso conocen mejor cómo funciona la secundaria ni participan más en las actividades que realiza el centro dirigidas a las familias'.

- Valoración de los centros. Los padres valoran mucho la atención que reciben en el centro, su funcionamiento y la disciplina, pero son mucho más críticos con su capacidad de participación en el centro (con una puntuación media entre los dos cursos analizados de 6,2 sobre 10), las calificaciones que reciben sus hijos (6,3) y las actividades extraescolares que se ofrecen a las familias en el centro escolar (6).

En cuanto a la valoración de la relación o comunicación entre los centros y las familias, la opinión positiva se corresponde con la que manifestaban los profesores de esta relación (el 82% la consideraba muy satisfactoria) en el estudio Opinión de los profesores sobre la calidad de la educación, de 2001.

La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales goza del respaldo del 68% de los padres, que la consideran positiva o muy positiva y respecto a que exista un único título al finalizar la ESO, el apoyo de las familias es del 57%.

- Fracaso escolar. Las causas del fracaso escolar en la que coinciden más padres es el poco esfuerzo del alumno (43%), seguida de que el profesorado no adapta sus enseñanzas adecuadamente (33%). El 9,6% de los padres reconoce como una causa que las familias no colaboran, el 9% cree que se debe a que los contenidos son poco interesantes y el 5%, a la poca capacidad del alumno.

Los profesores, en el citado estudio de 2001, consideraban como causas más importantes de los problemas educativos (no sólo del fracaso escolar) la falta de interés del alumnado por aprender y la escasa colaboración de las familias.

LA REFORMA EDUCATIVA
CiU considera que la reforma educativa es "cruel" y "segregadora"

La consejera catalana Carme-Laura Gil reclama consenso para evitar 'una norma de partido'

La Generalitat de Cataluña rechaza frontalmente el proyecto de reforma de la enseñanza primaria y secundaria del Gobierno del PP. La consejera de Enseñanza del Ejecutivo de CiU, Carme-Laura Gil, calificó ayer de 'retrógrado y propio de los años sesenta' el modelo preconizado por la ministra Pilar del Castillo, y de 'segregador y cruel' la separación de los niños a los 12 años, así como el sistema de itinerarios que 'obliga a las familias a decidir el futuro de sus hijos a los 13 años'. Gil considera que esta reforma no puede ser 'una ley de partido, sino de todos' porque afecta a 'toda la sociedad'.

'Cuando lees el documento, la impresión que da es que para intentar resolver algunos puntos débiles del actual sistema se busca un mecanismo de los años sesenta', explica la consejera de Enseñanza catalana. 'Es una ley retro que no tiene futuro', añade. Gil reconoce que puede haber 'desconcierto y desencanto entre el profesorado y en la sociedad', pero asegura que el culpable de esta situación no es el modelo educativo. 'No es el sistema el que crea los problemas, surgen de los cambios sociales, de las dificultades de adaptación a un nuevo tipo de alumno, a una nueva sociedad', explica.

El proyecto del PP establece que los estudiantes de 12 años con bajo rendimiento o los inmigrantes recién llegados puedan ser separados de los demás, que los de 14 años -la edad en que llegan a tercero de ESO- sean divididos en dos grupos: los que deseen cursar bachillerato y los que quieran estudiar formación profesional o insertarse en el mercado laboral, y que a los 15 años los jóvenes puedan dejar los estudios e integrarse en un programa de iniciación profesional.

'Ningún país de Europa', asegura Gil, 'ningún país que quiera ser motor económico, cultural y de educación, propone que a los 12 años se segregue una parte de los alumnos de manera cruel y como un estigma, y que se obligue a sus padres a decidir cuál será el futuro profesional de un joven que todavía está en la prepubertad'.

Para Gil se trata de un modelo 'absolutamente segregador', porque no puede concebirse que un joven de esta edad, 'que no tenga interés en estudiar, se salga del sistema sin tener antes las habilidades básicas y los conocimientos para poder progresar como persona'. Para la titular de Enseñanza del Gobierno catalán, el proyecto de la ministra Del Castillo no solucionará nada. 'Causará más fracaso escolar porque no tiene como objetivo eliminar el fracaso escolar, sino poner exámenes, que no es lo mismo'. Gil asegura que, ya antes de que Pilar del Castillo hiciera público el proyecto de ley, le hizo llegar a la ministra su disconformidad con las lineas generales que ésta había avanzado desde el ministerio.

Convergència i Unió recibió fuertes críticas por su apoyo parlamentario a la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), si bien siempre se defendió argumentando que gracias a sus enmiendas las partes más antiautonómicas del texto se habían suavizado. Ayer, sin embargo, Gil quiso matizar que si bien la LOU 'es una ley importante, no deja de ser sectorial en cuanto que afecta a una parte reducida de la soiedad, mientras que la reforma emprendida ahora por el PP afecta a toda la sociedad española, puesto todo el mundo pasa por la enseñanza obligatoria'. Por otro lado, Gil reconoció que el proyecto tiene algunos aspectos secundarios con los que la Generalitat puede estar de acuerdo, como el fin de la promoción automática o el refuerzo de los equipos directivos de los centros.

Gil lamenta que el PP no haya aprovechado la ocasión para abrir un periodo de reflexión sobre la enseñanza mirando al futuro y no buscando soluciones en el pasado. 'Era una ocasión en que podíamos pensar todos juntos en una norma con fuerza, y va y copiamos una de los sesenta, retrógrada totalmente', asegura. 'Somos demócratas', añade, ' y creo que la negociación es la herramienta privilegiada para llegar acuerdos'.

Los representantes de las comunidades de Valencia y Navarra, ambas gobernadas por el PP, se mostraron satisfechas respecto al documento base de la ley, informa Marta Aguirregomezcorta. Aún así, el consejero navarro, Jesús Laguna, recalcó que 'es preciso' que desde la realidad de cada una de las comunidades se introduzcan mejoras. Las comunidades socialistas de Extremadura, Andalucía y Asturias, reiteraron su 'total desacuerdo'. 'Decirle a un niño que elija un itinerario a los 14 años es un abuso y un atraco a mano armada', señaló el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez, se quejó del 'déficit democrático' de esta ley. Mientras que el consejero asturiano Francisco Javier Fernández Vallina declaró: 'Me siento decepcionado por una ley segregadora que plantea el absurdo divorcio entre una educación igualitaria y la cultura del esfuerzo'.

LA REFORMA EDUCATIVA
El esfuerzo público en educación desciende casi 3.000 millones de euros en siete años

Las desigualdades regionales han aumentado, según el informe 'España 2002'

El gasto público en educación ha descendido en siete años cerca de 3.000 millones de euros (casi medio billón de pesetas), según recoge el informe España 2002 de la Fundación Encuentro, presentado ayer. Esa cantidad es la que se ha dejado de gastar en 2000 por no haberse mantenido el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a educación que se dedicó en 1993, que fue del 4,9%. En 2000 se redujo al 4,5% de un PIB mucho más elevado gracias a la bonanza económica. El informe también destaca que la descentralización del Estado no ha ido pareja con un descenso de la desigualdad.

El informe España 2002, elaborado por una treintena de expertos para la Fundación Encuentro, analiza la situación social a partir de un eje, la descentralización del Estado en aras de las mayores competencias de las comunidades autónomas. En términos generales constata que 'el proceso autonómico no ha ido acompañado de una reducción de las desigualdades', según el presidente de la fundación, José María Martín Patino.

Gasto educativo insuficiente. El análisis de la fundación dedica un capítulo a la situación educativa. Destaca las 'insuficiencias y disparidades' en el gasto público que se dedica a esta materia. Cita el informe del Consejo Escolar del Estado sobre el curso 1998-99, según el cual el gasto público en educación se situó en el 4,6% de la riqueza generada en España (Producto Interior Bruto, PIB), cifra que significa un descenso de tres décimas desde el 4,9% de 1993.

El estudio social también recoge el informe del Consejo escolar del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, sobre el curso 1999-2000 en el que se afirma: 'En 2000, el gasto público educativo -el financiado por los presupuestos- estaba cuatro décimas por debajo, en porcentaje de PIB, de la situación alcanzada en 1993, lo que significa que, en pesetas del 2000, gastamos casi medio billón de pesetas menos que en 1993'.

Un análisis del sindicato Comisiones Obreras detalla que, siguien el mismo patrón, esa reducción de casi medio billón fue de 440.000 millones de pesetas. Añade que el descenso en 2001 fue aún mayor: 479.000 millones menos. Según Comisiones Obreras, de haberse mantenido el porcentaje del PIB de 1993 en gasto educativo durante los años siguientes, el desembolso público en educación debería haber sido de 2,46 billones de pesetas más a lo largo de los ocho últimos años. Este descenso del gasto educativo es especialmente relevante desde 1996, una época de expansión económica.

Cambios sin dinero extra. La Fundación Encuentro considera 'válidas' las conclusiones que sacaba el Consejo Escolar del Estado al estudiar el curso 98-99: 'Estamos en el mismo nivel global que en 1991, cuando empieza una reforma que debería llevar pareja una fuerte inversión adicional y que, dentro de lo constante de las cifras, se aprecia un descenso en el gasto público y un incremento en el gasto que realizan las familias'. El organismo también incidía en que sólo la inversión pública garantiza la igualdad de oportunidades.

Desigualdad autonómica. Según el autor del capítulo educativo, el catedrático de Historia de la Educación Manuel Puelles (UNED), las desigualdades educativas 'han aumentado'. El informe recuerda que el punto de partida también era desigual. En 2000, cuando concluyeron las transferencias educativas, la situación ya era dispar entre las comunidades autónomas (diferencias en los equipamientos, las tasas de escolarización...). Antes de esa fecha, en 1998, el gasto público medio por alumno era de 339.609 pesesetas, sin contar la Universidad.

Educación infantil. Éste es uno de los tramos donde se dejan sentir con más fuerza 'los desequilibrios regionales', según Puelles. Aunque ha aumentado la escolarización de los niños entre tres y cinco años (el 66% estaba escolarizado en 1984 y el 92,5% en 1998), persisten grandes diferencias. Mientras en el País Vasco acude al colegio 99,9% de los pequeños, en Andalucía sólo lo hace el 83%. Esta comunidad ocupa el último lugar. Le precede la Comunidad Valenciana (89,5%).

Pocas plazas. El informe también destaca el 'déficit de plazas públicas' en la primera etapa de la educación infantil (menores de tres años). Más de la mitad de los niños escolarizados en ese tramo de edad acuden a centros privados (56,2%). Puelles incide en la importancia de este nivel educativo no obligatorio: 'Sólo con igualdad de oportunidades en la escuela infantil los alumnos tendrán equidad en los niveles siguientes'.

Bachillerato y FP. A juicio de Puelles, estos niveles de enseñanza no obligatorios son, junto con el tramo de infantil, los que sufren en mayor medida las desigualdades. Señala que en Bachillerato y Formación Profesional ha aumentado la escolarización (58% en 1984 y el 68% en 1998). Sin embargo, hay grandes diferencias autonómicas. Mientras en el País Vasco la escolarización es del 81% en Baleares es del 52,8%. Además de este archipiélago, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía permanecen por debajo de la media

Varapalo al ministerio. El informe critica al Ministerio de Educación por la 'inflación injustificable' de órganos superiores que mantiene pese a carecer prácticamente de competencias de gestión. Pide que cumpla su papel 'corrector de las desigualdades regionales y evaluador del sistema educativo', según Puelles. Criticó sobre todo al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). 'No ha cumplido la función para que fue creado. Carece de la suficiente legitimidad o fiabilidad para evaluar el conjunto del sistema educativo', añadió. Propuso que se convierta en una agencia especializada y sometida sólo a control parlamentario. En cuanto al Consejo Escolar del Estado planteó que debe convertirse en 'en el espacio público donde se debata la reforma educativa'.

Pacto para la reforma. La Fundación Encuentro es partidaria de un pacto de Estado y de otro social para abordar la nueva reforma educativa con consenso.

CARTAS AL DIRECTOR

Calidad de la educación

Los profesores de enseñanza que trabajamos en centros públicos seguimos esperando a un ministro o a una ministra de Educación que crea realmente en su cargo, es decir, que crea que por encima de cualquier compromiso, su tarea es demostrar que la enseñanza pública le importa lo suficiente como para que al terminar su mandato pueda decir que ésta se encuentra en mejor lugar que cuando él o ella accedieron al cargo. ¿Alguien se imagina al director de Ford España llegando todos los días a su trabajo conduciendo un Citroën o viceversa? Pues en la puerta de cualquier centro de enseñanza privado o concertado de enseñanza primaria o secundaria de España se puede ver a diario cómo van llegando alumnos cuyos padres o son autoridades políticas o tienen relación con el mundo de la enseñanza. En los últimos 25 años, ¿cuántos ministros de Educación han llevado a sus hijos a centros públicos? ¿Cuántos consejeros de Educación de las 17 comunidades autónomas lo hacen en estos momentos? ¿Cuántos profesores de enseñanza secundaria?

El problema, efectivamente, es de credibilidad. Por eso, por muchas reformas que nos vengan, mientras no haya al frente del Ministerio y de las consejerías de Educación responsables que crean de verdad en la enseñanza pública, el futuro de ésta continuará bajo sospecha. Hace menos de un mes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió dar una paga extra de dos millones de pesetas a profesores que llevaban trabajando 25 años. A profesores de la enseñanza... privada concertada. Por supuesto. Parece ser que en la pública no encontraron a nadie que cumpla este requisito. ¿Y con esta carta de presentación me quieren convencer de la bondad de las reformas? Nadie que conozca la situación de la enseñanza en nuestro país puede dudar de la necesidad de las reformas; pero entre la cerrazón de los socialistas, la demagogia de Izquierda Unida, el folclor de los sindicatos de estudiantes, la falta de representatividad de los sindicatos de profesores, la desgana de la mayoría de éstos y la lógica electoral del Partido Popular teniendo en cuenta los sectores que le apoyan, no queda ninguna razón para el optimismo, al menos para quienes creemos que un sistema público de enseñanza debería de ser sinónimo de exigencia, tanto si eres de izquierdas como si eres de derechas, a lo mejor todavía más si de verdad te sientes de izquierdas, porque, a estas alturas, decir calidad ya no significa nada.

 Pelayo Molinero Gete .Coslada, Madrid

Enseñanza de calidad

La ministra de Educación ha expuesto algunas de las líneas maestras de lo que será la futura Ley de Calidad de la Enseñanza, pero la falta de una discusión previa con los responsables autonómicos, que tienen transferidas las competencias, y con la comunidad educativa, que es la que tendrá que aplicarla, ha impedido madurar las medidas propuestas y evaluar mejor sus efectos contraproducentes.

Parece claro que la enseñanza secundaria es en estos momentos la clave del edificio educativo en nuestro país, el sector más influyente sobre el nivel cultural y profesional de la población, incluida la preparación con la que se llega a la Universidad, y sobre el que más problemas se han venido acumulando. Problemas que tienen que ver con la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, la dejación de responsabilidades en la educación de los hijos, el aumento de los alumnos provenientes de familias de inmigrantes y la falta de estímulo y de consideración de los profesores, verdaderos paganos del proceso.

La LOGSE supuso un cambio radical en la organización de la enseñanza secundaria, pero su aplicación ha hecho surgir un cúmulo de dificultades que hay que resolver. Sin un diagnóstico que no se base en lugares comunes luego desmentidos por los estudios cuantitativos, la respuesta puede incluso ser contraproducente. De momento, en un asunto en el que todos reconocen el esfuerzo que hay que hacer, tanto económico como de estímulo a los profesores y organización de los centros, no es bueno empezar poniendo el acento en una medida como la reválida.

Las pruebas puntuales de la reválida no tienen relación directa con la calidad de la enseñanza, pero pueden influir en el esfuerzo de alumnos y profesores durante los cursos cubiertos por la misma. Por otra parte, algún tipo de supervisión pública externa a los centros parece necesaria, habida cuenta la fuerte presencia de un sector privado y la evidencia de que puede haber centros que sobrecalifiquen a sus alumnos para atraer clientes, en detrimento de los públicos o privados más rigurosos. Es práctica común en todos los países educativamente desarrollados. Pero, si esto es así, no se entiende la precipitada supresión de la prueba de selectividad, que cumplía ese papel, al tiempo que servía para redistribuir a los alumnos en los centros solicitados por ellos cuando había problemas de acceso. Ahora se plantea separar la reválida de las pruebas de acceso, en los casos en que éstas sigan existiendo, con lo que se duplican los exámenes para algunos y se hace más difícil su organización y la del último curso de bachillerato.

La otra innovación anunciada es la de los distintos itinerarios, que responden a la existencia de alumnos que en la última fase de la secundaria carecen de la motivación suficiente para seguir los cursos y perjudican su buena marcha. Pero fácilmente pueden plantearse en términos de puro rendimiento académico, más que en términos de motivación, y acabar sirviendo para discriminar tempranamente en términos de procedencia social. A este respecto es fácilmente comprensible el temor de muchos centros situados en zonas deprimidas a especializarse en los itinerarios menos prestigiosos y dejar éstos al exclusivo cuidado de otros situados en zonas más prósperas. Podría, así, por falta de reflexión y de diálogo, aprovecharse la existencia de un problema real para justificar una doble discriminación: entre la enseñanza pública y la privada, que, aunque financiada con recursos públicos en el caso de la concertada, está encontrando los medios para no sufrir las dificultades que se derivan de la nueva realidad social y que se vería muy poco 'contaminada' por los itinerarios menos deseados, y, por otra parte, entre centros según la extracción social del alumnado.

El que se promulgue una ley llamada de calidad no implica necesariamente que contribuya a aumentar, en los hechos, la calidad de la enseñanza. Y si no está suficientemente meditada y consensuada, no es descartable que contribuya justamente a lo contrario.

Y la reválida resucitó


PEDRO SIMON
Viendo la que ha caído con la reforma universitaria, el Ministerio de Educación se ha curado en salud y ha decidido demorar la presentación en sociedad de una nueva norma que hará sonar los tambores de guerra, otra vez, de toda la comunidad educativa. De los padres también.

La Ley de Calidad de la Enseñanza estará destinada a descoyuntar la LOGSE, apunta de lleno a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y viene con un puñado de medidas rescatadas del pasado: la posible recuperación de la reválida al final del Bachillerato, la vuelta de los exámenes de septiembre, dividir a los chavales a partir de los 14 años según sus resultados, el fin de la promoción automática de la ESO, el aumento de las repeticiones de curso actuales...

Mucho deberá cuidarse Educación de no alborotar la calle en asuntos cruciales. Si la anunciada profesionalización del cuerpo de directores se hace a costa de sacrificar el actual sistema (donde padres, docentes y alumnos votan en el consejo escolar) y de imponer que éstos sean elegidos en el claustro (donde sólo están los profesores) las movilizaciones estarán aseguradas.

Nadie duda de que algunos cambios hacen falta en un sistema como el vigente, que ha puesto a nuestros escolares a la cola de Europa en áreas como matemáticas, lengua o literatura.

Nadie duda tampoco de algunos de los impagables valores sociales que trajo la LOGSE, tan necesarios ahora en tiempos de multiculturalidad y mestizaje.

Con destreza de cirujano deberá operar el Gobierno para no afectar a ninguno de los órganos vitales de nuestra Secundaria, verbi gracia la igualdad de oportunidades y la ampliación de la enseñanza hasta los 16 años. Tiempo al tiempo, veremos si el Ejecutivo popular le enmienda la plana a los socialistas en algo que tanto les criticó: la falta de financiación de la LOGSE. Sólo si la Ley de Calidad nace dotada económicamente resultará creíble el mensaje.