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Los
padres de alumnos se oponen a la división de los estudiantes en
itinerarios a los 14 años
Una investigación revela que las familias valoran la disciplina que
hay ahora en los centros
La
mayoría de los padres de alumnos de segundo (77%) y cuarto (80%) de
la ESO está en contra de la división de los estudiantes en
itinerarios a los 14 años de acuerdo con su capacidad, según una
investigación realizada durante cuatro años en 31 centros y en la
que han participado 13.000 padres y otros 13.000 alumnos. Este dato
contrasta con el de profesores que apoyan esta división: el 72,5%,
una conclusión aparecida ya en estudios anteriores. Los padres
valoran mucho (con una puntuación de 7 sobre 10) 'la forma en la
que los centros establecen el control de los alumnos y la
disciplina'. Los aspectos más valorados son la atención que
reciben en el centro (con un 7,5) y el funcionamiento (7,2).
El
informe destaca que cuanto más bajo es el nivel sociocultural de
las familias, menos expectativas tienen sobre los estudios de sus
hijos. También señala que el dato obtenido sobre la alta valoración
de los padres sobre la disciplina y el control de los alumnos que
hay en los centros se 'contrapone con la supuesta preocupación de
los padres por la situación de la convivencia en los centros'. El
informe refleja que los padres que tienen hijos en segundo de la ESO
valoran algo mejor el centro que los que los que tienen hijos que
cursan cuarto de la ESO y que, a lo largo de los cuatro años
analizados (entre 1997 y 2001), 'los padres han percibido un
progreso en el funcionamiento de ambos cursos, especialmente de
cuarto'.
Estos
resultados corresponden a una parte de la investigación La
evaluación de la educación secundaria. Fotografía de una etapa
polémica, que se presentará íntegramente en abril. El estudio
analiza la situación de los centros, su funcionamiento, los
resultados de los alumnos de primero, segundo y cuarto de la ESO en
las diferentes asignaturas y la opinión de padres, profesores y
alumnos sobre el funcionamiento de sus colegios e institutos. El
trabajo ha sido realizado en 31 centros educativos públicos,
concertados y privados durante cuatro años (de 1997 a 2001) por el
Instituto Idea, de la Fundación Santa María, que dirige el catedrático
de Psicología Evolutiva y de la Educación y ex secretario de
Estado en la etapa socialista, Álvaro Marchesi. Todos los centros
analizados son de la Comunidad de Madrid, pero el informe asegura
que los resultados 'pueden generalizarse con una amplio nivel de
confianza al conjunto de España, algo que permiten comprobar
estudios posteriores realizados en diferentes comunidades autónomas'.
-
Itinerarios. La opinión negativa de los padres a la separación de
los estudiantes en itinerarios a partir de los 14 años -una medida
que pretende introducir el Gobierno con la Ley de Calidad- coincide
con el estudio La familia española ante la educación de sus
hijos, realizado por el equipo del sociólogo Víctor Pérez-Díaz
y publicado por la Fundación La Caixa en 2001. En este informe se
preguntaba sobre la ESO a los padres: '¿Cree que los colegios deberían
distribuir a los alumnos por clase en función de su rendimiento
académico: los más brillantes a unas clases, los menos brillantes
a otras clases?'. El 76% contestó: 'No, en ningún caso'. Sólo el
12% dijo que sí y el 7%, 'sí, pero sólo en algunas materias'.
Los
profesores, sin embargo, están mayoritariamente de acuerdo con la
separación de alumnos en itinerarios por su capacidad, según el
estudio Opinión de los profesores sobre la calidad de la educación,
de 2001, realizado también por el Instituto Idea.
En
esa encuesta, los docentes daban una puntuación de 7,3 sobre 10 a
la creación de dichos itinerarios, mientras que otorgan sólo un
4,8 al aumento del número de repeticiones de curso permitidas
(actualmente se puede repetir una vez en primaria y dos en la ESO;
con la Ley de Calidad se podrá repetir una vez cada uno de sus
cuatro cursos de la ESO).
-
Expectativas de los padres. El 91% de los padres de alumnos que
cursan cuarto de la ESO de un contexto sociocultural alto y más del
84% con niños en segundo esperan que sus hijos cursen estudios
universitarios. Sin embargo, cuando el contexto sociocultural es
bajo, este porcentaje es del 38% en los padres con hijos en segundo
de la ESO y del 39%, en cuarto.
En
los padres de contexto cultural medio-alto se observa una disminución
de sus expectativas sobre los futuros estudios de sus hijos a lo
largo de los cuatro años estudiados: cuando sus hijos estaban en
segundo de la ESO, más del 76% esperaba que fueran a la
universidad, mientras que cuando esos mismos niños cursaban cuarto
de la ESO, este porcentaje se redujo al 66%.
La
investigación señala que 'las expectativas de los padres tienen
una influencia notable en los resultados académicos de los hijos'.
Otra conclusión es que 'las expectativas de los padres con hijos en
segundo de la ESO tienen una alta correlación con la ayuda en los
estudios que las familias proporcionan a sus hijos'. Esto significa,
explica el texto, que 'los padres que esperan más de sus hijos les
ayudan más en sus estudios, aunque se observa también que no por
eso conocen mejor cómo funciona la secundaria ni participan más en
las actividades que realiza el centro dirigidas a las familias'.
-
Valoración de los centros. Los padres valoran mucho la atención
que reciben en el centro, su funcionamiento y la disciplina, pero
son mucho más críticos con su capacidad de participación en el
centro (con una puntuación media entre los dos cursos analizados de
6,2 sobre 10), las calificaciones que reciben sus hijos (6,3) y las
actividades extraescolares que se ofrecen a las familias en el
centro escolar (6).
En
cuanto a la valoración de la relación o comunicación entre los
centros y las familias, la opinión positiva se corresponde con la
que manifestaban los profesores de esta relación (el 82% la
consideraba muy satisfactoria) en el estudio Opinión de los
profesores sobre la calidad de la educación, de 2001.
La
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales
goza del respaldo del 68% de los padres, que la consideran positiva
o muy positiva y respecto a que exista un único título al
finalizar la ESO, el apoyo de las familias es del 57%.
-
Fracaso escolar. Las causas del fracaso escolar en la que coinciden
más padres es el poco esfuerzo del alumno (43%), seguida de que el
profesorado no adapta sus enseñanzas adecuadamente (33%). El 9,6%
de los padres reconoce como una causa que las familias no colaboran,
el 9% cree que se debe a que los contenidos son poco interesantes y
el 5%, a la poca capacidad del alumno.
Los
profesores, en el citado estudio de 2001, consideraban como causas más
importantes de los problemas educativos (no sólo del fracaso
escolar) la falta de interés del alumnado por aprender y la escasa
colaboración de las familias.

LA
REFORMA EDUCATIVA
CiU
considera que la reforma educativa es "cruel" y
"segregadora"
La
consejera catalana Carme-Laura Gil reclama consenso para evitar 'una
norma de partido'
La
Generalitat de Cataluña rechaza frontalmente el proyecto de reforma
de la enseñanza primaria y secundaria del Gobierno del PP. La
consejera de Enseñanza del Ejecutivo de CiU, Carme-Laura Gil,
calificó ayer de 'retrógrado y propio de los años sesenta' el
modelo preconizado por la ministra Pilar del Castillo, y de
'segregador y cruel' la separación de los niños a los 12 años, así
como el sistema de itinerarios que 'obliga a las familias a decidir
el futuro de sus hijos a los 13 años'. Gil considera que esta
reforma no puede ser 'una ley de partido, sino de todos' porque
afecta a 'toda la sociedad'.
'Cuando
lees el documento, la impresión que da es que para intentar
resolver algunos puntos débiles del actual sistema se busca un
mecanismo de los años sesenta', explica la consejera de Enseñanza
catalana. 'Es una ley retro que no tiene futuro', añade. Gil
reconoce que puede haber 'desconcierto y desencanto entre el
profesorado y en la sociedad', pero asegura que el culpable de esta
situación no es el modelo educativo. 'No es el sistema el que crea
los problemas, surgen de los cambios sociales, de las dificultades
de adaptación a un nuevo tipo de alumno, a una nueva sociedad',
explica.
El
proyecto del PP establece que los estudiantes de 12 años con bajo
rendimiento o los inmigrantes recién llegados puedan ser separados
de los demás, que los de 14 años -la edad en que llegan a tercero
de ESO- sean divididos en dos grupos: los que deseen cursar
bachillerato y los que quieran estudiar formación profesional o
insertarse en el mercado laboral, y que a los 15 años los jóvenes
puedan dejar los estudios e integrarse en un programa de iniciación
profesional.
'Ningún
país de Europa', asegura Gil, 'ningún país que quiera ser motor
económico, cultural y de educación, propone que a los 12 años se
segregue una parte de los alumnos de manera cruel y como un estigma,
y que se obligue a sus padres a decidir cuál será el futuro
profesional de un joven que todavía está en la prepubertad'.
Para
Gil se trata de un modelo 'absolutamente segregador', porque no
puede concebirse que un joven de esta edad, 'que no tenga interés
en estudiar, se salga del sistema sin tener antes las habilidades básicas
y los conocimientos para poder progresar como persona'. Para la
titular de Enseñanza del Gobierno catalán, el proyecto de la
ministra Del Castillo no solucionará nada. 'Causará más fracaso
escolar porque no tiene como objetivo eliminar el fracaso escolar,
sino poner exámenes, que no es lo mismo'. Gil asegura que, ya antes
de que Pilar del Castillo hiciera público el proyecto de ley, le
hizo llegar a la ministra su disconformidad con las lineas generales
que ésta había avanzado desde el ministerio.
Convergència
i Unió recibió fuertes críticas por su apoyo parlamentario a la
polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), si bien siempre se
defendió argumentando que gracias a sus enmiendas las partes más
antiautonómicas del texto se habían suavizado. Ayer, sin embargo,
Gil quiso matizar que si bien la LOU 'es una ley importante, no deja
de ser sectorial en cuanto que afecta a una parte reducida de la
soiedad, mientras que la reforma emprendida ahora por el PP afecta a
toda la sociedad española, puesto todo el mundo pasa por la enseñanza
obligatoria'. Por otro lado, Gil reconoció que el proyecto tiene
algunos aspectos secundarios con los que la Generalitat puede estar
de acuerdo, como el fin de la promoción automática o el refuerzo
de los equipos directivos de los centros.
Gil
lamenta que el PP no haya aprovechado la ocasión para abrir un
periodo de reflexión sobre la enseñanza mirando al futuro y no
buscando soluciones en el pasado. 'Era una ocasión en que podíamos
pensar todos juntos en una norma con fuerza, y va y copiamos una de
los sesenta, retrógrada totalmente', asegura. 'Somos demócratas',
añade, ' y creo que la negociación es la herramienta privilegiada
para llegar acuerdos'.
Los
representantes de las comunidades de Valencia y Navarra, ambas
gobernadas por el PP, se mostraron satisfechas respecto al documento
base de la ley, informa Marta Aguirregomezcorta. Aún así,
el consejero navarro, Jesús Laguna, recalcó que 'es preciso' que
desde la realidad de cada una de las comunidades se introduzcan
mejoras. Las comunidades socialistas de Extremadura, Andalucía y
Asturias, reiteraron su 'total desacuerdo'. 'Decirle a un niño que
elija un itinerario a los 14 años es un abuso y un atraco a mano
armada', señaló el presidente de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra. La consejera andaluza de Educación, Cándida
Martínez, se quejó del 'déficit democrático' de esta ley.
Mientras que el consejero asturiano Francisco Javier Fernández
Vallina declaró: 'Me siento decepcionado por una ley segregadora
que plantea el absurdo divorcio entre una educación igualitaria y
la cultura del esfuerzo'.

LA
REFORMA EDUCATIVA
El
esfuerzo público en educación desciende casi 3.000 millones de
euros en siete años
Las
desigualdades regionales han aumentado, según el informe 'España
2002'
El
gasto público en educación ha descendido en siete años cerca de
3.000 millones de euros (casi medio billón de pesetas), según
recoge el informe España 2002 de la Fundación Encuentro,
presentado ayer. Esa cantidad es la que se ha dejado de gastar en
2000 por no haberse mantenido el porcentaje del Producto Interior
Bruto (PIB) destinado a educación que se dedicó en 1993, que fue
del 4,9%. En 2000 se redujo al 4,5% de un PIB mucho más elevado
gracias a la bonanza económica. El informe también destaca que la
descentralización del Estado no ha ido pareja con un descenso de la
desigualdad.
El
informe España 2002, elaborado por una treintena de expertos
para la Fundación Encuentro, analiza la situación social a partir
de un eje, la descentralización del Estado en aras de las mayores
competencias de las comunidades autónomas. En términos generales
constata que 'el proceso autonómico no ha ido acompañado de una
reducción de las desigualdades', según el presidente de la fundación,
José María Martín Patino.
Gasto
educativo insuficiente. El análisis de la fundación dedica un
capítulo a la situación educativa. Destaca las 'insuficiencias y
disparidades' en el gasto público que se dedica a esta materia.
Cita el informe del Consejo Escolar del Estado sobre el curso
1998-99, según el cual el gasto público en educación se situó en
el 4,6% de la riqueza generada en España (Producto Interior Bruto,
PIB), cifra que significa un descenso de tres décimas desde el 4,9%
de 1993.
El
estudio social también recoge el informe del Consejo escolar del
Estado, dependiente del Ministerio de Educación, sobre el curso
1999-2000 en el que se afirma: 'En 2000, el gasto público educativo
-el financiado por los presupuestos- estaba cuatro décimas por
debajo, en porcentaje de PIB, de la situación alcanzada en 1993, lo
que significa que, en pesetas del 2000, gastamos casi medio billón
de pesetas menos que en 1993'.
Un
análisis del sindicato Comisiones Obreras detalla que, siguien el
mismo patrón, esa reducción de casi medio billón fue de 440.000
millones de pesetas. Añade que el descenso en 2001 fue aún mayor:
479.000 millones menos. Según Comisiones Obreras, de haberse
mantenido el porcentaje del PIB de 1993 en gasto educativo durante
los años siguientes, el desembolso público en educación debería
haber sido de 2,46 billones de pesetas más a lo largo de los ocho
últimos años. Este descenso del gasto educativo es especialmente
relevante desde 1996, una época de expansión económica.
Cambios
sin dinero extra. La Fundación Encuentro considera 'válidas'
las conclusiones que sacaba el Consejo Escolar del Estado al
estudiar el curso 98-99: 'Estamos en el mismo nivel global que en
1991, cuando empieza una reforma que debería llevar pareja una
fuerte inversión adicional y que, dentro de lo constante de las
cifras, se aprecia un descenso en el gasto público y un incremento
en el gasto que realizan las familias'. El organismo también incidía
en que sólo la inversión pública garantiza la igualdad de
oportunidades.
Desigualdad
autonómica. Según el autor del capítulo educativo, el catedrático
de Historia de la Educación Manuel Puelles (UNED), las
desigualdades educativas 'han aumentado'. El informe recuerda que el
punto de partida también era desigual. En 2000, cuando concluyeron
las transferencias educativas, la situación ya era dispar entre las
comunidades autónomas (diferencias en los equipamientos, las tasas
de escolarización...). Antes de esa fecha, en 1998, el gasto público
medio por alumno era de 339.609 pesesetas, sin contar la
Universidad.
Educación
infantil. Éste es uno de los tramos donde se dejan sentir con más
fuerza 'los desequilibrios regionales', según Puelles. Aunque ha
aumentado la escolarización de los niños entre tres y cinco años
(el 66% estaba escolarizado en 1984 y el 92,5% en 1998), persisten
grandes diferencias. Mientras en el País Vasco acude al colegio
99,9% de los pequeños, en Andalucía sólo lo hace el 83%. Esta
comunidad ocupa el último lugar. Le precede la Comunidad Valenciana
(89,5%).
Pocas
plazas. El informe también destaca el 'déficit de plazas públicas'
en la primera etapa de la educación infantil (menores de tres años).
Más de la mitad de los niños escolarizados en ese tramo de edad
acuden a centros privados (56,2%). Puelles incide en la importancia
de este nivel educativo no obligatorio: 'Sólo con igualdad de
oportunidades en la escuela infantil los alumnos tendrán equidad en
los niveles siguientes'.
Bachillerato
y FP. A juicio de Puelles, estos niveles de enseñanza no
obligatorios son, junto con el tramo de infantil, los que sufren en
mayor medida las desigualdades. Señala que en Bachillerato y
Formación Profesional ha aumentado la escolarización (58% en 1984
y el 68% en 1998). Sin embargo, hay grandes diferencias autonómicas.
Mientras en el País Vasco la escolarización es del 81% en Baleares
es del 52,8%. Además de este archipiélago, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía permanecen por debajo de la media
Varapalo
al ministerio. El informe critica al Ministerio de Educación
por la 'inflación injustificable' de órganos superiores que
mantiene pese a carecer prácticamente de competencias de gestión.
Pide que cumpla su papel 'corrector de las desigualdades regionales
y evaluador del sistema educativo', según Puelles. Criticó sobre
todo al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). 'No ha
cumplido la función para que fue creado. Carece de la suficiente
legitimidad o fiabilidad para evaluar el conjunto del sistema
educativo', añadió. Propuso que se convierta en una agencia
especializada y sometida sólo a control parlamentario. En cuanto al
Consejo Escolar del Estado planteó que debe convertirse en 'en el
espacio público donde se debata la reforma educativa'.
Pacto
para la reforma. La Fundación Encuentro es partidaria de un
pacto de Estado y de otro social para abordar la nueva reforma
educativa con consenso.

CARTAS
AL DIRECTOR
Calidad
de la educación
Los
profesores de enseñanza que trabajamos en centros públicos
seguimos esperando a un ministro o a una ministra de Educación que
crea realmente en su cargo, es decir, que crea que por encima de
cualquier compromiso, su tarea es demostrar que la enseñanza pública
le importa lo suficiente como para que al terminar su mandato pueda
decir que ésta se encuentra en mejor lugar que cuando él o ella
accedieron al cargo. ¿Alguien se imagina al director de Ford España
llegando todos los días a su trabajo conduciendo un Citroën o
viceversa? Pues en la puerta de cualquier centro de enseñanza
privado o concertado de enseñanza primaria o secundaria de España
se puede ver a diario cómo van llegando alumnos cuyos padres o son
autoridades políticas o tienen relación con el mundo de la enseñanza.
En los últimos 25 años, ¿cuántos ministros de Educación han
llevado a sus hijos a centros públicos? ¿Cuántos consejeros de
Educación de las 17 comunidades autónomas lo hacen en estos
momentos? ¿Cuántos profesores de enseñanza secundaria?
El
problema, efectivamente, es de credibilidad. Por eso, por muchas
reformas que nos vengan, mientras no haya al frente del Ministerio y
de las consejerías de Educación responsables que crean de verdad
en la enseñanza pública, el futuro de ésta continuará bajo
sospecha. Hace menos de un mes que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid decidió dar una paga extra de dos millones de pesetas a
profesores que llevaban trabajando 25 años. A profesores de la enseñanza...
privada concertada. Por supuesto. Parece ser que en la pública no
encontraron a nadie que cumpla este requisito. ¿Y con esta carta de
presentación me quieren convencer de la bondad de las reformas?
Nadie que conozca la situación de la enseñanza en nuestro país
puede dudar de la necesidad de las reformas; pero entre la cerrazón
de los socialistas, la demagogia de Izquierda Unida, el folclor de
los sindicatos de estudiantes, la falta de representatividad de los
sindicatos de profesores, la desgana de la mayoría de éstos y la lógica
electoral del Partido Popular teniendo en cuenta los sectores que le
apoyan, no queda ninguna razón para el optimismo, al menos para
quienes creemos que un sistema público de enseñanza debería de
ser sinónimo de exigencia, tanto si eres de izquierdas como si eres
de derechas, a lo mejor todavía más si de verdad te sientes de
izquierdas, porque, a estas alturas, decir calidad ya no significa
nada.
Pelayo
Molinero Gete .Coslada, Madrid

La
ministra de Educación ha expuesto algunas de las líneas maestras
de lo que será la futura Ley de Calidad de la Enseñanza, pero la
falta de una discusión previa con los responsables autonómicos,
que tienen transferidas las competencias, y con la comunidad
educativa, que es la que tendrá que aplicarla, ha impedido madurar
las medidas propuestas y evaluar mejor sus efectos
contraproducentes.
Parece
claro que la enseñanza secundaria es en estos momentos la clave del
edificio educativo en nuestro país, el sector más influyente sobre
el nivel cultural y profesional de la población, incluida la
preparación con la que se llega a la Universidad, y sobre el que más
problemas se han venido acumulando. Problemas que tienen que ver con
la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años,
la dejación de responsabilidades en la educación de los hijos, el
aumento de los alumnos provenientes de familias de inmigrantes y la
falta de estímulo y de consideración de los profesores, verdaderos
paganos del proceso.
La
LOGSE supuso un cambio radical en la organización de la enseñanza
secundaria, pero su aplicación ha hecho surgir un cúmulo de
dificultades que hay que resolver. Sin un diagnóstico que no se
base en lugares comunes luego desmentidos por los estudios
cuantitativos, la respuesta puede incluso ser contraproducente. De
momento, en un asunto en el que todos reconocen el esfuerzo que hay
que hacer, tanto económico como de estímulo a los profesores y
organización de los centros, no es bueno empezar poniendo el acento
en una medida como la reválida.
Las
pruebas puntuales de la reválida no tienen relación directa con la
calidad de la enseñanza, pero pueden influir en el esfuerzo de
alumnos y profesores durante los cursos cubiertos por la misma. Por
otra parte, algún tipo de supervisión pública externa a los
centros parece necesaria, habida cuenta la fuerte presencia de un
sector privado y la evidencia de que puede haber centros que
sobrecalifiquen a sus alumnos para atraer clientes, en
detrimento de los públicos o privados más rigurosos. Es práctica
común en todos los países educativamente desarrollados. Pero, si
esto es así, no se entiende la precipitada supresión de la prueba
de selectividad, que cumplía ese papel, al tiempo que servía para
redistribuir a los alumnos en los centros solicitados por ellos
cuando había problemas de acceso. Ahora se plantea separar la reválida
de las pruebas de acceso, en los casos en que éstas sigan
existiendo, con lo que se duplican los exámenes para algunos y se
hace más difícil su organización y la del último curso de
bachillerato.
La
otra innovación anunciada es la de los distintos itinerarios, que
responden a la existencia de alumnos que en la última fase de la
secundaria carecen de la motivación suficiente para seguir los
cursos y perjudican su buena marcha. Pero fácilmente pueden
plantearse en términos de puro rendimiento académico, más que en
términos de motivación, y acabar sirviendo para discriminar
tempranamente en términos de procedencia social. A este respecto es
fácilmente comprensible el temor de muchos centros situados en
zonas deprimidas a especializarse en los itinerarios menos
prestigiosos y dejar éstos al exclusivo cuidado de otros situados
en zonas más prósperas. Podría, así, por falta de reflexión y
de diálogo, aprovecharse la existencia de un problema real para
justificar una doble discriminación: entre la enseñanza pública y
la privada, que, aunque financiada con recursos públicos en el caso
de la concertada, está encontrando los medios para no sufrir las
dificultades que se derivan de la nueva realidad social y que se vería
muy poco 'contaminada' por los itinerarios menos deseados, y, por
otra parte, entre centros según la extracción social del alumnado.
El
que se promulgue una ley llamada de calidad no implica
necesariamente que contribuya a aumentar, en los hechos, la calidad
de la enseñanza. Y si no está suficientemente meditada y
consensuada, no es descartable que contribuya justamente a lo
contrario.

Y
la reválida resucitó
PEDRO SIMON
Viendo la que ha caído
con la reforma universitaria, el Ministerio de Educación se ha
curado en salud y ha decidido demorar la presentación en sociedad
de una nueva norma que hará sonar los tambores de guerra, otra vez,
de toda la comunidad educativa. De los padres también.
La Ley de Calidad de la Enseñanza estará destinada a descoyuntar
la LOGSE, apunta de lleno a la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y viene con un puñado de medidas rescatadas del pasado: la
posible recuperación de la reválida al final del Bachillerato, la
vuelta de los exámenes de septiembre, dividir a los chavales a
partir de los 14 años según sus resultados, el fin de la promoción
automática de la ESO, el aumento de las repeticiones de curso
actuales...
Mucho deberá cuidarse Educación
de no alborotar la calle en asuntos cruciales. Si la anunciada
profesionalización del cuerpo de directores se hace a costa de
sacrificar el actual sistema (donde padres, docentes y alumnos votan
en el consejo escolar) y de imponer que éstos sean elegidos en el
claustro (donde sólo están los profesores) las movilizaciones
estarán aseguradas.
Nadie duda de que algunos cambios
hacen falta en un sistema como el vigente, que ha puesto a nuestros
escolares a la cola de Europa en áreas como matemáticas, lengua o
literatura.
Nadie duda tampoco de algunos de
los impagables valores sociales que trajo la LOGSE, tan necesarios
ahora en tiempos de multiculturalidad y mestizaje.
Con destreza de cirujano deberá
operar el Gobierno para no afectar a ninguno de los órganos vitales
de nuestra Secundaria, verbi gracia la igualdad de oportunidades y
la ampliación de la enseñanza hasta los 16 años. Tiempo al
tiempo, veremos si el Ejecutivo popular le enmienda la plana a los
socialistas en algo que tanto les criticó: la falta de financiación
de la LOGSE. Sólo si la Ley de Calidad nace dotada económicamente
resultará creíble el mensaje.
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