Sobre la
"Ley de Calidad"
A principios de los años 90 con el propósito
de democratizar el Sistema Educativo, contribuir
a compensar desigualdades sociales y con la
intención de ampliar la escolarización hasta los
16 años nació la LOGSE, en aquel momento los
STEs denunciamos sus deficiencias, entre ellas,
y quizás la más importante la falta de
financiación para poner en práctica las medidas
educativas necesarias para abordar los objetivos
iniciales propuestos. Durante diez años se ha
ido implantando progresivamente la LOGSE, aunque
en muchos casos su aplicación pasó
exclusivamente por el cambio de nombre de los
cursos, ligera reducción de la ratio,
desconcierto del profesorado -con el que no se
había contado y se sintió excluido desde el
principio- y al que no se proporcionó la
formación adecuada, confusión con las
repeticiones al finalizar los ciclos y la
ausencia casi absoluta de medidas correctoras
como profesorado de apoyo, agrupamientos
flexibles, contratación de trabajadores/as
sociales, etc. Durante estos años la sociedad
también ha evolucionado, los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías cada día
tienen más influencia, e imponen los valores que
triunfan socialmente, el enriquecimiento rápido,
sin esfuerzo y a cualquier precio, la violencia
, la baja consideración social de la cultura.
Simultáneamente, al tiempo que ha ido
disminuyendo la consideración social del
profesorado han aumentado progresivamente las
exigencias y responsabilidades que se demandan a
los centros educativos. Durante este tiempo el
Gobierno del PP lejos de incrementar el
presupuesto para hacer frente a esta situación
va reduciendo progresivamente el gasto público
en educación, pasando del 4,8 % en 1992 al 4,5%
en 2001, al tiempo que desvía fondos para
financiar la enseñanza privada con el régimen de
conciertos, conciertos que cada día acogen a
mayor número de centros religiosos de élite.
Tampoco se han proporcionado las herramientas y
recursos necesarios para afrontar las nuevas
demandas a las que se ha ido enfrentado el
sistema educativo. Y al tiempo que con una mano
fomentan el deterioro del sistema público, por
otro se lanzan a una campaña mediática sin
precedentes en la que sistemáticamente se pone
de manifiesto la catastrófica situación que
atraviesa la escuela pública, pero se omite
cualquier referencia a los centros concertados,
en los que a buen seguro también “cuecen habas”
y a los que a pesar de estar pagados con dinero
público se les permite una vergonzosa selección
del alumnado.
Todo perfectamente calculado, el campo está
abonado y el clima ahora es el adecuado para
acometer su verdadero objetivo, la privatización
de todos los servicios públicos, le ha llegado
la hora a la educación.
Analizaremos a continuación el documento de
bases de la "Ley de Calidad" e intentaremos
explicar por qué a nuestro juicio las propuestas
ministeriales no mejorarán la situación de la
enseñanza pública pero sí la convertirán en
asistencial y subsidiaria de la enseñanza
concertada.
Comienza el documento con un preámbulo
en el que llama la atención el lenguaje
economicista y mercantil, habla de la educación
como un artículo de primera necesidad y no como
un derecho fundamental , responsabilizan a cada
individuo de su propia formación olvidando la
responsabilidad que corresponde al Estado, se
hace también especial hincapié en la educación
permanente para ser útiles a una sociedad
fuertemente competitiva que de aprobarse, como
todo parece indicar la Ley de FP, tendremos que
realizar fuera del horario laboral y pagándola
de nuestros propios bolsillos, para asegurar que
la clase empresarial no sufra el menor gasto y
tenga siempre mano de obra formada donde elegir.
Se contrapone la "cultura del esfuerzo" a la
inversión educación, el gobierno al que tanto
gusta de compararse con los países europeos no
lo hace en esta ocasión y omite que España está
a la cola de Europa en gasto por alumno/a. Se
habla reiteradamente de motivar al alumnado para
buscar la excelencia, sin dar la menor pista de
cómo lograrán esa motivación que aparece ligada
a los itinerarios, ¿dispone la ministra de una
varita mágica?, de lo contrario ¿cómo pretende
que agrupando a los alumnos y alumnas en función
de su rendimiento escolar -casi siempre ligado
al nivel social-, y asignándoles el itinerario
adecuado a su procedencia mejore su motivación?.
1. Sobre la calidad de la
educación
Calidad es uno de esos términos que cada
persona entiende de forma distinta, en este caso
la política conservadora del PP concibe la
calidad de la enseñanza como una idea
esencialmente propagandística, en la que
pretende camuflar términos menos correctos como
élite, selección, clasificación, distribución
social. De otra forma no se entiende que en este
apartado se incluya la profesionalización de la
dirección que alejará a los directores/as de la
realidad de las aulas y serán controladores de
la Administración o la verificación de los
procesos y los resultados.
2. Estructura del Sistema
Educativo
En educación infantil se abren las
puertas al establecimiento de convenios con
entidades locales y otras instituciones, en
lugar de dotar a los centros públicos con los
recursos económicos y el personal necesario para
ofertar este tramo. En este punto insistimos en
la necesidad de reforzar el carácter educativo
de este tramo y rechazamos la tentación de
contemplarlo con carácter asistencial.
Respecto a la educación primaria, la
eliminación del currículum de áreas como la
educación plástica y la música supone un paso
atrás en las formación integral de las niñas y
niños, y de nuevo sólo el alumnado de
determinados estratos sociales podrá desarrollar
estas facultades, ya que los colegios
concertados ofrecerán estos conocimientos previo
pago en forma de asignaturas optativas, al
margen del perjuicio que causará a las y los
docentes de estas asignaturas.
Educación secundaria obligatoria, la
posibilidad de segregar al alumnado a partir de
los 12 años en grupos de refuerzo educativo es
una medida discriminadora y que difícilmente
colaborará en la elevación del nivel cultural
del alumnado y por tanto de la sociedad, máxime
si se han eliminado áreas como las anteriormente
mencionadas en las que estos alumnos y alumnas
suelen destacar. Respecto al COAP, su marcado
carácter preparatorio desvirtuará una etapa en
la que se ha de adquirir una formación básica,
no sólo una formación para el mercado laboral o
para lo que se va a estudiar con posterioridad.
Es fundamental la existencia de medidas de
apoyo para los chicos y chicas que tengan que
repetir curso, pues lo que hay que conseguir es
que se alcancen los niveles mínimos en las
distintas áreas y no la acumulación en
itinerarios eufemísticamente llamados “más
adaptados a sus condiciones”.
La obtención del título de graduado en
educación secundaria debe estar condicionado a
la decisión de la junta de evaluación, para
evitar que la decisión de un solo docente pueda
impedir la obtención de dicho título.
En Bachillerato se pretenden
desarrollar primordialmente capacidades como
"aplicar las tecnologías de la información...",
confundiendo objetivos con los medios o
instrumentos para lograr esos objetivos. Con la
reválida se pretende seleccionar lo más barato y
lo antes posible al alumnado en su destino
final. La media que se hace con el bachillerato
favorece a los centros concertados que tienen
tendencia a hinchar las notas para favorecer
–contentar- a sus alumnos/as , y en este caso
clientes. La exigencia de pasar la reválida para
acceder a FP de grado superior deja en situación
de precariedad a aquellas personas que hayan
aprobado los dos cursos de bachiller pero no
superen la prueba final.
3. Atención al alumnado con
necesidades educativas específicas
En este punto se omite toda referencia a las
condiciones de escolarización, cuando debería
ser una prioridad que estos alumnos/as, tanto
extranjeros como con necesidades educativas
especiales se repartiesen entre todos los
centros públicos y concertados de su entorno. Se
conculca el derecho de este alumnado a una
formación integral y se le empuja al aprendizaje
profesional. La creación de “programas de lengua
y cultura “ y de “aprendizajes instrumentales
básicos” además de dirigir a estos alumnos y
alumnas al mercado laboral con escasa o nula
cualificación, con lo que el sistema se asegura
que este colectivo no compita con la población
nacional por puestos cualificados, concentrará a
este alumnado en los centros públicos, ya que
los concertados se escudarán en que no ofertan
este tipo de programas para rechazarlos. Esto
contribuirá a la creación de centros “gueto” y a
la huida de las clases medias y medias-bajas de
los centros públicos.
Por otra parte son los centros privados
sostenidos con fondos públicos los que deben
eliminar de sus normas de admisión cualquiera
que dificulte la escolarización de niños y niñas
de otras culturas y religiones y no a la inversa
como se señala en el documento.
4. Organización y dirección
de los centros docentes públicos
Criticamos el déficit democrático que supone
la pérdida de competencias tanto del claustro
como del consejo escolar que pierden su carácter
de órganos de gobierno y se convierten en meros
órganos de participación y control de los
centros.
En el apartado de autonomía de los centros
dice textualmente "la autonomía pedagógica de
los centros educativos permitirá que en ellos se
ofrezcan proyectos educativos que refuercen y
amplíen determinados ámbitos del currículo...",
de nuevo una clara invitación a que los centros
privados concertados se especialicen en
determinados itinerarios y no oferten los más
conflictivos que serán el de orientación
tecnológica y los programas de iniciación
profesional (actual garantía social). Estos dos
itinerarios sí que tendrán que ofertarse en los
centros educativos públicos, con lo que la
"excelencia educativa" estará fuera de los
centros públicos, que insistimos se quedarán
como meramente asistenciales frente a la
iniciativa privada concertada que seleccionará a
su alumnado y expulsará a aquellos/as que puedan
causar el mínimo problema y mínimo gasto
extraordinario.
También se hace referencia en el documento a
la posibilidad de contratar personal cualificado
que ayude a mejorar el clima de convivencia "en
función de las disponibilidades presupuestarias"
. No entendemos cómo el deterioro del clima de
convivencia, que es uno de los principales
argumentos del Ministerio para justificar su
reforma, deja de ser una prioridad, y queda
“pendiente de que exista presupuesto”.
No se hace en todo el texto ninguna mención a
la necesaria relación del proyecto de centro con
su entorno, obviando, por ejemplo, las
necesidades específicas de los centros del medio
rural.
En el apartado de admisión de alumnos y
alumnas sigue siendo un criterio prioritario
la renta anual per cápita de la unidad familiar,
criterio que desde nuestro punto de vista, dada
la situación actual, debería eliminarse del
baremo de acceso a los centros públicos.
La elección de los directores/as por parte de
la Administración educativa y de los órganos
colegiados del centro, y el eximirlos de la
docencia directa alejará a este colectivo de la
realidad de las aulas y por tanto del claustro
dificultando el diálogo y entendimiento entre la
comunidad educativa. La golosina que se les
ofrece como la consolidación de un complemento
retributivo en caso de valoración positiva y el
tomarlo como mérito para el acceso a la
inspección educativa, hará que estén más
preocupados de contentar a sus superiores
jerárquicos y de conservar la imagen de su
centro que de mejorar realmente el trabajo
diario del mismo.
Los "curso de formación específicos"
aumentarán el ya nutrido mercadeo de los mismos,
con los resultados que conocemos.
Una de las mayores exigencias del profesorado
y que la Ministra se ha comprometido a
solucionar es la revalorización de la labor
docente, otro engaño, nada de esto aparece en el
documento de bases, únicamente se enuncian las
funciones de las profesoras y profesores
obviando cualquier referencia a la labor
educativa y vuelve a concebirse al colectivo
como un mero transmisor de conocimientos. En las
medidas que se enumeran para afianzar la
autoridad y el reconocimiento social de las y
los docentes no se refleja ningún aspecto que no
existiera hasta ahora , participación en el
informe de evaluación escolar, participación en
la junta de evaluación,....volvemos a acordarnos
de la varita mágica de la Sra. Ministra ¿la
utilizará también para revalorizar socialmente
la labor docente?.
Los únicos –supuestos- estímulos que se
ofrecen al profesorado son la jerarquización del
colectivo, volviendo a resucitar el cuerpo de
catedráticos con una lista interminable de
privilegios y una evaluación periódica y en
principio “voluntaria” de nuestro trabajo, que
no sabemos con qué criterios se efectuará y
quienes serán los encargados de realizarlas,
aunque comparando con lo ya conocido ¿se
efectuarán con la misma rigurosidad e
imparcialidad que las que actualmente se
realizan para acceder a licencias por estudio?,
si es así ya podemos echarnos a temblar ya que
el resultado, que tendrá efectos para movilidad
, promoción y complementos de formación
favorecerá a los y las de siempre.
Tampoco se aborda seriamente la formación
tanto inicial como permanente del profesorado,
ya que sería un buen momento para incluir la
licenciatura para los estudios de magisterio –
en este punto también se huye de las
comparaciones con Europa – e incluir la
imprescindible formación pedagógica del
profesorado de secundaria.
Por una
enseñanza pública de calidad
Paremos las políticas conservadoras
Desde el pasado curso, a través de rumores,
filtraciones, globos sonda, declaraciones de la
Ministra y sus colaboradores vienen anunciando
una llamada "Ley de Calidad" de la Enseñanza.
Esta ley, pretende cerrar el ciclo de
implantación de las políticas conservadoras en
la educación pública del estado, que se ha ido
manifestando a través de los Decretos de
Enseñanzas Mínimas, la Ley Orgánica
Universitaria (LOU) y la Ley de Formación
Profesional (FP). Con ello, el Partido Popular
pretende imponer su mayoría parlamentaria para
ir acabando con un sistema público de calidad,
que se dedicaría a la formación de los sectores
sociales desfavorecidos y sin futuro académico,
y subsidiario de una enseñanza privada -
sostenida, eso sí, con fondos públicos
–reservada a la formación de las futuras élites.
Es importante que sepamos responder con
contundencia a las propuestas de la "Ley de
Calidad". Si graves han sido las agresiones de
las anteriores iniciativas del PP, no olvidemos
que esta Ley abarca los años esenciales del
proceso educativo: la enseñanza obligatoria, o
lo que es lo mismo, el periodo que marcará el
futuro de cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país.
Es necesario que se introduzcan cambios
- Es evidente que después de once años de
la promulgación de la LOGSE son necesarios
cambios. Muchos de los retos que trató de
responder siguen estando pendientes. Pero ya
en el momento de su aprobación, tanto los
STEs, como los MRPs, y otras voces
progresistas, denunciaron sus deficiencias.
La LOGSE no abordó todos los aspectos
necesarios para mejorar la calidad de la
educación. Se dieron por supuestas
condiciones que no existían, y no se crearon
las suficientes a medida que se implantaba.
Cuando anunciamos que la LOGSE nacería
muerta si no se acompañaba de la
financiación adecuada, sabíamos, como se vio
mas tarde, que ello iba a impedir elementos
esenciales de la misma: construcciones,
recursos materiales y humanos para la
atención a la diversidad, programas
realistas para capacitar al profesorado ante
los nuevos retos educativos, mejoras
laborales que lo posibilitaran, etc.
- La situación ahora es compleja. El
ambiente generado, especialmente en torno a
la educación secundaria, es propicio para
que se olvide incluso el discurso compartido
sobre la necesidad de suprimir la separación
entre la de la Formación Profesional (FP) y
el Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP). No se puede atribuir gratuitamente a
la ampliación de la escolaridad obligatoria,
ni a la implantación de un currículum
comprensivo, los problemas de fracaso, el
abandono o la indisciplina que se detecta en
nuestro sistema educativo. Ensayar nuevas
reformas, sin haber analizado previamente y
con seriedad, las causas del fracaso de las
anteriores, lleva a que tarde o temprano,
los problemas se reproduzcan, porque sus
causas, son de fondo y continuaran. Es por
ello, que compartimos con los firmantes del
Manifiesto de Javalquinto, la exigencia de
que previo a cualquier cambio legislativo se
lleve a cabo un amplio debate social sobre
las necesidades de nuestro sistema
educativo.
Oscurantismo, proceso antidemocrático
- El debate no parece ser la intención del
gobierno del Partido Popular. Sus
propuestas, han ido apareciendo a través de
ambigüedades, imprecisiones. Ni un solo
anteproyecto ha sido discutido por los
sectores sociales implicados en la educación
(estudiantes, madres y padres, profesorado).
Ni un solo estudio sobre el supuesto fracaso
del sistema ha podido ser discutido por los
expertos (que por otra parte niegan la
contundencia de tales datos y más aún las
propuestas que se proponen para
solucionarlos). El PP se ha limitado a
realizar consultas con entidades no
representativas, a convocar jornadas
propagandísticas con invitados a la carta, y
a utilizar los medios de comunicación para
justificar su proceso de reforma. Esperemos
que los partidos y las restantes
organizaciones democráticas no entren en el
juego y exijan luz y taquígrafos y la
participación sin exclusiones en todo el
proceso de debate de la Ley.
¿De que calidad hablamos?
- No todos dicen lo mismo cuando hablamos
de calidad en la educación. Tras su
significado pueden sobreentenderse cosas y
propuestas muy distintas. Es necesario el
debate para descubrir que estamos hablando.
Las políticas conservadoras conciben la
calidad de la enseñanza como una idea
esencialmente propagandística. Pretenden
camuflar términos menos políticamente
correctos, (élite, minorías) o alguna de sus
intenciones (selección, clasificación,
redistribución social...). Sustituyen el
discurso hasta ahora utilizado (igualdad,
compensación), por el de rentabilidad del
mercado y satisfacción de las familiar,
(entendidas estas como cliente de los
centros). Es por ello, que en sus propuestas
sobre la calidad y evaluación de la misma,
huye del análisis de los problemas y recurre
a "indicadores" abstractos o verdades a
medias que justifican las propuestas de
supuesto evaluador. Por citar unos ejemplos:
que haya un elevado absentismo en las
candidaturas a la dirección de un centro, no
quiere decir que se esté a favor de la
dirección designada por la administración, o
que haya un desplazamiento hacia los centros
privados de alumnado de secundaria, no
quiere decir que se está en contra de la
comprensividad.
Una enseñanza democrática
- Es uno de los objetivos que pretende
combatir el Partido Popular. Para cumplir
las directrices neoliberales de trasladar a
los sistemas públicos los esquemas de la
iniciativa privada, pretende desarrollar sus
ideas sobre eficiencia de gestión (ignorando
las diferencias entre la educación y
comercio), y eliminar las comparaciones y
las críticas a los modelos de gestión de los
centros privados que, pese recibir fondos
públicos, no se caracterizan especialmente
por su gestión democrática.
- Su objetivo es crear una burocracia con
bajo presupuesto: construir un grupo cercano
y dependiente de la administración, con un
talante "más comprensivo" ante sus medidas;
Difusor y/o controlador de lo que en cada
momento a ella le convenga. Estas ideas, ya
impulsadas por el PSOE a través de la LPEG
pretenden establecer de forma definitiva la
dependencia de los cargos directivos
(inspectores, directores y miembros del
equipo directivo de los centros) de sus
superiores jerárquicos.
- Con la Ley de Calidad se pretende
reducir aún más las competencias de los
Consejos Escolares, la designación de las
direcciones de los centros y un el mayor
fraccionamiento del profesorado a través de
la creación de nuevos cuerpos
(catedráticos).
La división social: de reválidas e
itinerarios
- Para la Confederación de stes, la
enseñanza obligatoria es aquella que
garantiza el derecho de todas y todos a una
educación que desarrolle sus capacidades en
igualdad de condiciones. Aquella que, en una
sociedad como la actual, les dote de una
sólida formación que les capacite para
afrontar los cambios de la vida,
especialmente los de un sistema laboral en
que las competencias necesarias se renuevan
rápidamente. En esta línea, tenemos motivos
para estar preocupados por el cumplimiento
de este derecho, especialmente cuando
sabemos que las desigualdades
socioeconómicas y culturales de la
procedencia familiar de los estudiantes, se
manifiesta en las mayores dificultades para
los menos favorecidos. Nos preocupa
cualquier medida que restrinja las
posibilidades de permanecer escolarizados o
segregue al alumnado con menor rendimiento.
Ello supone reproducir y agravar una
diferencia que es social.
- La enseñanza obligatoria debe tener unos
objetivos propios, sentido en sí misma. Será
eficaz si logra sus metas, no en función de
niveles posteriores. No puede tolerar ni la
selección previa, ni la interna, debiendo
realizar todos los esfuerzos para evitar su
abandono.
- La reválida y los itinerarios demuestran
claramente las intenciones del PP. Tratan de
seleccionar, lo mas barato y por tanto lo
antes posible, al alumnado en función de su
destino final. Con ello, el alumnado de
familias acomodadas y con ciertas
aspiraciones irán colocándose desde los
primeros años en aquellos centros de
primaria de "más nivel" y mejor relacionados
con los de secundaria con ciertas optativas,
que le permitan a su vez cursar un
bachillerato de calidad y optar a carreras
universitarias de primera categoría (todo
ello con el apoyo económico necesario en
forma de clases particulares, ordenadores
personales, o lo que sea necesario). Estos
centros de "más nivel", sobre la base de
criterios de eficacia y rentabilidad, no
podrán ser mas que unos pocos centros
públicos. El resto serán privados
concertados. Sobre la revalida (o
reválidas), no conocemos las condiciones
académicas y administrativas sobre las que
se desarrollará. Se quiere justificar desde
argumentos tan vagos como que cabe un nivel
de exigencia en los estudios actuales, y que
con ella se conseguiría al exigir del
alumnado esfuerzos que ahora no se exige.
- Los "famosos" niveles, la calidad del
sistema y la reducción del fracaso escolar
no tienen nada que ver con unas pruebas
finales, por muy amenazadoras que resulten.
La calidad y la reducción del fracaso
escolar solo se obtienen mediante una
intervención en cada una de las etapas,
ciclos, niveles y cursos, de las medidas
pedagógicas y didácticas adecuadas, así como
de los recursos materiales y humanos
necesarios para tratar la complejidad que
merecen las diferentes situaciones de
diversidad de alumnado.
- La revalidad, además, atenta
frontalmente contra la evaluación continua
que el profesorado realiza día a día sobre
su alumnado y su práctica docente. Se trata,
sin duda de una prueba de desconfianza sobre
él, y sobre el alumno, que en una sola
prueba ha de ser evaluado de lo que ya había
superado a través de la evaluación continua.
- La revalida, en el caso de la de
Bachillerato, también significa la
reintroducción fraudulenta de la
selectividad. Su superación es el requisito
de acceso a la universidad, pero se da la
paradoja, que según la LOU, también ésta
puede establecer una prueba cuando la
demanda supere la oferta establecida, con lo
cual, en muchos casos el alumnado se
encontrara con dos pruebas que miden
diferentes niveles. El alumnado, en tan solo
un año se encontrará con que debe superar el
nivel exigido conjuntamente entre el estado
y la comunidad autónoma (curso de
bachillerato), el exigido por el estado
(revalida), y el exigido por la universidad.
Es posible una escuela pública comprensiva
- No es de recibo que, instituciones
financiadas con fondos públicos, seleccionen
al alumnado y provoquen la concentración de
los problemas en determinados centros. Solo
pueden estar de acuerdo, quienes compartan
la idea de que el sistema público debiera
compita con el privado a costa de quitarse
de encima los problemas.
- No hay estudios que justifiquen que
segregar sea más eficaz. Baste comparar
datos actuales del llamado fracaso escolar
con los del antiguo bachillerato para dudar
de tal medida. Pero sobre todo, habría que
aclarar para quien es eficaz. Desde luego no
para el conjunto de la población escolar.
Volver a separar otra vez una formación más
académica de otra más práctica o profesional
sería una regresión que ni se adecua a la
visión de la educación integral, ni a las
necesidades del mercado laboral.
- Frente a modelos restrictivos, hay que
impulsar modelos flexibles en los que quepan
diferentes formas de participación y
progreso. Es necesaria una flexibilidad que
dé cabida a la diversidad de estudiantes y
responda adecuadamente a las desiguales
posibilidades que tienen para alcanzar los
mínimos establecidos. Es evidente que los
estudiantes más capaces y esforzados, no
deben ser penalizados por la fijación de
niveles mínimos para los que tienen menos
capacidades y disponibilidad. Hay que
establecer agrupaciones flexibles, que
puedan permitir los diferentes ritmos en la
organización de la enseñanza en las aulas y
en los centros, agrupaciones que no deben
ser permanentes ni estigmatizadoras de
nadie. Estas fórmulas son posibles y hay
sobradas experiencias que así lo demuestran.
Hay que ir incluso mas allá.
- Un nuevo modelo de sociedad, exige un
nuevo modelo de enseñanza, y en el caso del
alumnado que ya puede incorporarse al mundo
del trabajo, se les debería permitir salir y
regresar al sistema escolar alternando
periodos de escolarización con otros de
trabajo. Un nuevo modelo de sociedad,
debería estudiar incluso que el sistema
público podría servir para establecer
medidas compensatorias para los alumnos
"retrasados" fuera del tiempo y/o el
calendario escolar. Todo ello, una vez mas,
exige una inversión adecuada, tanto para la
preparación del profesorado adecuado, como
para la inversión en recursos humanos y
materiales.
La formación del profesorado y los
recursos de apoyo externo
- Afrontar la reforma de la formación
inicial y permanente del profesorado es una
necesidad que no puede ponerse en duda. El
nivel de formación del profesorado de
primaria sigue manteniendo el nivel de
diplomatura (y con ello nos situamos por
debajo de la media de la OCDE), y se sigue
manteniendo la creencia de que para educar a
los pequeños se necesita menos cualificación
que para hacerlo con los mayores (hay
organizaciones llamadas "de clase" que temen
afrontar el reto del Cuerpo Único empezando
por abajo). En cuanto a la formación
pedagógica de secundaria no hay mucho que
hablar. La LOGSE realizó un análisis válido
para su transformación, pero ni voluntades,
ni medios pudieron abordar una
transformación necesaria en la etapa que
mayor complejidad educativa iba a soportar.
Basar la formación del profesorado en la
reflexión sobre la práctica, supone la
creación de condiciones materiales y humanas
para que puedan formarse grupos de
profesores en un proceso continuado de
relación entre teoría y práctica.
- El buen trabajo realizado por los
docentes no tiene reconocimiento alguno. No
se ha reconocido su derecho a la formación
dentro de la jornada laboral (con la
necesaria reducción de horas lectivas), ni
se han puesto los medios para que este
reconocimiento social se lleve a cabo. Se le
ha ido reduciendo a la reproducción de los
programas diseñados por los burócratas de
los gobiernos, a rellenar formularios de uno
y otro tipo, mientras que no se les
incrementa el horario que les permita
atender las funciones del centro (reuniones
de profesorado, tutorías, etc. )La propuesta
de las diferentes reválidas es una prueba
más de cómo se genera desconfianza social.
- No debemos centrarnos solo en la
tradicional composición de un centro
educativo. Una sociedad compleja, una
educación compleja, necesita que también
cambie la estructura de los centros
educativos. Las figuras de los mediadores,
de los educadores sociales, de los equipos
psicopedagógicos, etc., en los centros, se
hacen necesarias. Sin embargo, debemos
evitar caer en la idea de que sobre ellos ha
de recaer el alumnado problemático. Dichas
figuras deben concebirse como la de
profesionales que conjuntamente con el
profesorado abordan y buscan soluciones a
los diferentes problemas del centro.
Sin financiación no hay reforma posible
- Pese al discurso oficial, los propios
datos del Ministerio nos indican como, el
porcentaje del PIB correspondiente al gasto
público en educación ha descendido del 4,8%
en 1992, al 4,6% en 1999 y, según los
últimos datos, al 4,5% en el año 2001,
mientras que el privado ha aumentado del
1,1% en 1992, hasta el 1,4%. En 1999, siendo
para el año 2001 de 1,2%. El gasto total
(público más privado) era del 5,8% en 1992 y
ahora es del 5,6%. Es decir, en España, el
sistema educativo tiene menos relevancia en
las prioridades de inversión pública,
ocupando el undécimo lugar entre los quince
países de la UE. Lo más grave es que parte
de los recursos públicos destinados a
educación se dedican a financiar la
enseñanza privada en régimen concertado. Un
régimen concertado que cada vez más acoge a
centros de élite con auténticas barreras
para que a él pueda acceder el alumnado con
necesidades especiales (económica, étnica o
física).
- La disponibilidad de instalaciones
adecuadas a nuevas necesidades, el refuerzo
a los estudiantes con dificultades e
insuficiencias, los recursos para una
gestión eficaz, la optatividad para
diversificar el currículo, una adecuada
formación del profesorado, no son gratuitos.
- Toda reforma que pretenda ser eficaz,
debe ir acompañada de una ley de
presupuestos para mejorar el estado de los
centros públicos, adecuar las plantillas,
mantener al día la investigación sobre las
causas del fracaso escolar y demás problemas
de la ESO; elaborar currículos integrados;
Elaborar materiales didácticos multimedia e
interdisciplinares; Formar profesores
especialistas en educación secundaria y
especialistas de área. Dicha financiación
deberá incorporar un Fondo específico para
compensar las desigualdades ínter
territoriales existentes en el Estado
español, así como para asegurar unas
condiciones de calidad equiparables en todos
los territorios y en todos los centros
públicos.
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