Como si no hubiera aprendido nada del proceso en torno a la LOU, todo parece indicar que el gobierno se apresta a reformar la enseñanza no universitaria, y en particular la obligatoria, con el mismo despliegue de arrogancia, imprudencia y arbitrariedad del que ya ha hecho gala. El gobierno sigue un plan cuyos puntos esenciales son sobradamente conocidos: ha señalado a la comprensividad como el enemigo a batir, achacándole la responsabilidad de deteriorar el sistema educativo y de provocar un incremento del fracaso escolar. Sin pruebas que avalen esa acusación, arropándose en el malestar de un cierto sector del profesorado, remachando unos cuantos slogans, sin haber provisto los medios necesarios ni tomado las medidas imprescindibles, se arroja por la borda una forma de favorecer el derecho de todos los ciudadanos a la educación obligatoria en condiciones de igualdad. Tras la oportunista bandera de la calidad –un concepto ambiguo cuyos criterios no se explicitan-, unilateralmente enarbolada, esconde una política cuya intencionalidad es la de retrotraer al sistema educativo hacia un modelo caducado que entiende que la educación mejora cuando se vuelve más elitista y en consecuencia selecciona, clasifica y estratifica al alumnado.

Los profesionales, el público y la sociedad son hoy conscientes, qué duda cabe, de los efectos no deseados, producidos por la forma precipitada en que se ha desarrollado la LOGSE y el deficiente apoyo económico, pero sería un error regresar a viejas fórmulas, ensayadas sobradamente entre nosotros con los efectos ya conocidos, de segregación, fracaso de los más necesitados y academicismo. Las dificultades de implantación de un sistema comprensivo son, sin duda, retos a superar, sin arrojar por la borda los logros alcanzados en materia de garantía de la igualdad y de reconocimiento de la diversidad, o sin haber explorado suficientemente sus posibilidades.

Los problemas de fracaso, abandono e indisciplina que se detectan en el sistema educativo español, especialmente en la etapa secundaria, no pueden imputarse sin más a la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años ni a la implantación de un currículum comprensivo. En todos los países desarrollados, aparecen problemas similares, y en algunos de modo más grave y violento, con independencia de la estructura organizativa de las etapas y de la configuración del currículum. La LOGSE no aumenta el fracaso. Corregir el que existía en porcentajes escandalosos fue una de las razones para promulgarla. Por ello, nos parece necesario advertir que propuestas como establecer itinerarios más o menos fijos y excluyentes, o agrupar al alumnado por niveles ya han sido experimentadas en otros países, se han mostrado incapaces de solucionar los problemas mencionados, han generado segregación y exclusión y han sido finalmente abandonadas. La calidad de la educación, entendida en términos de adquisiciones culturales sustantivas, de desarrollo de la responsabilidad, de formación de actitudes para la convivencia, de mejora de la igualdad de oportunidades, de preparación de todos para los retos del presente y el futuro previsible necesita otros diagnósticos, otras reformas y muy distintas medidas debatidas y consensuadas entre todos los sectores implicados.

Ciertamente, nunca como hoy había sido la sociedad tan consciente de la importancia del sistema educativo para la convivencia política, la cohesión social, el progreso económico, la distribución de las oportunidades vitales y la realización personal, por un lado, y de las dificultades de traducir todo ello en políticas públicas y prácticas profesionales efectivas, por otro. Pero, en un ámbito como el de la educación, no sólo importante y complejo en todo caso sino necesitado de un elevado grado de consenso entre la comunidad amplia, el público interesado y los profesionales que la sostienen, debe venir primero el debate y después la ley, y no al contrario.

Un debate que debe abordar, efectivamente, las fórmulas concretas mediante las que conjugar comprensividad y diversidad, convivencia y libertad, igualdad y calidad, pero también la necesidad de elevar la moral y el estatus profesional del profesorado y otros agentes educativos, agilizar y mejorar el funcionamiento de las organizaciones escolares, desarrollar proyectos curriculares útiles y relevantes, establecer nuevas relaciones entre los centros de enseñanza y las comunidades a las que sirven y lograr que la sociedad sepa, controle y apoye lo que hace su sistema educativo y que los agentes de éste se sientan obligados y respaldados por aquélla.

En suma, un debate no basado en apresurados diagnósticos, medias verdades, utilización interesada de datos estadísticos o de comparaciones improcedentes con otros países, todo ello tendenciosamente mezclado con rumores y consignas sobre la "caída del nivel", los "objetores escolares", la "crisis de disciplina" y otros slogans publicitarios, en vez de considerar con honestidad los logros y las insuficiencias del sistema actual y las oportunidades y los riesgos de su reforma.

Un debate en el que todos puedan aportar su experiencia y sus ideas y del que surja el mayor consenso posible. Un debate, pues, y tras él las reformas que sean necesarias, con el apoyo de los profesionales y de la sociedad.

Baeza, 16 de Diciembre de 2001.

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