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Decálogo de prioridades por un pacto
por la enseñanza pública
STES-i demanda la derogación de la LOCE y propone un pacto
por la enseñanza pública
24-9-04
Consolidar un marco estable para la educación es ya una
prioridad de la sociedad española. Conscientes de esa
necesidad, determinadas fuerzas sociales y políticas que
aplaudieron la imposición de la LOCE, reclaman ahora un
pacto que libere a la educación de los vaivenes políticos de
turno; otras organizaciones que se mostraron menos
condescendientes también reclaman un acuerdo general.
Por nuestra parte, admitiendo que procede, por el bien
común, buscar un marco estable para que la educación no dé
un vuelco cada vez que hay cambio de gobierno, matizamos que
ese marco ha de girar en torno a los intereses generales de
la ciudadanía, intereses que son los que defiende y
representa la escuela pública.
La Confederación de STEs-intersindical planteó antes de
las elecciones a todas las fuerzas políticas que se habían
movilizado contra la LOCE, la LOU y la Ley de FP la
necesidad de derogar esas leyes, de elaborar un nuevo marco
legislativo, y de anular los decretos que las desarrollan,
aprobados al final de la legislatura por el gobierno del PP.
Es imprescindible que se emprenda el debate social que en su
momento hurtó el Gobierno del PP, en el que los miembros de
la comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado)
tengan un papel relevante a través de sus organizaciones
representativas y de los debates en claustros y consejos
escolares.
Este debate debe cerrarse con la promulgación de una Ley
de Educación que para la Confederación de STEs-i debe
responder a los siguientes criterios:
1. Derogación de la LOCE y de los diferentes decretos
que la desarrollan
Elaboración de un nuevo marco legislativo que gire en torno
a la promoción y defensa de la enseñanza pública, como
enseñanza democrática, igualitaria, integradora y de calidad
para todas y todos.
2. Freno a la privatización creciente del sistema
educativo en el Estado español
Una educación de calidad es incompatible con la
profundización en el desequilibrio de las redes pública y
concertada. Es la enseñanza pública la que debe atender
prioritariamente a la población escolar, por lo que allí
donde haya oferta pública suficiente deberán reducirse
paulatinamente los conciertos educativos. Éstos se
eliminarán de los tramos no obligatorios y se garantizará
una oferta de plazas escolares públicas en todos los tramos.
La anunciada gratuidad de la enseñanza infantil ha de ser
cubierta mediante la creación de plazas en el sistema
público.
3. Garantía de una educación pública de calidad para
todas las personas en edad escolar y para las personas
adultas que lo deseen
Para ello, son necesarios medios que garanticen una atención
personalizada y la compensación de desigualdades educativas.
Se deben establecer medidas de compensación educativa para
toda la población escolar que lo necesite, haciendo especial
hincapié en la escolarización con plenas garantías de
alumnado procedente de otros países. Hay que destinar fondos
en la escuela pública para creación de empleo docente y no
docente, para mejora y construcción de centros educativos y
equipamiento de los mismos. Medidas como la reducción del
número de alumnos/as por docente y la garantía de oferta de
modalidades y optativas en todos los niveles y lugares
geográficos son imprescindibles.
4. La gestión democrática y la no jerarquización como
base de una escuela participativa
La derogación de la normativa sobre selección de
directores/as y la recuperación de competencias por parte
del Consejo Escolar deben ser las primeras medidas para
acabar con la jerarquización y con los intentos de convertir
la gestión de los centros en una tarea empresarial. La
competencia entre centros docentes y entre el profesorado
debe ser sustituida por formas de participación democrática
y por un cuerpo único de enseñantes que acabe con la
división y jerarquización entre el profesorado.
5. Por una escuela laica: la religión fuera de la
escuela
Defendemos el carácter científico de la enseñanza y por lo
tanto se debe excluir cualquier asignatura de carácter
confesional. Para ello, el Gobierno debe revisar el
Concordato y derogar los acuerdos con el Vaticano. No se
debe pagar con dinero público el adoctrinamiento religioso:
las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y
por tanto la enseñanza de las religiones ha de quedar al
margen de la escuela.
6. Una escuela que acabe con discriminaciones sociales
y de género y que proporcione al alumnado los saberes
necesarios para ser capaces de comprender y transformar la
sociedad en que viven
Renovada pedagógicamente, la escuela debe potenciar tanto la
adquisición de destrezas que permitan un desarrollo autónomo
como la de saberes que posibiliten un conocimiento más allá
de lo meramente instrumental. Se hace necesario, en el
actual contexto, reivindicar que la escuela es una
institución de formación integral que no debe estar sujeta a
las veleidades de los cambiantes mercados laborales.
7. Una escuela con una doble vía de acceso a la
función pública docente
Es preciso acabar con una precariedad laboral que afecta al
20% de las plantillas docentes, ocupadas actualmente por
profesorado interino, cuyas justas demandas deben ser, de
una vez, atendidas.
8. Apuesta por la formación y la salud en el trabajo
Es el momento de garantizar, por el bien de toda la
comunidad educativa, una formación inicial equivalente para
todo el profesorado, y una formación continua dentro del
horario lectivo que sea acorde con las nuevas circunstancias
sociales y escolares. Así mismo, el reconocimiento de las
enfermedades profesionales específicas, la mejora en las
condiciones laborales –35 horas semanales, disminución de
ratios, jubilación a los 60...- y las medidas
presupuestarias para mejorar infraestructuras, equipamientos
y para crear empleo estable son medidas básicas que deben
ser contempladas en la nueva ley. Es urgente la tarea de
dignificación social de las y los docentes.
9. Una ley que reconozca la realidad plurinacional y
lingüística del Estado español, así como la
interculturalidad
Que respete los ámbitos de competencia de cada comunidad,
las lenguas y las culturas específicas de cada territorio y
la diversidad en su sentido más amplio.
10. Una ley que reconozca, en definitiva, que la
escuela pública es el garante de una sociedad más justa y
que, en consecuencia, ofrezca los medios adecuados para ello
Para ello, nuestro país debe destinar al final de esta
legislatura un 7 % del PIB. El recorte presupuestario en
educación hace que en estos momentos seamos uno de los
países europeos que menos le dedica: un 4’5%, totalmente
insuficiente, lo cual exige un esfuerzo para lograr situar a
la enseñanza pública en el papel que le corresponde.
Por todo ello la Confederación de STEs-i intervendrá en
cuantos foros le sea posible para que las posiciones de la
mayoría de la comunidad escolar, que defiende la prioridad
de la enseñanza pública, sean tenidas en cuenta y orienten
el futuro educativo de nuestro país. Esperamos que el
gobierno cumpla sus promesas y que la escuela pública ocupe
por fin el lugar que le corresponde.
Confederación de STEs-intersindical |