COMPARECENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE LEY ORGÁNICA DE
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (L.O.C.E.)
La Confederación de STEs ha sido invitada a la
Comisión de Educación y Cultura del Congreso para exponer su punto de vista
sobre la LOCE. La comparencia se realizó el 7 de octubre.
El texto que sigue es la intervención integra de
nuestro portavoz.
INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DE STES
Agradecer,
en primer lugar, al Presidente de la Comisión la invitación realizada a la
Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs)
para poder expresar ante las personas componentes de la misma la valoración
que realizamos sobre el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE). Quiero valorar lo que supone la invitación realizada, pues si mal no
recuerdo es la primera vez que se invita a la Confederación de STEs a esta
Comisión, y eso que los STEs somos la segunda fuerza sindical en el ámbito
de la enseñanza pública en el conjunto del Estado. Por esta Comisión creo
que van a pasar, que estamos pasando, muy distintas organizaciones sindicales
y sociales, por lo que me atrevo a señalar que, aunque todas las opiniones
son válidas, no todas las opiniones valen lo mismo, pues no todas tienen el
mismo respaldo expresado en número de votos.
Desde el punto de vista de la
Confederación de STEs la LOCE ni es una ley necesaria, ni contempla las
medidas que necesita nuestro sistema educativo para mejorar.
Es evidente que
tras doce años de la promulgación de la LOGSE son necesarios cambios, pues
hay problemas. Muchos de los retos a los que trató de responder esta ley
siguen estando pendientes al día de hoy. Por esto hay que hacer un poco de
memoria; en el momento de aprobación de la LOGSE, los STEs y otras voces
progresistas, denunciamos sus deficiencias. La LOGSE no abordó todos los
aspectos necesarios para mejorar la calidad de la educación. Se dieron por
supuestas condiciones en los centros y en el profesorado que no existían y,
pese a los retrasos en su implantación, no se fueron creando las condiciones
suficientes a medida que se implantaba para asegurar su éxito. Cuando
denunciamos que la LOGSE nacería muerta si no iba acompañada de la
financiación adecuada, y no sólo de una memoria económica, sabíamos, como
se vio más tarde, que este déficit impediría elementos esenciales para su
desarrollo: construcciones, recursos materiales y humanos para la atención a
la diversidad, programas realistas para capacitar al profesorado ante los
nuevos retos educativos, tanto en su formación inicial como permanente,
mejoras laborales que lo posibilitaran, inclusión de nuevos profesionales en
las plantillas de los Institutos, etc.
La situación
ahora es compleja, aunque las estadísticas oficiales nos dicen que el fracaso
escolar ha disminuido, pasando de un 37% en 1989, a un 23’6% en el año
1999, y ahora puede rondar, según los expertos, en torno al 20%, como la
media de la OCDE; estos datos deberían hacer que todos los que estamos
inmersos en el mundo de la enseñanza, pero sobre todo la administración
educativa, tuviéramos un moderado optimismo ante el futuro, pero parece que
políticamente esto no interesa al partido gobernante, por lo que se ha
trasladado a la opinión pública los fracasos y no los éxitos, lo que ha
generado un ambiente, especialmente en torno a la Educación Secundaria que no
es el mejor ni para que el profesorado pueda realizar su trabajo, ni tampoco
para el correcto funcionamiento de nuestro sistema educativo. También
queremos indicar que no se puede atribuir gratuitamente a la ampliación de la
escolaridad obligatoria ni a la implantación de un currículum comprensivo
los problemas de fracaso, de abandono o de indisciplina que se detectan en
nuestros centros educativos. Ensayar nuevas reformas o, mejor, realizar una
contrarreforma sin haber analizado previamente y con seriedad las causas del
mal funcionamiento, que no del fracaso, de las anteriores, llevará a que los
problemas se mantengan, se reproduzcan y se multipliquen, pues sus causas son
de fondo y continuarán también con la nueva ley.
El proceso de
elaboración del proyecto de ley se puede calificar de cualquier cosa menos de
democrático. Unas propuestas del MEC fueron apareciendo a lo largo del curso
pasado a través de ambigüedades e imprecisiones y mezcladas con
descalificaciones al sistema actual; otras, como las de los “itinerarios”
vienen de hace unos años, de la época en que el Sr. Nasarre, Presidente de
esta Comisión era Secretario General de Educación del MEC.
El “Documento
de bases para una ley de calidad de la educación” presentado por el MEC en
marzo de este año y el debate realizado sobre el mismo se podría calificar
simplemente de “broma” si no fuera porque es la base en la que se sustenta
este importante proyecto de ley.
El anteproyecto
no ha sido realmente discutido por los sectores sociales implicados en la
educación, ni con las distintas organizaciones de la comunidad educativa. El
MEC se ha limitado a realizar consultas con algunas entidades, la mayoría no
representativas, a convocar jornadas propagandísticas con invitados a la
carta y a utilizar los medios de comunicación para justificar su proceso de
reforma y haciendo, repito, una descalificación del funcionamiento de la enseñanza.
Hay que señalar
que pese a que la ley afecta en gran medida al profesorado y a sus condiciones
de trabajo, el MEC no ha pasado el anteproyecto ni el proyecto por la Mesa
Sectorial de Educación, donde estamos las organizaciones verdaderamente
representativas del profesorado, como entendemos que es preceptivo y, por si
esto fuera poco, también hay que señalar que a algunas personas y
organizaciones, como a los STEs, se nos impidió expresar en el Consejo
Escolar del Estado nuestra opinión sobre el anteproyecto.
Para
la Confederación de STEs la política neoliberal que el gobierno del PP está
desarrollando en los distintos ámbitos sociales y económicos, se concreta en
el terreno educativo en tres leyes, la LOU y la Ley de FP, ya aprobadas,
y la mal llamada “ley de calidad”. El objetivo último de estas
leyes, en línea con el neoliberalismo, aspira a poner la enseñanza y
el dinero público destinado a la misma en los Presupuestos Generales del
Estado y en los de cada Comunidad Autónoma al servicio de las empresas de
enseñanza, empresas entre las que destaca la Iglesia Católica, dentro de una
política general de privatización de los servicios públicos, política que
pasa por descalificarlos y deteriorarlos primero y privatizarlos después.
El proyecto de
ley plantea un cambio en profundidad del sistema educativo, utilizando como
aval interpretaciones sesgadas de informes comparativos de sistemas educativos
e instrumentalizando el malestar del profesorado, haciendo recaer sobre el
modelo comprensivo la responsabilidad exclusiva de los males educativos de
este país; males a los que durante los seis años que lleva el gobierno del
PP gestionando la política educativa no sólo no ha querido poner remedio,
sino que ha contribuido a agravar disminuyendo los recursos, pues se ha pasado
de invertir el 4’9% del PIB en el año 1993 al 4’5% en el 1.998, cifra que
se mantiene actualmente; esta disminución de 0’4 puntos supone que se
dedican a la enseñanza tres mil millones de euros menos cada año y, mientras
tanto, van aumentando las subvenciones a la enseñanza privada.
El proyecto de
ley se plantea con un nombre altamente pretencioso, “ley orgánica de
calidad de la educación”, como si la enseñanza, la educación actual no
fuera de calidad, infravalorando al mismo tiempo a todo el sistema educativo y
el trabajo del profesorado. Se habla de calidad y lo hacen partiendo de unos
principios cuyos enunciados pueden parecer asépticos, pero que en realidad
esconden la filosofía de una política conservadora que pretende acabar con
la línea pedagógica que marca nuestra sistema educativo y que no es otra que
la línea de la igualdad de todos y todas en el acceso a la educación,
igualdad de posibilidades en el desarrollo de sus capacidades, y en la apuesta
por la compensación de desigualdades; el proyecto nos marca otra línea, nos
habla de selección y de clasificación, lo que quiere decir segregación y
privilegios para unos pocos.
El proyecto de
ley nos habla de “educación preescolar”, de educación asistencial,
rompiendo el marco actual que considera toda la etapa educativa de 0 a 6 años
como una etapa educativa. El proyecto nos vuelve así al pasado, cuando lo que
en realidad se necesita es que sea norma básica para todo el Estado el que
toda la etapa se regule y se gestione desde las Consejerías de Educación. El
gobierno, sin aumentar los presupuestos, quiere hacer obligatoria la
financiación de la Ed. Infantil en todas las comunidades, aspecto que
rechazamos de manera absoluta pues es una etapa no obligatoria y el
presupuesto que se quiere destinar a este fin debería destinarse a la creación
de plazas públicas en el tramos 0-3, a la mejora de las infraestructuras en
el 3-6 y para hacer efectivo el principio constitucional de que la enseñanza
básica es gratuita. Consideramos, en definitiva, que es necesario que el
dinero público se dedique a la escuela pública para su mejora.
Cuando se habla
de “itinerarios” el proyecto de ley dice en su art. 25.4 una cosa, “los
centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los
itinerarios”, y después se dice su contraria, que este principio general se
podrá adecuar a las “necesidades generales y de demanda” y, por si esto
no fuera suficiente, se contempla la creación de “centros con especialización
curricular”. Para la Confederación de STEs esto quiere decir que los
centros educativos podrán impartir los itinerarios que quieran; pero, claro,
habrá que ofertar todos los itinerarios posibles en función del alumnado
existente en cada localidad. Ante esto nos podemos preguntar ¿quién se
especializará en los itinerarios que conducen al Bachillerato?, ¿quién
ofertará el itinerario peor?, ¿quién ofertará los Programas de Iniciación
Profesional?; y nos podemos contestar: está claro, la enseñanza privada, en
virtud de la “libertad de enseñanza” y en la posibilidad que esta ley le
dará de creación de “centros con especialización curricular”, ofertará
los itinerarios que quiera y la enseñanza pública, que debe atender a todo
el alumnado, deberá ofertar todos los itinerarios y, lógicamente, los
Programas de Iniciación Profesional, programas que de hecho se convierten en
un cuarto itinerario al que destacados pedagogos no han dudado en calificar
como el “basurero del sistema”.
Los centros
educativos podrán también tener un “ideario propio”, ideario que habrá
de ser aceptado si se elige dicho centro
Las tres medidas
que acabo de señalar, la posibilidad de no ofertar todos los itinerarios, la
de ser centro de especialización curricular y la de tener que aceptar el
ideario, tienen un objetivo claro y explicito: que la enseñanza privada pueda
seleccionar a su alumnado, consiguiendo trasvasar al alumnado “bueno”,
dicho entre comillas, de la enseñanza pública a la enseñanza privada
concertada, e impedir que el “malo”, dicho también entre comillas,
permanezca o llegue a la enseñanza privada concertada.
En definitiva,
que para los STEs la segregación del alumnado en itinerarios que está siendo
presentada por la administración y por algunos defensores de esta ley como la
panacea a los problemas existentes, no solucionará los problemas actuales
sino que los acrecentará y se establecerá una clara división entre los
centros y los problemas se concentrarán en determinados grupos, itinerarios y
centros públicos, pues los privados se “desprenderán” del alumnado
problemático. La segregación traerá más problemas y conflictos a los
centros públicos y dificultará, cuando no impedirá, el trabajo del
profesorado en los centros que, sin duda, se convertirán en “guetos”.
Para la
Confederación de STEs la enseñanza obligatoria es aquella que garantiza el
derecho de todas y todos a una educación que desarrolle sus capacidades en
igualdad de condiciones, aquella que dote a todo el alumnado de una formación
sólida que le capacite para afrontar los cambios a los que habrá de
enfrentarse en la vida, especialmente en un sistema laboral en que las
competencias necesarias se renuevan rápidamente. En esta dirección, hay
motivos para estar preocupados por el cumplimiento de este derecho,
especialmente cuando es sabido que las desigualdades socioeconómicas y
culturales de procedencia familiar de los estudiantes se manifiestan en
mayores dificultades para éstos. Es preocupante cualquier medida que
restrinja las posibilidades del alumnado de permanecer escolarizado o que
segregue al alumnado con menor rendimiento, lo que supone reproducir y agravar
las diferencias sociales.
La enseñanza
obligatoria debe tener unos objetivos propios y un sentido en sí misma. Esta
enseñanza será eficaz si logra sus metas, y no en función de niveles
posteriores. En la enseñanza obligatoria no es tolerable ni la selección
previa ni la interna, y se deben realizar todos los esfuerzos para evitar su
abandono.
Los itinerarios demuestran claramente las intenciones del gobierno, dado que
tratan de seleccionar lo antes posible al alumnado en función de su destino
final. Con ello, el alumnado de familias acomodadas y con ciertas aspiraciones
irá colocándose desde los primeros años en aquellos centros de Primaria de
"mayor nivel" y mejor relacionados con los de Secundaria con ciertas
optativas, que le permitan a su vez cursar un Bachillerato de calidad y optar
a carreras universitarias de primera categoría, todo ello con todos los
apoyos necesarios en forma de clases particulares o de otros medios. Al grupo
de centros de "nivel superior", sobre la base de criterios de
eficacia y rentabilidad, no podrán acceder más que unos pocos centros públicos,
el resto serán privados concertados.
Los famosos
“niveles”, la calidad del sistema y la reducción del fracaso escolar no
tienen nada que ver con unas pruebas finales por muy amenazadoras que se
quieran presentar. La calidad y la reducción del fracaso escolar sólo se
obtienen mediante una intervención en cada una de las etapas, ciclos, niveles
y cursos con las medidas pedagógicas y didácticas adecuadas, así como con
la aportación de los recursos materiales y humanos necesarios para tratar la
complejidad que tienen las diferentes situaciones de diversidad de alumnado.
Aquí hay que señalar que nos resulta muy llamativa la ausencia de medidas de
apoyo y refuerzo al alumnado con problemas en Ed. Primaria.
La reválida que
se pretende justificar desde argumentos tan vagos como que es necesario un
mayor nivel de exigencia en los estudios actuales, nivel que se alcanzará al
superarla, atenta frontalmente, además, contra la evaluación continua que el
profesorado realiza día a día sobre su alumnado. Se trata sin duda de una
prueba de desconfianza de la administración sobre profesorado y alumnado, que
en una sola prueba han de ser examinados de lo que ya han superado a través
de la evaluación continua.
La reválida en
el Bachillerato también significa la reintroducción fraudulenta de la
selectividad. La superación de esta reválida es el requisito para el acceso
a la Universidad, pero se da la paradoja de que, según la LOU, también ésta
puede establecer una prueba cuando la demanda supere la oferta establecida. De
este modo, el alumnado deberá superar en un sólo año tres exámenes
decisivos para su futuro: el de Bachillerato, exigido conjuntamente por el
Estado y la Comunidad Autónoma, la Reválida, exigida por el Estado para la
obtención del Título, y la prueba o pruebas de acceso, exigidas por las
Universidades.
Los STEs
defendemos que la etapa de la escolaridad obligatoria debe ser una etapa de
convivencia entre los niños y niñas y los jóvenes de distinta procedencia y
distinta extracción social, de convivencia entre personas de distintas
creencias y razas, de convivencia con “el otro”, con el que es distinto,
pues la etapa de escolarización debe ser una etapa que sirva para el
reconocimiento mutuo, para la valoración mutua entre los que son distintos,
para contribuir con esta convivencia al mejor desarrollo democrático de una
sociedad que cada día es más diversa, más múltiple, más plural. La
segregación en itinerarios, la especialización curricular, los idearios, no
contribuyen, al contrario, dificultan lo que debe ser una convivencia democrática
en los centros escolares, como base a la necesaria convivencia democrática en
la sociedad.
En paralelo con
esta apuesta por la interculturalidad en los centros educativos, hay que señalar
también que los países de la OCDE que tienen sistemas comprensivos
(Finlandia, Japón, Corea, Reino Unido...) logran un elevado nivel educativo
global, según el informe Pisa; por el contrario, los sistemas educativos
segregadores (como el alemán) no aumentan los niveles. En España, con un
sistema que es comprensivo sólo en el papel, no se consiguen los niveles de
los países con este tipo de sistemas por tener un sistema educativo rígido y
uniforme, que carece de los recursos humanos y económicos necesarios para
atender a la hetereogenidad del alumnado.
Del profesorado
se habla poco en este proyecto de ley y lo que se habla no nos gusta a los
STEs y creemos que tampoco le gusta a la mayoría del profesorado. No se
reconoce que el trabajo en las aulas se ha venido complicando un poco más
cada día como resultado de una sociedad en continuo cambio, de una sociedad
cada vez más compleja y, también hay que señalarlo, con la aplicación de
la reforma educativa, ya que la
administración no ha tomado las medidas adecuadas para solventar estas
complicaciones y hacer que la enseñanza mejore, pues lleva seis años
descalificando el sistema y, por tanto, al profesorado.
El proyecto
de ley habla de formación inicial y permanente del profesorado, pero para
dejarlo tal y como está. No se cita la formación inicial de los maestros y
maestras, pues se mantiene igual que está, por debajo de la media de la OCDE,
fomentando la idea de que para educar a los más pequeños se necesita menos
formación y cualificación que para hacerlo con los mayores; los STEs
seguimos reivindicando el Cuerpo Único de Enseñantes. Sobre la formación
permanente la ley no se atreve a valorar el fracaso que ha supuesto la
aplicación de los sexenios y lo poco que éstos han contribuido a mejorar la
formación permanente del profesorado, por más cifras que se quieran
presentar de cursos realizados; los STEs consideramos que la formación
permanente debe basarse en la reflexión conjunta de los Equipos de Ciclos, de
los Departamentos, de los Claustros sobre la práctica docente, huyendo de la
burocracia que supone la continúa repetición de cursos; es necesario que se
reconozca el derecho a la formación en horario lectivo y que para que ésta
pueda darse deben crearse en los centros las condiciones humanas y materiales
necesarias.
El acceso a
la función pública docente se también mantiene como está. La LOGSE, pese a
intentarlo, no consiguió acabar con el problema del profesorado interino,
pues en la actualidad hay un número muy parecido al que había cuando se
aprobó esta ley. Desde los STEs consideramos que hay que acabar con la
injusticia histórica que pesa sobre este colectivo y que debe modificarse el
acceso, que deben modificarse las pruebas y que hay que reconocer en esta Ley
el buen trabajo que viene realizando la inmensa mayoría del profesorado
interino; hay que permitir su permanencia en el sistema con la aplicación de
un “acceso diferenciado”, regulando el acceso del profesorado interino a
modo y manera de como se ha realizado con los facultativos del Insalud hace
poco tiempo, por medio de una ley aprobada en este Congreso.
El aumento de los
controles, pruebas y reválidas como forma de mejorar el sistema que se
contempla en el proyecto de ley se traslada también al profesorado y así se
plantea hacer la evaluación del profesorado como forma de mejorar su práctica
docente y se le quiere recompensar por ello, llegando a una nueva jerarquización
del mismo, lo que hará más difícil el necesario trabajo en equipo de
Claustros y Equipos docentes; al profesorado, sin embargo, no se le posibilita
participar en la evaluación de la administración educativa ni en como ésta
influye en la marcha de su centro.
La restauración
de los viejos cuerpos de catedráticos y directores supone una vuelta al
pasado, que en nada va a mejorar el sistema; la administración, si considera
que los catedráticos son los mejores profesores y profesoras debería
encargarles como una de sus funciones el enseñar al alumnado más problemático,
como la mejor forma de mejorar nivel y preparación.
Sobre el
profesorado de privada concertada valoramos positivamente que se indique en la
ley que sus retribuciones tienen que ser como las del profesorado de pública,
pero lamentamos que esta medida no se temporalice y lamentamos también que
aunque este profesorado cobre con dinero público no se regule que su acceso
debe tener también control público. Los STEs proponemos, por tanto, que se
temporalice la equiparación salarial y que, al mismo tiempo, se regule el
control público del acceso de este profesorado a los centros privados
concertados.
Para la
Confederación de STEs la no consideración del Claustro y del Consejo Escolar
como órganos de gobierno de los centros docentes es un claro retroceso democrático
que no tiene justificación, pues reducirá la autonomía real de los centros
educativos y no contribuirá a mejorar ni la convivencia en los centros ni el
trabajo en equipo del profesorado. Tenemos la impresión de que al
“profesionalizar” la función directiva se pretende por parte de la
administración el tener un equipo directivo con un talante mucho más
“comprensivo” con sus medidas y con sus fallos y el tener un elemento
controlador y fiscalizador. La ausencia de candidaturas a la dirección de los
centros en el porcentaje actual no
significa que la comunidad de cada centro, ni el profesorado como parte de la
misma, deseen el sistema de directores profesionales. Los STEs, pese a los
problemas, seguimos defendiendo que los órganos unipersonales de los centros
sean elegidos por éstos, como parte de la cultura democrática y
participativa que existe en la enseñanza.
El gobierno, la
Sra. Ministra habla de motivar al profesorado, pero las medidas que se
proponen y que acabo de citar tienden a jerarquizarlo e infravalorarlo y
algunas suponen un retroceso con lo que ya existe en algunas comunidades, me
refiero en concreto a la disminución en horario lectivo a los mayores de 55 años
con disminución de sus retribuciones.
La
nueva asignatura “Sociedad, cultura y religión” nos pone grotescamente de
manifiesto que la aconfesionalidad del Estado recogida claramente en la
Constitución, sigue siendo una asignatura pendiente. Las dos opciones de esta
asignatura como evaluables y computables para la nota media nos vuelven a
llevar a lo que ya parecía que había quedado claro y resuelto con la
sentencia del tribunal Supremos de 1.994, que si lo que se enseña y evalúa
en la opción no confesional es necesario para la formación integral del
alumnado, no se puede privar de estos conocimientos al alumnado que elige la
opción confesional, pues sería una discriminación. Imaginamos que los
tribunales tendrán que volver a actuar y a poner las cosas en su sitio. Los
poderes públicos, desde el punto de vista de los STEs, puede garantizar el
derecho constitucional de los padres a que sus hijos e hijas reciban formación
religiosa sin que esta forme parte del currículun y sin que esta quite horas
de formación necesarias para otras asignaturas; las confesiones religiosas
pueden y deberían dar la formación religiosa fuera del horario escolar.
También
habría que hablar sobre la falta de una ley de financiación, pero como hay
poco tiempo, únicamente decir que cualquier medida legislativa que pretenda
ampliar los servicios educativos y no cuente con la necesaria financiación,
está destina al fracaso.
Para
ir terminando quiero decir que esta ley se puede calificar de sexista, pues se
olvida e ignora en su articulado a las alumnas, a las profesoras, a las
madres... El proyecto de ley ha estado redactado por personas con un lenguaje
sexista, no coeducado, pese al trabajo realizado y el dinero empleado por el
propio MEC y por la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en estos últimos años para que el lenguaje refleje la
realidad de nuestra sociedad.
Quiero
terminar diciendo que el profesorado y el resto de la ciudadanía que defiende
la enseñanza pública, como enseñanza democrática, igualitaria y de calidad
para todos y todas, no vamos a
permanecer al margen de la tramitación de esta ley, que vamos a movilizarnos,
pues estamos convencidos de que es necesario salvar la enseñanza pública, de
que es necesario impedir que se llegue a lo que parece que quiere llevarnos el
gobierno, a que la enseñanza pública sea subsidiaria de la enseñanza
privada. Sabemos, y la historia nos lo enseña, que calidad para unos pocos es
privilegio, y sabemos que la enseñanza pública es la única que puede
garantizar que la calidad sea para todos y todas.
Madrid, a 7
de octubre de 2.002