La Confederación de STEs-intersindical considera necesario revertir los recortes para la mejora de la docencia y atención al alumnado

La Ministra de Educación anunció, como una de sus primeras y más importantes medidas, la reversión de los recortes que venía padeciendo el sistema educativo desde la etapa del gobierno anterior. Concretamente, se anunció la inmediata derogación del Real Decreto Ley 14/2012 y la posibilidad de que las Administraciones con competencias educativas pudieran anticipar las consecuencias de este cambio a lo largo del curso actual.

Desde entonces, en algunos territorios, las respectivas Consejerías de Educación ya han eliminado la espera de los 10 días lectivos para cubrir sustituciones de profesorado y ya han empezado a reducir las ratios y las horas lectivas del profesorado de Infantil, Primaria y resto de enseñanzas.

En
estos momentos, con el texto del Anteproyecto de Ley que se presenta al
Consejo Escolar, la decisión de Gobierno es aplazar (excepto lo
referido a las sustituciones) la reversión de los recortes educativos al
curso 2019/2020.

La
consecuencia de esto es que, desde una perspectiva jurídica, aquellos
territorios que han priorizado recuperar la calidad educativa y desde el
1 de septiembre han reducido las ratios y el horario lectivo del
profesorado, se encuentran sin sustento legal para mantener estas
medidas. Las implicaciones pueden ser muy importantes, tanto desde la
perspectiva laboral, en tanto que han aumentado las plantillas para
hacer frente a los horarios que son necesarios cubrir y multitud de
docentes pueden ver cuestionado el futuro de sus contratos, como desde
la perspectiva jurídica, al verse expuestos a posible denuncias,
problemas con la Intervención, etc.

Desde
la Confederación STEs-Intersindical no podemos más que exigir que se
retome la intención inicial, manteniendo la redacción original en este
borrador de anteproyecto de ley que permita anticipar a lo largo de este
curso 2018/2019 la reversión de los recortes, dando la garantía
necesaria para que las Administraciones con competencias educativas
puedan tanto mantener lo que ya han comenzado a aplicar como permitir
que se vayan implementando las medidas mencionadas a lo largo del
presente curso, frenando, tal y como se expresa en la exposición de
motivos del anteproyecto de ley, la continuación del detrimento en el
nivel de calidad de la enseñanza y en el desempeño de la docencia.

Queremos, además, manifestar la necesidad de que se eviten en un futuro grandes desigualdades entre los diferentes territorios a la hora de regular la jornada lectiva del profesorado, por lo que estimamos necesario que en este anteproyecto de ley se regule la jornada máxima del mismo, que en ningún caso debe ser superior a las 23 horas en Infantil y Primaria y a 18 en el resto de enseñanzas. Respetando siempre las competencias de cada Administración educativa.

                               Madrid, 2 de octubre de 2018