El País, viernes, 15 de marzo de 2002

La clave, en parte, de tanta oposición a la Ley de FP la resume el portavoz de Educación de CiU, Ignasi Guardans: 'Podemos negociar cualquier tema, pero esta ley toca el nervio competencial y ahí no cederemos ni un milímetro'. Tanto CiU como el PNV lamentaron que no se haya tenido en cuenta la 'excelente' Formación Profesional (FP) de sus comunidades.

La oposición se niega a que el Gobierno se adjudique la titularidad de los centros de referencia que se crearán en las comunidades, donde, entre otras cosas, se impartirán clases de FP. Guardans recordó a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que 'a la Generalitat le corresponden la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión'. CiU entiende que 'la falta de detalle en la regulación' de la ley 'otorga un cheque en blanco' al Gobierno para determinar el contenido básico en algunos puntos, 'algo que no se corresponde con la doctrina del Tribunal Constitucional'.

Guardans aseguró que el texto presentado por la ministra 'está muy cerca de la [patronal] CEOE' y lamentó además que el Gobierno 'pretenda hacer un catálogo de cualificaciones profesionales centralizado' que no permite a las comunidades decidir sus necesidades profesionales de acuerdo con su tejido productivo.

La intervención de Guardans levantó a la ministra del sillón azul. Los diputados observaron cómo se dirigía al asiento del portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias. 'Le ha pedido que regañe a Guardans', comentaron después. 'No sé a qué se debe ese estado de nervios, pero ni Trias me ha regañado ni me quiere regañar', dijo después Guardans. CiU no presentaba una enmienda con texto alternativo desde 1993.

En su intervención, la ministra garantizó el 'máximo respeto a las competencias autonómicas' y dijo que la innovación y experimentación que se llevará a cabo en los centros de referencia 'necesitará la participación de las comunidades a través de convenios de colaboración'. Recordó que las comunidades y los agentes sociales forman parte del Consejo General de la FP y aseguró que se contará con ellas en el desarrollo reglamentario de la ley. 'Queremos mantener abiertos todos los cauces de participación'. Aseguró que el proyecto de ley responde a la necesidad de que los trabajadores no vean limitado su horizonte laboral ni los jóvenes su futuro profesional.

Además de la invasión competencial, en la que coincidió la oposición, el PSOE recordó que 'ni los partidos, ni los agentes sociales, ni las comunidades autónomas respaldan la ley'. La portavoz de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce, criticó que 'la ineficacia que genera la bicefalia en la dirección del Consejo General de FP', en la que se turnan cada dos años el Ministerio de Trabajo y el de Educación. 'Es increíble que el proyecto no tenga una financiación adicional', añadió Valcarce. Y lamentó que la futura Ley de Calidad educativa 'prevé mecanismos dañinos para el prestigio de la FP' porque 'da más valor a los alumnos que cursan bachillerato'.

Marisa Castro (IU) afirmó que el Gobierno 'olvida el papel formativo que juegan los Ayuntamientos' y rechazó 'la libre designación' de los directores de los centros donde se impartirán las tres FP, reglada, ocupacional y continua. Joxe Juan González de Txabarri (PNV) dijo que 'el proyecto es demasiado economicista y se olvida de los factores humanísticos de todo proceso educativo'.

El País, sábado, 15 de diciembre de 2001

El anteproyecto integra las tres formaciones profesionales y crea una acreditación laboral

SUSANA PÉREZ DE PABLOS | Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y de las Cualificaciones (FP). La norma, entre otras medidas, integra las FP reglada, ocupacional y continua. También crea una acreditación que reconoce la experiencia laboral. Las seis comunidades gobernadas por socialistas, así como Cataluña y el País Vasco consideran que el texto 'invade sus competencias' en la medida en que crea una 'red de centros de referencia nacional' del Ministerio de Educación y la 'exclusión de las comunidades de la futura elaboración del catálogo de titulaciones'. También ven 'regresivo' que las Administraciones elijan el director de los centros y no el Consejo Escolar.

Las principales novedades que introduce el anteproyecto de Ley de FP -elaborado entre los ministerios de Educación, Trabajo y Asuntos Sociales- son la integración de las tres FP (la reglada que se enseña ahora en los institutos de secundaria, la ocupacional y la continua), el reconocimiento mediante una acreditación de la experiencia laboral, la elaboración de un catálogo de cualificaciones (que se adecuará a las directivas europeas) y la creación del sistema de evaluación para adaptar la oferta de FP a las necesidades del mercado.

Pero el texto incluye otros aspectos que han desatado la polémica entre las comunidades. El anteproyecto señala:

• Se creará 'una red de centros de referencia nacional, con implantación en todas las comunidades autónomas, que podrán incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores ocupados y desempleados'.
   
• 'La Administración General del Estado determinará los títulos que constituirán las ofertas de formación profesional'. Y añade 'las administraciones educativas podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de FP'.
   
• 'La dirección de los centros integrados de FP será nombrada mediante un procedimiento de libre designación por la Administración competente, entre funcionarios públicos docentes, previa consulta a los órganos colegiados del centro'.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha convocado ya para el próximo lunes al Consejo General de la Formación Profesional (integrado por el Gobierno, representantes de las comunidades, los sindicatos y las empresas) para presentarles un informe y los resultados del II Plan de la Formación Profesional. De la última reunión de este consejo, celebrada antes del verano, se salieron ocho comunidades, casi la mitad de las 17 existentes.

El PSOE presentará en el Congreso una enmienda a la totalidad del anteproyecto y un texto alternativo, anunció ayer la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce. Para los socialistas, esta ley 'invade competencias autonómicas con la creación de la red nacional de centros de referencia y es un agravio que las excluya de la elaboración del sistema nacional de cualificaciones, algo muy grave porque las comunidades son las que saben sus necesidades específicas de profesionales', añade. Tampoco es admisible que los directores de los centros 'sean elegidos a dedo por las administraciones y no por el consejo escolar de cada centro', formado por la dirección y representantes de los profesores, alumnos y padres.

El PSOE denuncia, además, el 'grave' problema de la financiación: 'Las cantidades que aporta el Fondo Social Europeo son cofinanciadas con cada Gobierno, que debe completarlas, y la recepción está en función de la justificación de los fondos concedidos en el quinquenio precedente. España va a perder en el periodo 2000-2006 unos 25.000 millones de pesetas que el ministerio no justificó del quinquenio 1995-2000 por la incapacidad de la ministra de ejecutar los programas correspondientes'.

Los sindicatos (que, según dijo Pilar del Castillo, han apoyado el texto) manifestaron ayer reticencias hacia algunas de las medidas. Para CC OO, 'a pesar de que el proceso seguido ha permitir crear una base de acuerdo, eso no quiere decir que éste pueda utilizarse contra las críticas de las comunidades a cuestiones como la creación de una red de centros de referencia o la falta de una mayor financiación', señala el secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Fernando Lezcano. 'Ante todo, se debe buscar el consenso, también con las comunidades autónomas', añade

El sindicato de la enseñanza STES opina que el anteproyecto 'supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicará a la formación reglada que se imparte en los centros educativos porque se subordina esta modalidad de FP a los intereses de los empresarios' y la Unión Sindical Obrera considera que esta ley 'continúa siendo demasiado ambigua'. Añade que hay aspectos positivos en ella, pero menciona otros negativos, como su 'tono marcadamente laboral'. 

Magisterio, 2001

Los sindicatos han acogido favorablemente en general, excepto STE, el último borrador de la Ley de FP y las Cualificaciones, que será aprobado antes del verano.

CCOO, UGT, ANPE, FSIE y USO ya han valorado positivamente el texto provisional coincidiendo, eso sí, en la ambigüedad del texto, y han expresado sus temores y matizaciones sobre el mismo.

Para UGT resulta positivo el reconocimiento a la participación de los agentes sociales en el desarrollo del Catálogo de las Cualificaciones, así como la integración de los tres subsistemas de la FP. Sin embargo, critican que no se dé el impulso necesario a la formación reglada y que no se explique el perfil profesional de los trabajadores de los centros integrados ni sus condiciones laborales.

Por otro lado, el sindicato ANPE considera el borrador presentado el pasado día 5 por la ministra Pilar del Castillo "excesivamente abierto en determinados aspectos fundamentales como el tema de las pasarelas, un tema no contemplado en el borrador de la Ley". Además, desde esta organización se ha mostrado la preocupación de que tras el texto se pueda esconder una posible privatización de las enseñanzas técnico-profesionales.

FSIE por su parte apoya el proyecto de Ley de la FP aunque pide mayor atención a la enseñanza Privada y que se amplíen los conciertos educativos a los centros que satisfagan la demanda de estas enseñanzas.

Sin embargo para STE el proyecto supone un claro intento de privatizar la FP y pide que se retire.