El Consejo de Ministros del día de hoy ha aprobado el proyecto de Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones, un proyecto que, desde la perspectiva de la Confederación de STEs, no es el que se necesita para revitalizar y dignificar la FP, pues no avanza en el cumplimiento de los objetivos marcados en el II Programa Nacional de la FP.

Este proyecto supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicará claramente a la modalidad inicial/reglada que se imparte en los Centros educativos; se subordina esta modalidad de FP a los intereses del empresariado, pues se permite dar efectos académicos a los títulos expedidos por empresas y llevará a los estudiantes a conseguir más fácilmente sus títulos en los empresas, pero sin una formación adecuada y polivalente. Los STEs consideramos que en ningún caso es admisible que las titulaciones académicas, o sus equivalentes, se expidan fuera del ámbito educativo.

El proyecto, de llevarse a cabo, discriminará a las y los estudiantes en el acceso a la formación en función de donde vivan, al diversificar la naturaleza y la "categoría" de los Centros de FP (Nacionales, Integrados y el resto) que competirán en desiguales condiciones en cuanto a medios materiales y humanos a la hora de ajustar su oferta formativa.

Introduce también el proyecto un modelo de dirección de los Centros Integrados por nombramiento directo por la administración, al margen de la elección democrática, lo que supone un grave retroceso.

La Confederación de STEs considera esta ley una medida más del PP en contra de la enseñanza pública y vamos a iniciar una campaña de rechazo a la misma durante la tramitación parlamentaria, campaña en la que esperamos coincidir con el resto de organizaciones que defienden la enseñanza pública.

Augusto Serrano
 

Globalización

"Globalización", así lo entenderemos a efectos de cuanto se afirme en este artículo, es el eufemismo comúnmente empleado para denominar el actual estadio del sistema capitalista. Es característica del citado sistema económico que en los periodos de crisis se dispare la competencia entre las grandes fortunas para descabalgar a los que sobran en ese momento. En esa guerra comercial se reducen los gastos de producción al mínimo y se disparan los beneficios de quienes no han sido descabalgados. Asegurarse el éxito en esta competición exige disponer de grandes recursos materiales, financieros. De la crisis económica en  1873 se salió con la oleada colonizadora que vampirizó el 80% de las tierras del globo. De la crisis del sistema iniciada en 1973, los grandes poderes económicos pretenden salir con una estrategia encaminada a "colonizar" dos nuevos yacimientos de riqueza: los recursos financieros del estado y los servicios públicos. De manera que , en este 2nuevo orden", asistimos a la consagración de dos grandes tendencias: la privatización de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades sociales.

La escuela se adapta al  nuevo orden

En estos últimos 25 años ha evolucionado el concepto de escuela: hemos pasado de discutir sobre su papel en la transformación de las desigualdades sociales y la construcción de la autonomía del individuo/ciudadano a interiorizar el soniquete de la escuela que ha de adaptarse a la realidad  y preparar a sus educandos para el éxito en un competitivo mercado laboral. A esta "filosofía" no son ajenas las fuerzas sociales (sindicatos, patronales, políticos, AMPAS) que convergen en  los "pactos escolares": " De esta forma el desarrollo económico y la lucha contra el desempleo han convertido en crucial la cuestión de la educación y la formación, cuya calidad y eficacia es requerida simultáneamente tanto por los propios aparatos productivos como por los ciudadanos que aspiran legítimamente a insertarse o mantenerse en el mercado laboral." (Comunidad A. de Madrid, 1998).

Pero, ¿ quién suministra a la Comisión Europea este alimento ideológico sobre la finalidad de la educación, que después se hace llegar a los distintos gobiernos europeos? . Son los grandes grupos de presión (FMI, OCDE, OMC, la Trilateral[i], la ERT[ii]...), en sus informes:

• Educación y Capacitación en Europa (ERT, 1989): "el desarrollo técnico e industrial de las empresas europeas exige claramente una renovación acelerada de los sistemas educativos y los programas de enseñanza... la educación y la formación se consideran inversiones estratégicas, vitales para el éxito futuro de la empresa".
   

• Sociedad de la Información (G7[iii], 1995): "El mundo de la educación parece no percibir bien el perfil de los colaboradores que necesita la industria... La educación debe ser considerada como un servicio prestado al mundo económico".

Privatización de la formación profesional

El mundo de la FP comprende la reglada o formación inicial; la continua o actualización del trabajador; y la ocupacional, de carácter social, destinada a parad@s. En los tres subsistemas se percibe con nitidez la incidencia de esta privatización, que opera en un doble plano. Por una parte se verifica el creciente abandono de la responsabilidad pública en su regulación y oferta. Y por otra constatamos, incluso en la FP reglada pública, una formación pensada estrictamente desde el punto de vista del empresario , que carece de valores educativos que incluyan un concepto social constructivo de "trabajo" y que no va más allá de la mera formación de mano de obra "cualificada" y sumisa. Esta tendencia ya está presente en el nacimiento de la "nueva FP" en España, desvirtuada al utilizarse los multimillonarios fondos europeos que se le destinaban en lograr la paz social. CCOO y UGT, principalmente, ofrecieron su obediencia debida al gobierno de turno en materia de reformas laborales etc. y,  a cambio de financiarse con este dinero, "gestionaron" la formación continua y ocupacional. La formación reglada fue la cenicienta de esta apuesta de la Comunidad Europea por la FP, al tiempo que sufría todas las facilidades dadas para avanzar en su privatización:

• En muchos casos, mientras en la red pública apenas se retocan nominalmnte las viejas y agotadas familias profesionales, florecen "casualmente" en la misma comarca iniciativas privadas que ofrecen titulaciones en ramas productivas de más futuro económico. (academias, federación de empresarios...)
   

• Mientras se congela la oferta de plazas en la red pública, se conciertan aulas en la misma familia profesional y localidad.
   

• Se dejan languidecer los centros públicos de FP sin dotación material y, especialmente, sin la actualización del profesorado.

Íntimamente relacionado con este proceso que afecta a los 3 subsistemas están la desregulación de las titulaciones y  el desarrollo de iniciativas privadas en el campo de la formación a distancia.Una vez más debemos recurrir a los informes de los poderes  fácticos para anticipar el proceso y comprender mejor lo que está sucediendo en Europa, en España:

• "...industria y establecimientos educativos pueden trabajar juntos en el desarrollo de programas de enseñanza a distancia  pensados para adultos, que así continúan sus estudios sin por ello abandonar su empleo" (ERT,1989).
   

• "De ahora en adelante, la responsabilidad de la formación ha de ser asumida definitivamente por la industria" (G7, 1995).
   

• [las empresas podrán] "asegurar a cada uno un reconocimiento de sus competencias mediante un sistema flexible y permanente de acreditación de unidades de conocimiento a través de mecanismos de evaluación y validación informáticos... Este nivel [de competencia] será grabado sobre una carta personal: estas cartas serán el verdadero pasaporte para el empleo". (Comisión Europea, 1996)

El pastel de la formación  es muy apetecible para las empresas  y  más si lo pueden reconvertir en  formación a distancia, en un marco donde  también se hubiera "privatizado" la expedición de títulos:

• Genera grandes beneficios derivados tanto de los contenidos (un programa que se elabora una vez y se vende millones de ellas) como del uso de  los soportes (telefonía, componentes electrónicos).
   

• Al margen de la posibilidad adicional de adoctrinamiento, la formación continua le sale muy barata al empresario: se realiza fuera del horario laboral y los gastos corren a cuenta del trabajador (ordenador,  calefacción etc.).
   

• Es suficiente que quede una red formativa pública asistencial que asegure al menos una alfabetización mínima en informática (p.ej.) que  capacite para usar esos programas que habrá que comprar.

La FP reglada en España: ¿un viaje a Guatepeor?

La Ley de FP y las cualificaciones que quiere publicar el PP pretende, resumidamente, establecer la convalidación entre las acreditaciones formativas obtenidas en cualquiera de los 3 subsistemas y tomar el cenrto integrado de FP como eje de los tres. Esto, en el escenario dibujado, podría representar:

• Regresar a la segregación de estas enseñanzas en "centros específicos" y abandonar su componente educativo.

• Facultar con carácter general a iniciativas privadas diversas alejadas del control público para formar, adoctinar y expender títulos (grandes sindicatos,  federaciones de empresarios, academias, grupos editoriales etc.).
   

• Residualizar la red pública(descenso de  alumnado, despidos...) y favorecer que sus recursos humanos o materiales sean utilizadas en beneficio privado, en estos centros integrados.
   

• Fomentar la segregación social en el acceso a la formación y, consiguientemente, al trabajo (a favor de quienes pueden pagarse un curso , tienen contactos en ..etc.)
   

• Asegurar la persistencia de este modelo con la ayuda de los consejos generales de la FP, marco de compadreo entre grandes sindicatos, empresarios y administración.

En resumen, que tanto la red residual pública que permaneciese, como las iniciativas privadas de formación (a distancia o no) trabajarían a mayor gloria de la empresa: una actividad formativa que genera ingresos, que se realiza fuera del horario laboral y que asegura mano de obra permanentemente actualizada y a la medida que se peleará entre sí por un sueldo y unas condiciones de miseria. Pero buen rollito, que estas reformas son para "mejorar la competitividad de España en los mercados", "preparar a nuestros futuros trabajadores" y blablabla.

Epílogo: la formación permanente del profesorado

La formación del profesorado, señaladamente la continua, no escapa a esta doble privatización de la que hemos hablado, y a la colaboran muy especialmente el recorte de la oferta pública (CPRs, p.ej.) junto con la extensión de la ofeta privada a distancia. Este mismo proyecto de ley de la FP indica que "la colaboración de las empresas podrá comprender la formación del profesorado". Pero ya la realidad se le ha adelantado: Santillana ya tiene en el mercado diversos paquetes informáticos formativos; en La Rioja una "plataforma virtual dará formación continua a docentes de FP", mientras un importante capítulo del presupuesto de "Acción social" para funcionarios se destina a préstamos para que compren equipos informáticos; o Amena inyecta más de 400 millones en Asturias para extender el programa del MEC "Aldea digital" (dotar de Internet y ordenadores a las escuelas de la zona rural): mientras se asegura formación barata al enseñante rural, alfabetizamos informáticamente a los reductos más reacios. Pero,¡buen rollito!, que con la globalización, aldea somos tod@s...

El MECD está tramitando por la vía de urgencia el Anteproyecto de Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones; en el mes de junio pasó por la Mesa Sectorial y por el Consejo Escolar del Estado (CEE). Este proyecto, consensuado con la patronal y con los autodenominados sindicatos mayoritarios está encontrando más resistencias de las que esperaban.

En el CEE, distintas organizaciones de la comunidad educativa pedimos su devolución al gobierno con la petición de la redacción de uno nuevo; esta petición la realizó la mayor organización de padres y madres, la CEAPA, el Sindicato de Estudiantes y las organizaciones sindicales CIG y STEs.

Los STEs hemos pedido, tanto en el CEE como en la Mesa Sectorial, la devolución del Anteproyecto actual y la redacción de uno nuevo que contemple medidas claras para alcanzar los objetivos que, para impulsar la FP inicial/reglada, están definidos en el II Programa Nacional de la Formación Profesional; un nuevo anteproyecto que integre a los tres subsistemas de FP; un nuevo anteproyecto que haga del centro educativo el eje de toda la FP. Nuestras razones son concretas y claras.

El proyecto de Ley de la Formación Profesional y de las Cualificaciones que ha presentado el MEC no es el proyecto de ley que se necesita y que se esperaba para revitalizar y dignificar estos estudios. Este proyecto supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicará claramente a la modalidad inicial/reglada que se imparte en los Centros educativos; este proyecto no cumple los objetivos marcados en el Programa Nacional de la FP; el proyecto no integra ni ordena, en contra de los que se afirma en el mismo, los tres subsistemas existentes; el proyecto, que carece de financiación, supone una intromisión en las competencias educativas de las comunidades autónomas. Este proyecto, que se está tramitando de forma urgente, es totalmente desconocido por el profesorado.

La FP inicial/reglada en sus dos modalidades (de base y específica) requiere un impulso institucional para que su desarrollo se ajuste a los principios que la LOGSE establece. La finalidad de estos estudios es la preparación del alumnado para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, por lo que en dicha formación debe contemplarse una dimensión educadora en conocimientos y en valores que permita a los personas desarrollar su actividad laboral, estar preparados para un cambio de actividad y para poder ejercer sus derechos como trabajadores y trabajadoras. El proyecto pretende, por consiguiente, desvincular estas enseñanzas de los principios en los que, según la LOGSE, deben sustentarse. A partir de este giro conceptual sobre lo que debe ser la FP, en el proyecto se articulan una serie de medidas que pretenden cubrir las expectativas del mercado laboral, sin considerar la situación actual y la importancia de la FP inicial/reglada, que cursan cerca de medio millón de alumnos y alumnas en todo el Estado.

Se promueve la segregación de la FP inicial/reglada del sistema educativo público, subordinándola a los intereses del empresariado, pues no sólo mantiene la doble vía que existe actualmente para obtener las acreditaciones profesionales, sino que además otorga efectos académicos a las expedidas por instituciones (empresas y algunos sindicatos) no dependientes de las administraciones educativa; el proyecto no contempla órganos de evaluación e inspección externa, lo que puede provocar situaciones de irregularidad. En ningún es admisible que las titulaciones académicas, o sus equivalentes, se expidan fuera del ámbito educativo.

En el proyecto hay un agravio al profesorado de la FP inicial/reglada al menoscabar su labor docente, admitiendo la incorporación al sistema educativo público de especialistas procedentes del mundo laboral, sin establecer las condiciones que deben reunir estos candidatos (experiencia, titulación académica, etc) ni tampoco especificar las funciones que realizarán. Este profesorado verá, si se aplica la ley, como se “regalan” títulos equivalentes académica y profesionalmente a los estudios que su alumnado tarda dos cursos en conseguir tras la adquisición de conocimientos de todo tipo.

El proyecto, de llevarse a cabo, discriminará a la ciudadanía en el acceso a la formación en función de donde vivan, al diversificar la naturaleza y la “categoría” de los Centros de FP (Nacionales, Integrados y el resto) que competirán en desiguales condiciones en cuanto a medios materiales y humanos a la hora de ajustar su oferta formativa.

Introduce también el proyecto un modelo de dirección de los Centros Integrados por nombramiento directo por la administración, al margen de la elección democrática recogida en la normativa actual.

Consideramos, por estos motivos principalmente, que el Pleno del CEE debe rechazar este proyecto de ley y pedir al MECD su retirada y la redacción de un nuevo proyecto en el que se contemplen los objetivos para impulsar la FP inicial/reglada que están definidos en el II Programa Nacional de la Formación Profesional, que son:

1.  Desarrollar una FP inicial/reglada de calidad que favorezca su dimensión profesionalizadora.

2.   Promover experiencias de innovación para su aplicación generalizada en la nueva FP inicial/reglada.

3.   Incentivar la cualificación de los recursos humanos como factor prioritario de transformación y mejora de la FP inicial/reglada.

4.   Dotar de los recursos materiales adecuados a los objetivos del programa.

5.   Potenciar los programas de Garantía Social e incrementar su oferta relacionándolos con políticas de formación y empleo.

El proyecto que demandamos también tiene que contemplar medidas concretas para prestigiar e impulsar estas enseñanzas, entre las que destacamos las siguientes:

1.  Creación de Observatorios locales de empleo,  que detecten la evolución de las profesiones, diferenciando las residuales de las emergentes.

2.  Extensión de la oferta de Programas de Garantía Social y Ciclos Formativos a los IES que lo soliciten, hasta completar mapas con la oferta global de FP, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico, las posibilidades de desarrollo de las comarcas donde están ubicados y aumentando considerablemente el número de becas para permitir la movilidad del alumnado.

3.  Regulación del acceso no directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

4.  Establecer convenios de colaboración con las Universidades para impulsar la formación permanente del profesorado de la FP inicial/reglada.

5.   Remuneración de las prácticas en empresas y medidas para que las prácticas sean realmente prácticas.

En la Confederación de STEs consideramos este proyecto de ley una medida más del PP en contra de la enseñanza pública y vamos a incluir el rechazo a la misma durante las movilizaciones que realizaremos, conjuntamente con otras organizaciones de la comunidad educativa, contra la política educativa del gobierno en los primeros meses del próximo curso.

Jesús Girón