Un proyecto de ley de Formación Profesional
que pretende privatizar el sistema

Propuesta de la Confederación de STEs al Consejo Escolar de Estado de 26 de Junio de 2001

CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO

José Luis López Belmonte y Augusto Serrano Olmedo, Consejeros en representación de la Confederación de STEs, realizan la siguiente

Propuesta al Pleno del Consejo Escolar del Estado ante el dictamen del Anteproyecto de Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones:

Devolución al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Anteproyecto de Ley de la Formación Profesional y las Cualificaciones y petición de que se redacte un nuevo Anteproyecto que contemple medidas claras para alcanzar los objetivos que, para impulsar la FP inicial/reglada, están definidos en el II Programa Nacional de la Formación Profesional, un nuevo anteproyecto que integre a los tres subsistemas de FP, un nuevo anteproyecto que haga del centro educativo el eje de toda la FP.

Breve justificación de la propuesta:

El proyecto de Ley de la Formación Profesional y de las Cualificaciones que ha presentado el MEC no es el proyecto de ley que se necesita y que se esperaba para revitalizar y dignificar estos estudios. Este proyecto supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicará claramente a la modalidad inicial/reglada que se imparte en los Centros educativos; este proyecto no cumple los objetivos marcados en el Programa Nacional de la FP; el proyecto no integra ni ordena, en contra de los que se afirma en el mismo, los tres subsistemas existentes; el proyecto, que carece de financiación, supone una intromisión en las competencias educativas de las comunidades autónomas. Este proyecto, que se está tramitando de forma urgente, es totalmente desconocido por el profesorado.

La FP inicial/reglada en sus dos modalidades (de base y específica) requiere un impulso institucional para que su desarrollo se ajuste a los principios que la LOGSE establece. La finalidad de estos estudios es la preparación del alumnado para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, por lo que en dicha formación debe contemplarse una dimensión educadora en conocimientos y en valores que permita a los personas desarrollar su actividad laboral, estar preparados para un cambio de actividad y para poder ejercer sus derechos como trabajadores y trabajadoras. El proyecto pretende, por consiguiente, desvincular estas enseñanzas de los principios en los que, según la LOGSE, deben sustentarse. A partir de este giro conceptual sobre lo que debe ser la FP, en el proyecto se articulan una serie de medidas que pretenden cubrir las expectativas del mercado laboral, sin considerar la situación actual y la importancia de la FP inicial/reglada, que cursan cerca de medio millón de alumnos y alumnas en todo el Estado.

Se promueve la segregación de la FP inicial/reglada del sistema educativo público, subordinándola a los intereses del empresariado, pues no sólo mantiene la doble vía que existe actualmente para obtener las acreditaciones profesionales, sino que además otorga efectos académicos a las expedidas por instituciones (empresas y algunos sindicatos) no dependientes de las administraciones educativa; el proyecto no contempla órganos de evaluación e inspección externa, lo que puede provocar situaciones de irregularidad. En ningún es admisible que las titulaciones académicas, o sus equivalentes, se expidan fuera del ámbito educativo.

En el proyecto hay un agravio al profesorado de la FP inicial/reglada al menoscabar su labor docente, admitiendo la incorporación al sistema educativo público de especialistas procedentes del mundo laboral, sin establecer las condiciones que deben reunir estos candidatos (experiencia, titulación académica, etc) ni tampoco especificar las funciones que realizarán. Este profesorado verá, si se aplica la ley, como se "regalan" títulos equivalentes académica y profesionalmente a los estudios que su alumnado tarda dos cursos en conseguir tras la adquisición de conocimientos de todo tipo.

El proyecto, de llevarse a cabo, discriminará a la ciudadanía en el acceso a la formación en función de donde vivan, al diversificar la naturaleza y la "categoría" de los Centros de FP (Nacionales, Integrados y el resto) que competirán en desiguales condiciones en cuanto a medios materiales y humanos a la hora de ajustar su oferta formativa.

Introduce también el proyecto un modelo de dirección de los Centros Integrados por nombramiento directo por la administración, al margen de la elección democrática recogida en la normativa actual.

Consideramos, por estos motivos principalmente, que el Pleno del CEE debe rechazar este proyecto de ley y pedir al MECD su retirada y la redacción de un nuevo proyecto en el que se contemplen los objetivos para impulsar la FP inicial/reglada que están definidos en el II Programa Nacional de la Formación Profesional, que son:

1. Desarrollar una FP inicial/reglada de calidad que favorezca su dimensión profesionalizadora.

2. Promover experiencias de innovación para su aplicación generalizada en la nueva FP inicial/reglada.

3. Incentivar la cualificación de los recursos humanos como factor prioritario de transformación y mejora de la FP inicial/reglada.

4. Dotar de los recursos materiales adecuados a los objetivos del programa.

5. Potenciar los programas de Garantía Social e incrementar su oferta relacionándolos con políticas de formación y empleo.
 

El proyecto que demandamos también tiene que contemplar medidas concretas para prestigiar e impulsar estas enseñanzas, entre las que destacamos las siguientes:

1. Creación de Observatorios locales de empleo, que detecten la evolución de las profesiones, diferenciando las residuales de las emergentes.

2. Extensión de la oferta de Programas de Garantía Social y Ciclos Formativos a los IES que lo soliciten, hasta completar mapas con la oferta global de FP, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico y las posibilidades de desarrollo de las comarcas donde están ubicados.

3. Regulación del acceso no directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

4. Establecer convenios de colaboración con las Universidades para impulsar la formación permanente del profesorado de la FP inicial/reglada.
 

Esperamos que el Pleno del CEE sea sensible a esta petición, que apruebe la retirada del anteproyecto y la petición de que se redacte uno nuevo que integre a los tres subsistemas de FP y que haga del centro educativo el eje de toda la FP, tal y como aprobamos en el Pleno del pasado día 22 de este mismo mes.

Madrid, 26 de Junio de 2001