PROGRAMA ELECTORAL BÁSICO
DE LA CONFEDERACIÓN DE STES-INTERSINDICAL

1. COMPARTIMOS DECISIONES

En la negociación y en la movilización compartimos decisiones.
Con este mensaje hemos estado haciendo propuestas de acción sindical para insistir en la necesidad de una fuerza sindical que haga compatible la gestión y oferta de los servicios sindicales necesarios para los trabajadores y trabajadoras, con el respeto a la capacidad democrática de decidir por ellos mismos en todo lo que les atañe.

STEs-intersindical es una fuerza sindical alternativa, tanto por sus propuestas de acción sindical, como por la incorporación de nuevos colectivos. No somos la única fuerza sindical pero, a diferencia de otras, seguimos empeñados, como hace 30 años, en defender un sindicalismo democrático y sin tutelas de burocracias sindicales que decidan por su cuenta.

STEs-intersindical viene desarrollando una intensa actividad frente al avance del mercantilismo y las propuestas privatizadoras que afectan a los servicios públicos de acuerdo con la nefasta Directiva Bolskestein de la Comunidad Europea en la que la educación, la sanidad, las comunicaciones y los transportes son objetivos estratégicos a controlar por el poder económico. Lo hemos hecho en relación con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado denunciando la renuncia a recuperar poder adquisitivo o la privatización de las pensiones; con la negociación de los derechos laborales con relación a la negociación del Estatuto Básico del Empleado Público sin la participación del personal afectado; o con relación a la privatización de la sanidad o a la LOE, la LOU o el Estatuto Docente… Pero también en la lucha contra la reforma laboral y la precariedad en el trabajo, por compatibilizar convivencia democrática y trabajo saludable, por conciliar vida laboral y personal, contra la siniestralidad laboral… y por hacer realidad una democracia sindical, en la cual la voz de las trabajadoras y los trabajadores no sea marginada por su opción sindical.

Pero avanzar cuesta por las continuas dificultades que se imponen desde la administración en connivencia con algunos sindicatos. En 1985 el gobierno socialista, acordó con CCOO, UGT y CSIF un marco sindical “a medida” que dificultara al resto de fuerzas sindicales la capacidad de actuar. Con el paso de los años ese exclusivismo se ha mostrado insuficiente y, a pesar de las facilidades, han venido perdiendo audiencia de manera constante. Pero se han acostumbrado a tener la mayoría y no están dispuestos a perderla. Por ello han acordado, con otro gobierno socialista una nueva modificación legislativa para dificultar la acción sindical del resto de fuerzas sindicales. Y cuando en las mesas constituidas participan otros sindicatos, por su representatividad, buscan subterfugios para continuar disfrutando de la exclusividad, y de los beneficios que comporta, que no le han dado los procesos electorales. La invención del llamado “Foro de Diálogo Social”, al margen de las mesas de negociación, ha sido el último recurso para mantener la negociación colectiva en un coto de uso particular.

Contigo, mejor

En las próximas elecciones sindicales vamos a reclamar el reconocimiento del compromiso individual y colectivo en el mantenimiento y defensa de lo que es nuestro, los servicios públicos, que en justa reciprocidad debe ir acompañado del reconocimiento de derechos como trabajadores y trabajadoras con la adecuada revalorización social de nuestro trabajo.
1.1 Compartir significa también que no cabe establecer diferencias entre el sindicato y los trabajadores y trabajadoras. Somos parte de una misma realidad. No estamos solos, ni para reivindicar derechos individuales, ni para que se reconozca nuestro trabajo, ni para defender los servicios públicos. Para todo ello es mejor actuar colectivamente. Y para eso está el sindicato, un instrumento al servicio de trabajadores y trabajadoras. Juntos podemos construir un espacio sindical común para avanzar hacia un sindicalismo más fuerte y alternativo, dónde materializar la autoorganización y la toma soberana de decisiones sobre todo aquello que nos afecta como parte de la clase trabajadora.
STEs-Intersindical continúa construyendo como organización un espacio que sirve para participar conjuntamente en las luchas. Porque, tanto si negociamos como si nos movilizamos, STEs-Intersindical es un espacio dónde los trabajadores y las trabajadoras compartimos decisiones. Contigo, mejor.

20 EJES REIVINDICATIVOS Y 200 PROPUESTAS PARA FORTALECER
LA ESCUELA PÚBLICA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO
DEL PROFESORADO

Reivindicaciones generales para la Enseñanza Pública.

Los STES-i nos hemos caracterizado siempre por la defensa de una escuela pública de calidad y hemos denunciado que la Ley de Educación (LOE) supone el mayor ataque que ha sufrido nunca el concepto de escuela pública. La LOE responde a las políticas privatizadoras que tratan de implantarse en todo el mundo siguiendo los dictados de organismos internacionales no democráticos.

Los STES consideramos muy grave que esta ley refleje que la educación, un derecho fundamental de las personas y no un servicio sujeto a las reglas del mercado, es un servicio público que “puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ya que esa llamada “iniciativa social” es la empresa privada, concebida para el lucro, el adoctrinamiento o ambas cosas.

No se aprovechó la tramitación de la LOE para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado. Las propuestas de STES para avanzar en esta mejora fueron rechazadas, escudado el Gobierno en el apoyo que decía tener de las organizaciones sindicales que firmaron con el Ministerio de Educación un acuerdo hace ahora un año.

Y ahora quieren imponernos el Estatuto del Profesorado. Desean hacerlo tras estas elecciones sindicales, cuando les sea más sencillo contar con la complicidad de otras organizaciones sindicales. Los STES calificamos el actual proyecto de Estatuto de “inquietante, regresivo y jerarquizador”, y lo rechazamos globalmente, ya que mientras que, en teoría, ha de reflejar nuestros derechos y deberes, en realidad pone todo el profesorado bajo sospecha al señalar que se le retribuirá en función del cumplimiento de sus obligaciones como docente. Además, el Estatuto pretende introducir métodos empresariales en la gestión del profesorado de la enseñanza pública, con procedimientos impropios de lo que es y debe seguir siendo el trabajo docente. Todo ello puede suponer un empeoramiento grave de las actuales condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza. La negociación del Estatuto del Profesorado se reanudará tras las elecciones, con la representación sindical surgida de ellas.

Rebelarse para avanzar es la tarea colectiva que tenemos por delante. Porque ante la falta de respeto y el menosprecio hacia nuestro trabajo por parte de las administraciones educativas, ante el peligro cierto de retroceso en las condiciones laborales del profesorado, no cabe otra respuesta que rebelarse. Habrá que rebelarse hasta conseguir que las administraciones tomen medidas para fortalecer la escuela pública.

Los STES, que mantenemos desde siempre la coherencia en la defensa de la escuela pública y del profesorado, nos comprometemos a defender todas las reivindicaciones expuestas en el presente programa. En los STES, además, tu voz siempre cuenta.
Compartimos decisiones. Contigo, mejor.

1. Por la Escuela Pública

1.1. Dotación presupuestaria adecuada para el sistema educativo público: aumento de su financiación hasta un 7% del PIB. Negociación en cada comunidad autónoma de una red pública de centros para satisfacer la demanda en todas las etapas y enseñanzas.
1.2. Elaboración, en el marco de la Mesa Sectorial, de un plan de centros y equipamientos escolares, con el objetivo de establecer unos requisitos mínimos para todos los centros escolares del Estado sobre infraestructuras y dotaciones materiales.
1.3. Establecimiento del Cuerpo Único de Enseñantes (o del Profesorado), con la titulación de Grado, equivalente a la actual licenciatura, para todos sus componentes. Movilidad horizontal y vertical, hasta la universidad, por concurso de méritos.
1.4. Dotación suficiente de personal docente, no docente y personal de administración y servicios en los centros para adecuar las plantillas a las necesidades educativas actuales.
1.5. Prioridad de la planificación educativa sobre el pretendido “derecho de elección de centro”. Comisiones de Escolarización en todos los municipios y eliminación de las prácticas selectivas: no al criterio de renta. Equilibrio distributivo para el alumnado con necesidades educativas específicas
1.6. Paralización de la política de conciertos educativos con empresas privadas. Rescisión de los convenios actuales en tramos no obligatorios de escolarización. Eliminación de los conciertos a los centros que segregan al alumnado en función del sexo.
1.7. Dotación a los centros del personal especializado necesario para el apoyo a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, para la compensación educativa y para la prevención y atención a la diversidad.
1.8. Apertura de centros fuera del horario lectivo con oferta pública gratuita de actividades extraescolares que se incorporarán a la Programación Anual del Centro y serán impartidas por personal específico con las adecuadas condiciones laborales.
1.9. No a una evaluación externa del sistema educativo subordinada a objetivos de mercantilización. La evaluación debe ser una tarea permanente de los propios agentes educativos y orientada a la detección y superación de las dificultades y problemas planteados, es decir, a la mejora y perfeccionamiento del sistema educativo público.
1.10. Por una enseñanza laica: eliminación de la enseñanza confesional de cualquier doctrina religiosa en el currículo escolar. Desaparición de todos los símbolos y actos religiosos.

2. Por la gestión democrática de los centros

2.1. Modificación de la LOE para posibilitar la gestión democrática de los centros educativos. No al modelo de gestión empresarial y competitivo recogido en la propuesta de Estatuto Docente.
2.2. Potenciación de claustros y consejos escolares, con todas las competencias sobre gestión y gobierno de los centros. No a la conversión de estas instancias en meros órganos consultivos.
2.3. Elección democrática de todos los cargos directivos, incluidos los de los centros integrados. No a las comisiones de selección.
2.4. Potenciación del trabajo en equipo del profesorado, y eliminación de la jerarquización actual en los cuerpos docentes.
2.5. Autonomía organizativa y pedagógica de los centros para determinar su modelo de gestión y su jornada escolar.
2.6. Creación y potenciación de los Consejos Escolares Municipales y Territoriales. Elección democrática de los órganos rectores de todos los Consejos Escolares.
2.7. Corresponsabilidad en las tareas de coordinación y gestión de la organización de los centros de forma equilibrada y sin sesgos sexistas.
2.8. Desarrollo de una educación basada en los valores del pensamiento crítico, la solidaridad, la igualdad de género y el respeto de la diversidad étnica, cultural y lingüística.
2.9. Fomento de la identidad cultural, mediante el conocimiento del entorno y desde la interculturalidad.
2.10. Desarrollo de programas de coeducación, educación emocional y sexual, educación medioambiental, educación para la paz y la democracia..., como temas trasversales en todas las áreas.

3. Por la estabilidad en el empleo

Personal interino

3.1 Estabilidad para todo el profesorado interino hasta su acceso definitivo a la condición de funcionario/a de carrera, reflejado en un acuerdo negociado con las organizaciones sindicales y ratificado por el colectivo afectado.
3.2 Elaboración de listas, en el que el mérito preferencial sea el tiempo de servicios, desvinculadas de las convocatorias de oposiciones.
3.3 Acceso a la función pública docente por concurso de méritos. Derogación del modelo actual de acceso (Real Decreto 334/04).
3.4 Negociación de un nuevo sistema que contemple el acceso diferenciado para el profesorado interino, sin pruebas eliminatorias, donde la experiencia docente tenga carácter primordial. Convalidación de la fase de prácticas con un curso de experiencia docente. Máximas garantías de objetividad en todo el proceso selectivo.
3.5 Equiparación de las condiciones laborales con el personal funcionario de carrera:
3.5.1 Cobro de trienios y del resto de complementos retributivos.
3.5.2 Eliminación de cualquier tipo de discriminación entre el personal interino y el personal funcionario por maternidad y reducción por cuidado de hijos e hijas.
3.5.3 Acceso en igualdad de condiciones a la formación institucional.

Personal funcionario

3.6. Conversión en plantilla orgánica de todas las vacantes existentes en los centros para su oferta en los concursos de traslados. Conocimiento previo de las vacantes existentes en centros educativos. Adjudicación de las primeras resultas.
3.7. Negociación en las mesas de Educación de los criterios para creaciones, supresiones o amortizaciones de plazas. Negociación anual con cada junta de personal de todas las creaciones, supresiones, amortizaciones y habilitaciones.
3.8. En el caso de supresión de puestos de trabajo, mantenimiento, con carácter voluntario, del destino en el mismo centro en labores de apoyo o para impartir las especialidades que se posean. Aprovechar estas situaciones para avanzar en la mejora del servicio educativo mediante la tipificación de nuevas necesidades, reducción de ratios, desdoblamientos, etc.
3.9. Concurso de traslados: convocatoria anual del concurso. Por años alternos: concurso estatal y concurso autonómico.
3.10. Garantías de mantenimiento de los destinos definitivos alcanzados por el concurso de traslados. Respeto a los derechos adquiridos por el profesorado funcionario: no a la movilidad forzosa ni a la redistribución de efectivos (contemplados en el proyecto de Estatuto del Profesorado). No a la adjudicación forzosa de destinos.

4. Por la mejora de las condiciones de trabajo

4.1. Licenciatura o Grado equivalente para acceder a la docencia en todos los niveles educativos. Cuerpo Único de Enseñantes (o del Profesorado).
4.2. Jornada laboral de 35 horas semanales, con 28 como máximo de permanencia en el centro. Reducción de la jornada lectiva en todos los niveles educativos.
4.3. Implantación del año sabático. Establecimiento de un plan plurianual en cada comunidad autónoma para garantizar el acceso a todo el profesorado que lo solicite.
4.4. Cobertura de todas las vacantes desde el principio de curso mediante adjudicación pública presencial, con requerimiento de especialidad y modalidad lingüística. Dotación suficiente para cubrir todas las sustituciones y el apoyo en todos los niveles y programas educativos.
4.5. Autonomía de los centros para determinar el modelo de jornada escolar. Establecimiento de la jornada continuada para el profesorado. Contratación de personal suficiente para que el alumnado desarrolle actividades complementarias, bajo el control del consejo escolar del centro.
4.6. Acceso por concurso de méritos —no por concurso-oposición— entre los diferentes cuerpos docentes, también los universitarios. Acceso indefinido del profesorado del Cuerpo de maestros a los puestos de trabajo de primer ciclo de la ESO. Planes institucionales de formación que posibiliten el acceso de los actuales maestros y maestras a la licenciatura o grado equivalente.
4.7. Regulación pactada de las condiciones del profesorado que comparte centro. Negociación de la condiciones de trabajo del profesorado itinerante. Aumento de dietas por kilometraje. Créditos a coste cero para la adquisición de vehículos. Consideración de los accidentes in itinere como accidentes laborales.
4.8. Adscripción voluntaria a plazas catalogadas como itinerantes, compartidas, de instituciones penitenciarias...
4.9. Reducción del horario lectivo a las personas mayores de 55 años, sin merma las retribuciones. Reducción de jornada por estudios, problemas de salud y embarazo.
4.10. Mantenimiento de la jubilación anticipada. Jubilación, con el 100% de las retribuciones, a los 30 años de servicio o a los 60 de edad.

5. Por la mejora de las retribuciones

5.1. El derecho a la negociación colectiva es una reivindicación fundamental. El profesorado, como todo el personal del sector público, tiene que poder negociar sus retribuciones. Reivindicamos que la negociación de las condiciones laborales y retributivas sea competencia de las diferentes Mesas sectoriales de Educación.
5.2. Negociación de un nuevo sistema retributivo que supere el actual, basado en la división salarial del profesorado. El nuevo sistema tiene que incluir los actuales complementos en el salario base y el nivel 26 de complemento de destino para todo el profesorado.
5.3. Mientras se alcanza el Cuerpo Único del Profesorado, transitoriamente, nivel 24 para el Cuerpo de Maestros y nivel 26 para los Cuerpos de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial.
5.4. Incremente progresivo del complemento específico general para todo el profesorado, como medida de apoyo. Aumento lineal inicial de 70 euros, e incremento progresivo hasta alcanzar los 250 al finalizar la implantación de la LOE.
5.5. Rechazo total a la propuesta de grados del proyecto de Estatuto de la Función Pública Docente. El actual sistema retributivo basado en sexenios debe desaparecer para incorporar su cuantía a la masa salarial y a un reparto homogéneo para todo el profesorado.
5.6. Sistema retributivo basado en criterios objetivos y no en las evaluaciones arbitrarias planteadas en el proyecto de Estatuto del Profesorado, que sólo beneficiarían al profesorado más afín al superior jerárquico. Desvinculación de las retribuciones de la evaluación de las tareas propias del profesorado. No al complemento de innovación educativa.
5.7. Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, en los que en nuestro sector se ha registrado una importante pérdida de capacidad adquisitiva y los salarios se han devaluado sensiblemente. Incrementos salariales iguales al IPC real, con un porcentaje para la recuperación del poder adquisitivo.
5.8. Cláusula de revisión salarial automática.
5.9. Pagas extraordinarias completas, con el 100% de todos los complementos.
5.10. Desaparición de los contratos a tiempo parcial y las horas extraordinarias para transformarse en nuevos puestos de trabajo y jornadas a tiempo completo.

6. Por una formación para la mejora de la enseñanza

6.1. Formación inicial de Licenciatura o Grado equivalente. Exigencia de este nivel académico para acceder a todas las etapas educativas, para avanzar hacia el Cuerpo Único de Enseñantes (o del Profesorado). Gratuidad de las etapas de formación inicial.
6.2. Formación del profesorado que incluya los conocimientos teóricos y prácticos referentes al área curricular o áreas curriculares correspondientes a su especialidad o subespecialidad. De igual modo, el profesorado ha de conocer las características psicobiólogicas y sociales del alumnado de su nivel educativo y ha de saber aplicar técnicas de dinámica de grupos y resolución de conflictos.
6.3. La formación continua, un derecho y un deber del profesorado, es responsabilidad de las administraciones educativas.
6.4. La planificación de la formación que deben ofertar las administraciones educativas se realizará con la participación de representantes del profesorado, las universidades públicas y los movimientos de renovación pedagógica —u otros colectivos similares— de reconocido prestigio.
6.5. La formación continua se realizará en horario lectivo. No a la privatización de la formación.
6.6. La formación se desarrollará preferentemente en los centros de trabajo, en las modalidades centradas en la potenciación de equipos de trabajo con incidencia directa en el aula: ciclos, departamentos y claustros.
6.7. En la formación continua se potenciará el aprendizaje de estrategias de comunicación, dinámicas de grupo y resolución de conflictos.
6.8. Impulso y apoyo a la innovación, la experimentación y la investigación educativa del profesorado.
6.9. Reconocimiento y apoyo institucional a los grupos de docentes que planifiquen su autoformación y la reflexión conjunta sobre problemas pedagógicos. Apoyo institucional a los movimientos de renovación pedagógica.
6.10. Ampliación generalizada del número de licencias por estudios, con el cobro íntegro de las retribuciones.

7. Por la compensación de desigualdades y la atención a la diversidad

7.1. Reivindicamos una escuela inclusiva, que responda a la diversidad de todo el alumnado, que respete y reconozca sus diferencias y sus singularidades, que ofrezca las oportunidades educativas y las ayudas necesarias —curriculares, personales y materiales— para el progreso académico y personal del alumnado. Todos los centros educativos deben ser de hecho centros de integración y han de reunir las condiciones arquitectónicas y físicas apropiadas.
7.2. Todos los centros educativos programarán medidas de atención a la diversidad. Los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas específicas (NEE) tendrán una reducción de ratio y en cada aula habrá un máximo de dos alumnos con NEE.
7.3. Refuerzo de la autonomía pedagógica del centro educativo. Impulso a las funciones del claustro y el consejo escolar para establecer y reforzar programas de atención a la diversidad centrados en su propio contexto.
7.4. Elaboración de un Plan de actuación coordinado entre distintos servicios, instituciones sociales y sanitarias, ayuntamientos, ONG, asociaciones... para conseguir una coordinación efectiva de recursos en la labor preventiva y compensadora de la escuela.
7.5. El currículo del centro incorporará a su oferta los programas para atender a la diversidad lingüística del alumnado. Se desarrollarán programas de educación para la convivencia —en horario lectivo— y se dotará a los centros del profesorado necesario, que contará con la formación adecuada.
7.6. Los centros de Infantil y Primaria dispondrán de un departamento de Orientación completo, y mantendrán las estructuras de los equipos de Orientación. Los centros de Secundaria contarán con un departamento de Orientación completo, con profesorado suficiente para poder canalizar y adoptar las medidas que se precisen para atender a la diversidad.
7.7. Desarrollo de adaptaciones curriculares individualizadas para el alumnado que lo necesite, desde Primaria y durante toda la etapa de Educación Obligatoria. Impulso al desarrollo de la optatividad en la ESO y a los programas específicos de Diversificación Curricular.
7.8. Implantación del servicio de comedor escolar en todos los centros educativos públicos, con personal específico a cargo de la Administración. Adecuación del servicio de transporte escolar a unas condiciones de seguridad y calidad óptimas y adecuadas a las características y necesidades del alumnado —rampas y anclajes necesarios para sillas de ruedas…—. Renovación de las flotas de autobuses y obligatoriedad de la instalación y uso de los cinturones de seguridad.
7.9. Reducción del horario lectivo para la acción tutorial, elemento clave de atención a la diversidad, y para las tareas de coordinación. Cada centro establecerá el número de horas en función de sus necesidades. La función tutorial es inherente a la tarea docente.
7.10. Los centros de Educación Especial serán centros de apoyo y recursos al servicio de los centros de su ámbito, lo que supone dotarlos adecuadamente con recursos personales y materiales. Estos centros no deben sustituir en ningún caso a los servicios que necesita la zona.

8. Por una convivencia sana en los centros educativos

8.1 Hay que reconocer la existencia de una violencia específicamente escolar que daña la convivencia en los centros educativos, huyendo del tremendismo y el alarmismo.
8.2 Rechazo a cualquier contenido de violencia, física, verbal, gestual, sexual, racista, organizativa o psicológica que daña la convivencia sana en los contextos escolares.
8.3 Potenciar la convivencia, mediante planes integrales de formación y el fomento de la competencia social. Impulsar la educación de valores y los contenidos de la convivencia en positivo: la ayuda, la colaboración, la compasión, la cooperación, el consuelo, la solidaridad, el trabajo de la empatía, la escucha activa, las habilidades sociales, el diálogo y la resolución colaborativa de los conflictos en los contextos escolares.
8.4 Exigencia a las Administraciones Públicas de la prevención y abordaje de los problemas de convivencia en su raíz social, comprometiéndose en la lucha efectiva por la reducción de las desigualdades sociales a través de políticas compensadoras.
8.5 Inserción e integración plena de la prevención de los conflictos y de la violencia en las dinámicas escolares; elaboración de “planes preventivos integrales” y de “planes específicos” para problemas concretos, con la participación real de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
8.6 Incremento de los recursos para afrontar los nuevos retos de la convivencia. Consideramos imprescindible:
-la reducción de las ratios y del número de grupos por profesor/a.
-que las plantillas de los centros públicos se aumenten y se de cabida habitual a la actuación integrada de otros profesionales distintos a los docentes (trabajadores/as sociales, mediadoras/es, colaboradores/as, sanitarios, auxiliares educativos,…)
8.7 Desarrollo pleno de sistemas de vigilancia de la salud psicosocial, universalizando a todo el Profesorado su cobertura, con adaptación de los reconocimientos a las especificidades de las situaciones de convivencia y a los diferentes perfiles de centros y de puestos de trabajo.
8.8 Exigencia de protocolos de actuación frente a los medios de comunicación y estudio del impacto de las nuevas tecnologías en la convivencia escolar.
8.9 Extensión de los valores participativos y la corresponsabilidad en la gestión de la convivencia a toda la Comunidad Educativa y más, fomentando el trabajo comunitario, con otras instancias y figuras como los educadores y los servicios sociales, ayuntamientos, organizaciones sociales, voluntariado, policía de proximidad, comerciantes y ciudadanía.
8.10 Compromiso total con los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, impulsando la valoración social de nuestro trabajo, ampliando y mejorando la asistencia jurídica y el apoyo institucional por parte de la Administración.

9. Mejorar la Educación Infantil

9.1. Consideración de la Educación Infantil como etapa educativa.
9.2. Creación y ampliación de la red de colegios públicos de Educación Infantil para cubrir la demanda en el ciclo 0-3 años. Integración en la red pública de cada comunidad autónoma de las escuelas infantiles municipales y las de otras consejerías.
9.3. Adecuación del centro a las características y necesidades del alumnado —patios, aseos, aulas...— y eliminación de todas las barreras arquitectónicas.
9.4. Ratios (cantidad de alumnado máximo) en el segundo ciclo de educación Infantil: 3 años, 15; cuatro años, 15, cinco años, 15; aulas mixtas, 12. En cada aula con alumnado de NEE, reducción de las ratios en tres alumnos por cada uno con estas necesidades.
9.5. Dotación suplementaria de un maestro o maestra especialista en Infantil por cada tres unidades o fracción. Asignación de técnicos/as superiores en Educación Infantil a todos los centros.
9.6. Impulso de las medidas necesarias —organizativas, de formación inicial y permanente del profesorado— para posibilitar que el alumnado se aproxime a las nuevas necesidades educativas, como las nuevas tecnologías, aprendizaje de idiomas...
9.7. Atención al alumnado con NEE por personal especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
9.8. Plan de acogida integrador para el alumnado inmigrante que desconozca el idioma, o los idiomas, en las comunidades con dos lenguas oficiales.
9.9. Formación específica y continua para el profesorado de la etapa dentro del horario lectivo.
9.10. Personal educativo complementario: auxiliares técnicos educativos y personal de administración y servicios en todos los centros públicos. Presencia del personal de limpieza en horario lectivo.

10. Por la mejora de la Educación Primaria

10.1. Red de centros públicos suficiente para atender la demanda de escolarización de esta etapa educativa.
10.2. Adecuación de los centros públicos a las necesidades educativas: patios —ajustados a las normas de seguridad europeas—, gimnasios, materiales didácticos e integración de los medios informáticos y audiovisuales en las aulas.
10.3. Eliminación de las barreras arquitectónicas. Creación y dotación de aulas específicas para las diferentes especialidades: idiomas, música...
10.4. Tutor o tutora generalista por unidad escolar.
10.5. Dotación de profesorado especialista en Educación Musical y en Idiomas en todos los centros. Especialistas de PT y AL en todos los centros. Profesorado de apoyo a las tareas educativas en centros que escolaricen a alumnado con NEE.
10.6. Creación del Departamento de Orientación escolar en cada centro. Inclusión en su plantilla de educadoras/es sociales.
10.7. Inclusión, en horario lectivo, de las tareas de acción tutorial con el alumnado.
10.8. Ratios: Tendencia hacia un máximo de 15 alumnos/as por aula, para favorecer la calidad educativa. Reducción hasta un máximo de 15 en aulas con alumnado con NEE y/o de compensación, con un máximo de dos por aula; 15, como máximo, en aulas con alumnado de distinto ciclo.
10.9. Plan de acogida integrador para el alumnado inmigrante que desconozca el idioma, o los idiomas, en las comunidades con dos lenguas oficiales.
10.10. Personal de Administración y Servicios en todos los centros públicos.

11. Por la mejora de la Enseñanza Secundaria

11.1 Configuración y potenciación de una red pública de centros que garantice el derecho a la educación del alumnado, independientemente de las circunstancias geográficas y sociales y sin merma de la oferta educativa ni de las condiciones laborales del profesorado.
11.2 Garantía en todas las localidades o zonas de una oferta educativa lo más amplia posible que garantice la mayor igualdad en todos los centros. Generalización de las Enseñanzas de Régimen Nocturno. Ampliación de la oferta de Bachilleratos Artísticos.
11.3 La calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad justifican la reducción de las ratios hasta situarlas en un máximo de 20 en toda la ESO y 25 en Bachillerato; un máximo de 15 en las aulas que acojan alumnado con dificultades especiales.
11.4 La Tecnología y las materias que impliquen talleres no sobrepasarán los 15 alumnos/as por aula. No a las ratios mínimas para grupos de desdobles, laboratorios... Aumento de la oferta de asignaturas optativas y eliminación del requisito de 15 alumnas/os para impartirlas.
11.5 La Orientación y Tutoría son pilares básicos de la Educación Secundaria y para su desarrollo es necesario: aumentar los departamentos de Orientación en todos lo centros; creación de una plaza de Psicopedagogía por cada 350 alumnos o fracción, a partir de 16 unidades de ESO o en centros de especial dificultad, con un incremento proporcional del profesorado de ámbito y del resto de profesionales adscritos al departamento. Creación y dotación de plazas de los ámbitos Científico Tecnológico, Sociolingüístico y del área práctica. Inclusión en el mismo de un profesor/a de PT y otro de AL, un/a educador/a social, un profesor/a de Compensatoria.
11.6 Propuesta de plantillas:
- Creación de la primera plaza de la especialidad a partir de las ocho horas lectivas. Para aumentar la plantilla se precisará un excedente horario mínimo de 12 horas
- No al desplazamiento de profesorado por falta de horario. Reubicación voluntaria del profesorado para otras funciones.
- Supresión de la impartición de “asignaturas afines”.
- Creación de los departamentos didácticos correspondientes a cada una de las materias contempladas en los correspondientes decretos de especialidades
11.7. Nueva distribución horaria, que recoja todas las tareas y funciones que demanda el sistema educativo. En las plantillas orgánicas, además de las horas curriculares, se calcularán también las dedicadas a tutorías, equipos educativos, formación, atención a las familias, coordinación de curso, nivel y ciclo y todas aquellas con especial incidencia en la acción directa en el aula. En cualquier caso, no se sobrepasarán las 15 horas lectivas semanales. No a las horas extraordinarias. Equiparación horaria de la Tutoría a las Jefaturas de Departamento. Generalización de tres horas para las tutorías con la consideración de lectivas.
11.8. Creación de la nueva especialidad, en los cuerpos docentes, de Educación Social, destinada en el Departamento de Orientación.
11.9. Plan de acogida integrador para el alumnado inmigrante que desconozca el idioma, o los idiomas, en las comunidades con dos lenguas oficiales.
11.10. Formación del profesorado específica en atención a la diversidad y en los recursos educativos para la resolución de conflictos.

12. Por la mejora de la Formación Profesional

12.1. Derogación de la Ley de Formación Profesional (FP). Esta ley contempla la privatización de la FP y permite la incorporación de los centros privados y empresas al sistema educativo con la posibilidad de expedir títulos de validez académica y laboral.
12.2. El centro educativo debe ser el eje de toda la FP. Desarrollo de una FP inicial, reglada y continua de calidad que favorezca su dimensión profesionalizadora.
12.3. Todos los recursos públicos han de ir destinados a la FP de los centros públicos. No a los conciertos. Potenciación de la FP reglada, al servicio del desarrollo personal del alumnado. No a una formación basura, dirigida a formar personas que realicen el trabajo basura.
12.4. Control público de las actividades formativas de FP. Control público exclusivo sobre los títulos y certificados profesionales. Modificación de las normas que regulan la composición de los Consejos de la Formación Profesional para dar cabida a todos los sindicatos.
12.5. Gestión democrática de los centros integrados de FP: elección de los cargos directivos por el consejo escolar del centro. Cursos de formación ocupacional y de formación continua incluidos en la programación anual del centro; el horario correspondiente a estos cursos debe integrarse en la plantilla del centro y se deben crear los puestos de trabajo necesarios, sin horas extra para nadie.
12.6. Ampliación de las plantillas de profesorado de FP que facilite la continua formación y adaptación a los distintos ciclos.
12.7. Ratio máxima de 20 alumnos/as por aula. Desdoblamiento de los módulos prácticos.
12.8. Ampliación de Ciclos Formativos de Grado Medio en los centros públicos que cuenten con familias con Ciclos de Grado Superior.
12.9. Dotación de horas lectivas suficientes para las tutorías de formación en centros de trabajo, pago de dietas y kilometraje.
12.10. Diseño y puesta en práctica de una formación y orientación laboral orientada hacia una cultura sindical solidaria y participativa en el mundo del trabajo.

13. Por la mejora de la Escuela Rural

13.1. Tratamiento legislativo específico para el subsistema educativo rural, especialmente en los requisitos mínimos de los centros, su estructura organizativa y normativa de funcionamiento. Reglamentos orgánicos de centros adaptados a esta especificidad.
13.2. Obligatoriedad de que el mapa escolar rural contemple, en cada territorio, todas las etapas y ofertas educativas —obligatorias y post-obligatorias— así como los diferentes servicios —equipos Psicopedagógicos y de Orientación, transporte y comedor, actividades extraescolares...—.
13.3. Reconocimiento de la diversidad de modelos de escolarización en el medio rural (escuelas unitarias, centros incompletos, CRAs, colegios comarcales, etc.), a condición de garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos en dotaciones e infraestructuras y una plantilla orgánica estable y suficiente.
13.4. Negociación de acuerdos marco que establezcan plantillas-tipo, en las que se garantice, en Infantil y Primaria, la figura del tutor generalista por unidad y la dotación suficiente de especialistas, de atención a la diversidad y profesorado de apoyo. En Secundaria, creación y funcionamiento de los diferentes departamentos, incluido el de Orientación.
13.5. Ratios reducidas y agrupamientos flexibles que favorezcan el mantenimiento de unidades en el medio rural y compensen el agrupamiento de diversos niveles educativos en una sola aula.
13.6. Formación especifica, inicial y permanente, para el profesorado del medio rural. Creación y dinamización de grupos específicos de trabajo, innovación educativa e investigación.
13.7. Regulación y mejora de las condiciones laborales del profesorado itinerante, con compensaciones económicas y horarias derivadas de la propia itinerancia. Además, cobertura de un seguro en caso de accidente y dotación presupuestaria suficiente para afrontar indemnizaciones y créditos para adquisición de vehículo.
13.8. Extensión de la anterior regulación a otros colectivos obligados a itinerar por razones de servicio (profesorado que comparte centros en distintas localidades, equipos psicopedagógicos, asesores de formación, inspectores, etc.).

14. Por la mejora de la Educación de Personas Adultas

14.1. Plantilla estable de profesorado de Educación de Personas Adultas (EPA).
14.2. Garantía de una adecuada formación inicial y continua del profesorado.
14.3. Aumento de la oferta actual de las enseñanzas de EPA: Alfabetización; Formación básica para la obtención del título de Graduado de ESO; Formación básica abierta y previa para cursar Ciclos Formativos; Cursos experimentales; Cursos de Formación Ocupacional; Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años; Formación continua, de cambio de cualificación o reciclaje profesional; Formación en Idiomas y Nuevas Tecnologías; Formación para inmigrantes; Formación para el desarrollo de la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica.
14.4. Aumento de centros y transformación del mayor número posible de aulas en centros de Formación de Personas Adultas (FPA).
14.5. Dotación de espacios adecuados y mejora de los equipos, así como de los materiales correspondientes.
14.6. Facilitación y reconocimiento, dentro del horario laboral, de las tareas de diseño y elaboración de materiales didácticos.
14.7. Regulación específica de la organización de los centros de FPA —consejo escolar, claustro...—, de acuerdo con sus especificidades, como el alumnado adulto, los horarios…
14.8. Diseño de planes específicos dirigidos a mujeres adultas.
14.9. Ampliación y diversificación de la oferta pública de FP para personas adultas en modalidad presencial.
14.10. Potenciación de los estudios de FP en régimen nocturno.

15. Enseñanzas de Régimen Especial.

15.1. Negociación y actualización de las Órdenes de organización y funcionamiento de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, de las Escuelas de Artes y de las Escuelas Oficiales de Idiomas.
15.2. Estabilidad en el empleo hasta el acceso definitivo a la función pública para el profesorado.
15.3. Aumento de plantilla en todas las especialidades.
15.4. Ampliación de la red de Conservatorios Elementales y profesionales de Música y Danza. Creación del Conservatorio Superior Regional de Música.
15.5. Mayor oferta del número de idiomas en todas las Escuelas.
15.6. Facilitar la impartición del primer ciclo del That’s English en los IES de localidades con más de 12.000 habitantes.
15.7. Clarificación de las titulaciones en Enseñanzas Artísticas (escénicas y música) y reconocimiento de la licenciatura en Música y Danza y de Arte Dramático.
15.8. Adecuación de los horarios del profesorado para propiciar la participación en actividades artísticas, así como para fomentar su participación en proyectos de investigación pedagógica, artística y creativa.
15.9. Creación de ciclos formativos de grado medio y superior en las especialidades técnicas de arte dramático (caracterización, luminotecnia, escenografía, atrezzo,…).
15.10. Adecuación y mejora de la dotación de edificios, infraestructuras y recursos para estas enseñanzas.

16. Por la igualdad de las mujeres

16.1. Aplicación inmediata en los centros docentes de las medidas contempladas en la Ley contra la Violencia de Género.
16.2 Corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de coordinación y gestión de la organización de los centros docentes y de la administración de una forma equilibrada.
16.3. Formación inicial y permanente del profesorado sobre Igualdad de Género y Coeducación, en todos los estudios universitarios. En Magisterio y Psicopedagogía se impartirá como asignatura troncal.
16.4. Inclusión en el currículo escolar y en los planes de Acción Tutorial de la Educación para la Igualdad, la Educación Afectivo-Sexual y prevención y resolución pacífica de los conflictos.
16.5. Integración en el currículo de la contribución de las mujeres a la ciencia, la cultura y el desarrollo social. Inclusión de protocolos de buenos tratos en los proyectos educativos de centro.
16.6. Creación, en todas las consejerías de Educación, de asesorías de Coeducación, de observatorios para el análisis y evaluación de la discriminación y el sexismo en los centros docentes, así como de un mapa de recursos coeducativos.
16.7. Establecimiento de las medidas legales necesarias para que no exista discriminación en jubilación y pensiones por reducciones horarias y excedencias relacionadas con los cuidados de menores y personas mayores.
16.8. Ampliación de la baja maternal a un período de 24 semanas, con el 100% de sueldo, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Permiso de paternidad de cuatro semanas, acumulable al de maternidad en caso de familias monoparentales.
16.9. Posibilidad de acumulación del permiso de lactancia al de maternidad, previa solicitud.
16.10. Consideración preferente al cuidado de las personas sin autonomía personal, con prioridad para la elección de horarios al profesorado con personas dependientes a su cargo.

17. Por la cultura preventiva y la Seguridad y Salud en el trabajo

17.1 Cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/95) para una protección eficaz en Seguridad y Salud Laboral. La prevención ha de integrarse en la gestión, las actividades y los niveles, así como en la toma de decisiones en las empresas y en la Administración.
17.2 Desarrollo integral de Planes de Prevención, con participación de los trabajadores y las trabajadoras y de sus representantes en las diferentes fases y desarrollos: implantación, aplicación, evaluación de riesgos, planificación, organización preventiva y acceso a la documentación.
17.3 Constitución y funcionamiento normalizado de los comités de Seguridad y Salud Laboral, órganos democráticos de participación y gestión a través de los delegados y delegadas de Prevención, así como de Mesas o Comisiones de Seguridad y Salud Laboral. Incorporación a los centros de la figura del coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales, que ha de poder reservar una parte de su horario laboral para el cumplimiento de estas tareas.
17.4 Creación por las administraciones autonómicas de Servicios de Prevención propios y cancelación de los contratos privados vigentes en la actualidad.
17.5 Evaluación, con carácter anual, de Riesgos y Planes de Prevención en los centros educativos, sobre todo en riesgos muy graves e inminentes. Inclusión de asesoramiento técnico en todos los Planes de Autoprotección y de Emergencia.
17.6 Medidas para la adaptación de los puestos de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza que han sufrido daños en su salud por grave riesgo profesional —exposición a agentes biológicos, nódulos de las cuerdas vocales, síndrome del quemado, enfermedades músculo-esqueléticas, estrés, mobbing, etc.— o que lo necesiten por sus características personales, discapacidad física, psíquica o sensorial. Planes para las situaciones de riesgo en colectivos específicos: profesorado interino, mujeres, itinerantes…
17.7 Oferta, por parte de las administraciones, de módulos de formación sobre Salud Laboral, que incluyan la perspectiva de género en este ámbito.
17.8 Reconocimiento de las enfermedades profesionales. Cambios legislativos —la Ley de la Seguridad Social y la lista de enfermedades es de 1978— y reconocimiento del concepto de “daño para la salud”. Puesta en marcha inmediata de los protocolos de solicitud y gestión. Exámenes de salud y estudios epidemiológicos que relacionen enfermedades profesionales y condiciones de trabajo.
17.9 Consideración específica de las evaluaciones de riesgos, protocolos y procedimientos de actuación sobre las condiciones psicosociales del trabajo en la enseñanza. Intervención sobre los factores que las generan —altas demandas, bajo control, falta de apoyo social…— y en las consecuencias que provocan —estrés, acoso, síndrome del quemado, violencia laboral... Eliminación del criterio técnico 34/2003 sobre mobbing.
17.10 Estudio y evaluación por parte de las administraciones y de las empresas de los riesgos emergentes y de constatación a largo plazo: campos electromagnéticos, ruído, ambiente contaminante, productos químicos, desechos residuales…

18. Por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

18.1. Ampliación de las medidas de conciliación entre vida personal y laboral.
18.2 Ampliación de la baja maternal a un período de 24 semanas, con el 100% de sueldo tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
18.3 Permiso de paternidad de cuatro semanas, acumulable al de maternidad en caso de familias monoparentales.
18.4 Permiso de una semana por duelo de un familiar de primer o segundo grado.
18.5 Eliminación de cualquier tipo de discriminación por maternidad y reducción horaria por cuidado de hijas/os, entre el personal interino de la Administración y el funcionariado.
18.6 Aplicación inmediata de los derechos reconocidos en la Ley integral contra la Violencia de Género.
18.7 Aplicación en los centros de trabajo del desarrollo de la Ley integral contra la Violencia de Género.
18.8 Creación, en todos los centros educativos, de la figura de responsable de Igualdad, con reducción horaria.
18.9 Incentivación de medidas de acción positiva para potenciar una mayor corresponsabilidad de los hombres en el ámbito de la vida familiar.
18.10 Evaluaciones periódicas de impacto de género, para verificar la incidencia de las medidas sobre la conciliación en hombres y mujeres.

18. Por el Sindicalismo asambleario y alternativo

19.1. La participación del profesorado es imprescindible para el fortalecimiento de la Escuela Pública y la mejora de las condiciones de trabajo. Por eso, los STES propugnan y practican el sindicalismo asambleario. Las asambleas son la expresión de nuestro modelo sindical, alternativo al de otras organizaciones burocratizadas.
19.2 Los STES reivindicamos el ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva por parte de quienes representan al profesorado en todos los temas que afectan a sus condiciones de trabajo y a sus retribuciones.
19.3 Los STES, identificados con el modelo sindical asambleario y participativo, facilitan toda la información de que disponen. Así, el profesorado conoce los temas en curso de negociación y puede formarse un juicio propio acerca de ellos.
19.4 Con anterioridad a la aceptación o el rechazo de las propuestas de las administraciones, los STEs tienen el compromiso de convocar cuantas asambleas y consultas sean necesarias para que los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza decidan sobre todas las cuestiones que les afecten, en los distintos ámbitos de negociación.
19.5 Proponemos modificar la Ley de Órganos de Representación, para que el voto del profesorado tenga idéntica representatividad que la establecida en otros sectores de las administraciones públicas.
19.6 Exigimos la elección de delegados y delegadas en cada centro educativo.
19.7 Pedimos la modificación de la Ley de Órganos de Representación, para establecer unas competencias reales de las Mesas Sectoriales y las Juntas de Personal.
19.8 Propugnamos un reparto equitativo y justo del patrimonio sindical acumulado entre todos los sindicatos, ya que este patrimonio procede de cuotas obligatorias de todos los trabajadores y las trabajadoras.
19.9 No a los Decretos de servicios mínimos. Propugnamos la autorregulación del ejercicio del derecho a la huelga.
19.10 Defendemos la paridad en las listas electorales y en la representación efectiva del profesorado.

20. STES-intersindical, la alternativa sindical sociopolítica

20.1 Luchamos contra la globalización, uno de los mayores y más devastadores procesos de desregulación laboral, social y ambiental que se han conocido, que impone recortes severos en los gastos sociales, reduce los derechos laborales, expolia a los países pobres, privatiza y mercantiliza, en beneficio de los grandes grupos económicos.
20.2 Nos oponemos a las reformas laborales que suponen retrocesos de los derechos sociales y mayores beneficios para las empresas; que abaratan el despido, incrementan la precariedad y privatizan las pensiones.
20.3 Rechazamos todas las guerras y el militarismo, porque no benefician a los pueblos y fomentan valores y prácticas totalitarias. También rechazamos el recorte de libertades civiles y la restricción de los mecanismos de participación democrática que supone la imposición de una ideología falsamente basada en la seguridad.
20.4 Consideramos que la paz es un valor esencial para la convivencia social y para la resolución de conflictos en todos los niveles. La violencia no se ejerce sólo en las guerras, sino que también existe en el seno de unas estructuras sociales injustas. Por ello, STES-intersindcial está comprometido con la difusión de la Educación para la Paz y con las alternativas de defensa popular no-violenta y a favor un mundo más justo.
20.5 Valoramos el medio ambiente como la casa de todo ser vivo. Nos comprometemos con la conservación de la naturaleza y somos crítico con el actual sistema político-económico, máximo responsable de su degradación y del expolio de los limitados recursos del Planeta.
20.6 Consideramos que el laicismo es la base de la convivencia ciudadana y democrática, en tanto que promueve la libertad de cada individuo para creer en cualquier religión o ideología y no genera barreras a la libertad de conciencia, el debate y la crítica libre.
20.7 Exigimos que el Estado y el conjunto de las administraciones destinen el 0’7% del PIB para la ayuda al desarrollo. Nos oponemos al derroche en gastos de protocolo y fastuosidad en cumbres, foros, reuniones, armamento, etc., un dinero que debe destinarse a la consecución de un mundo más solidario.
20.8 Defendemos la abolición de la deuda externa de los países en desarrollo. Existe una situación de abuso e insolidaridad de los países del Norte hacia los del Sur —articulada desde unas estructuras financieras y unas normas injustas— que hacen que países con grandes dificultades económicas se vean inmersos en una terrible espiral de endeudamiento económico, sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, sanidad y educación.
20.9 Nos oponemos a que los niños y las niñas abandonen la escuela y sean obligados a trabajar o a ir a la guerra. En las últimas décadas la infancia se ha convertido en una de las mayores víctimas de las injusticias de la globalización, por hambre, enfermedades, explotación sexual, mano de obra barata y objetivo de los ataques bélicos.
20.10 Defendemos la igualdad de toda la ciudadanía ante el Estado. La capacidad de autogobierno debe ser igual para todas las comunidades autónomas. Apoyamos las reformas de los Estatutos de Autonomía para superar las discriminaciones existentes en autogobierno de las comunidades autónomas.