LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: UN DERECHO INEXISTENTE

Cada año los distintos Gobiernos imponen la regulación de las condiciones laborales para los/as empleados/as públicos a través de los Presupuestos Generales del Estado con el argumento de que el Parlamento es soberano. Nadie niega que quién tiene la potestad de legislar sea soberano, pero se olvidan que la Negociación Colectiva es Ley y como tal debe cumplirse.

Los partidos políticos que sustentan el Parlamento imponen el marco de negociación sin importarles para nada sus propios trabajadores/as; llega hasta tal punto la imposición que no tienen pudor en afirmar que los/as empleados/as públicos ya tienen puesto de trabajo fijo y lo que debieran hacer es solidarizarse con otros colectivos que no lo tienen. Poco les importa a los políticos la degradación que a lo largo de los años se ha dado por parte de ellos sobre el conjunto de las condiciones laborales: subidas de sueldo ridículas, movilidad de puestos de trabajo, inestabilidad de contratos temporales, privatizaciones, etc. Por tanto no existe Negociación Colectiva y es por lo que se hace necesario dar una respuesta contundente: no podemos conformarnos con aceptar esta situación, es hora de pasar de los planteamientos a la acción reivindicativa que haga de la Negociación Colectiva el instrumento eficaz para dignificar la Función Pública.

¿CUÁLES SON NUESTRAS REIVINDICACIONES?

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS DEFENDEMOS UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES SUPRESIÓN DE LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO LA NO PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LA JORNADA DE 35 HORAS RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

Desde 1991 hasta 2004 hemos perdido más de un 14% salarial respecto a los IPC reales de cada año. Las congelaciones salariales, las subidas del IPC previsto han hecho que nuestras retribuciones hayan llegado al extremo de que algunos colectivos estén en sueldos totalmente precarios.

Es por lo que exigimos que la negociación de los salarios sea sobre subidas reales del IPC, que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y no sobre previsiones de inflación que siempre se quedan cortas y reducen nuestro salario.

Así para el año 2005 reivindicamos el IPC real más un 4% de subida retributiva para todos los colectivos y en todos los conceptos.

Además exigimos la homologación de las retribuciones y otras condiciones laborales de la Administración del Estado con las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, así como trabajar por acortar el abanico salarial existente.

Es imprescindible que el nuevo Gobierno del PSOE cumpla con los compromisos que adquirió cuando se dio la congelación salarial del año 1997 con Gobierno del PP, tras otras dos congelaciones anteriores.

DEFENDEMOS UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

La puesta en marcha de diferentes planes de pensiones encomendado su gestión por la Administración a distintas instituciones privadas como el BBVA, CCOO y UGT hace que el sistema público de pensiones no tenga garantizado el carácter público del mismo. No podemos olvidar que las pensiones en el ámbito de la Función Pública no tienen carácter privado, sino que el capital empleado es de todos/as los contribuyentes, por eso es necesario que el Gobierno no privatice un sistema que redunda en todos/as los empleados/as públicos.

SUPRESIÓN DE LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

No es admisible que la precariedad en las Administraciones Públicas alcance cotas en torno al 30%. Muchos colectivos de la Función Pública se encuentran con una gran inestabilidad, por eso es necesario alcanzar compromisos de estabilidad para que interinos/as y laborales temporales tengan asegurado su puesto de trabajo. Al mismo tiempo es necesario consolidar los puestos de trabajo de laborales dándoles la oportunidad de funcionarizarse, así como consolidar en puestos a extinguir de laborales a aquellos que no se funcionaricen. Esta precariedad también alcanza a colectivos fijos en la Función Pública debido a los procesos de movilidad funcional y geográfica. Es por lo que reivindicamos que las plazas adquiridas en propiedad se consoliden. También es necesario la homologación de todas las condiciones de trabajo entre laborales y funcionarios, de tal forma que a igual trabajo igual salario. Tampoco podemos olvidarnos de las personas que no han trabajado en la Función Pública y están esperando una oportunidad para entrar a trabajar en las distintas Administraciones, la vulneración para estas personas de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad es un hecho que se da en las diferentes ofertas de empleo.

Por todo ello exigimos a la Administración que para el 2005 se consoliden, funcionaricen y salgan a oferta pública de empleo la provisión de todas las vacantes.

LA NO PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Cada vez más, se privatizan los Servicios Públicos como consecuencia directa de la globalización de la economía mundial y de las diferentes posiciones ideológicas de los rectores de las distintas Administraciones. La externalización, la privatización y la subcontratación son tres plagas que afectan directamente a nuestros puestos de trabajo, quitándonos funciones que desarrollan personas contratadas por empresas privadas en condiciones totalmente precarias.

La calidad de los Servicios Públicos, pasa por un no rotundo a las privatizaciones, así como a las subcontrataciones con dinero público.

Es más, las nuevas fórmulas de gestión de las Administraciones Públicas que sólo emplean criterios mercantilistas, van en detrimento de la calidad de los Servicios Públicos, consolidando una política social totalmente regresiva.

LA JORNADA DE 35 HORAS

Como parte de la mejora de calidad de los Servicios Públicos, consideramos necesario el generalizar en el conjunto de las Administraciones Públicas la jornada máxima de 35 horas unida a la creación de empleo.

POR TODO LO EXPUESTO QUEREMOS MANIFESTAR

Que, la situación de la Función Pública es insostenible por el deterioro de las relaciones laborales, el desprecio de los distintos Gobiernos hacia la Función Pública y a sus empleados/as. Todo esto pone en peligro la calidad de los Servicios Públicos, trayendo como consecuencia directa la desmotivación y desprofesionalización del trabajo de los distintos sectores y Administraciones Públicas.

La Función Pública depende de cada uno/a de nosotros/as, por eso es necesario que las mejoras de todas nuestras condiciones de trabajo sean una reivindicación permanente.

A partir de este momento las Organizaciones Sindicales firmantes de estas reivindicaciones nos comprometemos hacer llegar a todos los centros de trabajo este documento al objeto de impulsar cuantas acciones sean necesarias para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto.

Madrid a 14 de octubre de 2004

ELA ANPE CIG SAE IAC CGT STEs-I