El Estatuto debe mejorar nuestras condiciones de trabajo

El 20 de junio el Ministerio de Educación presentó el segundo
borrador del Estatuto de la Función Pública Docente, un documento
que, al igual que el primero, ahonda en la jerarquización, la
meritocracia, el individualismo y la competitividad entre el profesorado…
Se trata de un Estatuto degradante, enmarcado en el
Estatuto Básico del personal empleado público, fruto del acuerdo
con tres sindicatos y actualmente en trámite parlamentario. Este
Estatuto Básico ha sido rechazado por la Confederación de STEs.
Lejos de promover el trabajo colectivo y en equipo, la autonomía
y la democratización de los centros, el aumento de las plantillas, la
disminución de las ratios, una mayor capacidad de decisión de los
órganos colegiados o la mejora de las retribuciones, el Estatuto
que propone el MEC establece una “carrera docente” en el sentido
literal del término: correr y competir para llegar primero, para
obtener tal o cual mérito, tal o cual retribución.

1. ¿Qué es el Estatuto de la Función Pública Docente? 

El Estatuto es una ley que pretende regular todo lo relativo a la profesión docente: clases de funcionariado, estructura y ordenación, procedimiento de selección, movilidad, derechos y deberes, nuevo sistema retributivo, régimen disciplinario, salud laboral, etc.

El Estatuto nace como una norma básica que afecta al profesorado de todo el Estado, pero numerosos preceptos quedan excluidos como básicos, lo que no obliga a su aplicación en todas las comunidades autónomas. Recoge también numerosos preceptos que ya son ley, como los distintos cuerpos de enseñanza, la asignación de funciones, el paso del grupo B al A, la forma de acceso, los derechos y deberes, las faltas y sanciones...

El Estatuto plantea, sin embargo, una gran novedad: una nueva forma de trabajar en los centros. Plantea, por tanto, un nuevo marco de relaciones laborales absolutamente desconocido en la enseñanza: el trabajo en equipo y el compañerismo pueden transformarse en competitividad entre compañeras y compañeros y en complementos de productividad, lo que puede empeorar las relaciones entre el profesorado de los centros.

Para la Confederación de STES-intersindical, conseguir un Estatuto Docente no ha sido —ni es— un tema prioritario, pues la normativa existente es suficiente para ordenar la función docente, pero otras organizaciones sí llevan tiempo reclamando un Estatuto. Lo que ha reclamado históricamente esta Confederación es el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, negada al funcionariado, o las cláusulas automáticas de revisión salarial en función de la subida del IPC. Y como criterio de negociación de estos asuntos siempre hemos apostado por una norma básica de mínimos a nivel de Estado y la negociación del desarrollo de las competencias en cada nacionalidad o región.

Existen dos precedentes nefastos sobre el Estatuto: uno, el que realmente existió, que correspondió durante el franquismo y primeros años de la Transición a los maestros y las maestras de Enseñanza Primaria; y el otro, que planteó el primer gobierno socialista, que contenía la carrera docente y sus diversos grados, entre otros asuntos, y que provocó como respuesta una gran huelga del profesorado, una movilización que obligó al gobierno a retirar su propuesta. Posteriormente, cambiaron de táctica y las diversas medidas que pretendían imponer a través de un solo documento, bajo el epígrafe de Estatuto de la Función Docente, se fueron aplicando —o al menos lo intentaron—, de forma separada y en años sucesivos para que no se formara un frente común de tanta gente descontenta.

En la situación actual, no es que el gobierno haya cedido ante las presuntas “presiones” de algunas organizaciones solicitantes, sino que ha utilizado su petición de Estatuto como excusa para intentar desregular las condiciones de trabajo del profesorado e introducir formas de gestión de las empresas privadas en la función pública docente, como ocurre con los complementos retributivos que pretende imponer y con la facilidad que la Administración se otorga para
remover a sus empleados de un puesto de trabajo obtenido por concurso.

Conviene recordar por tanto que, gracias a la presión organizada, el profesorado consiguió paralizar otros intentos del Ministerio de imponer un Estatuto. 

2. ¿Qué es ‘la carrera docente’? 

Las novedades del Estatuto se basan en la “carrera docente”, es decir, la competitividad entre el profesorado y la facultad de la dirección de los centros o/y de la Inspección Educativa de informar favorablemente o no de la evaluación a la que debe someterse todo el profesorado. Si esa evaluación es “voluntaria”, se “corre” más rápido. 

La “carrera docente” se concreta a través de un nuevo concepto de las retribuciones complementarias, nuevos componentes del complemento específico, conseguidos previa evaluación del profesorado. Los componentes son:

General. Lo percibirá todo el mundo.. 

“Grado”. Sustituye a los sexenios, que desaparecen. Se plantean ocho grados, desde el primero, que cobra todo el profesorado, al octavo. Se podrá ascender de grado en función de los méritos adquiridos. Se tarda en ascender entre tres y seis años, aunque no está nada claro que al término de los seis años se consiga el grado si no se cuenta con la evaluación positiva necesaria.

Función tutorial. 
Singular. Destinado a algunos puestos de trabajo o funciones. 
Especial dedicación al centro. De carácter anual, no se consolida. Se pide de forma voluntaria y sólo se cobra si se alcanza la evaluación positiva. No es para todo el profesorado, pueden percibirlo los cargos directivos y la jefatura del Departamento.

Además, las comunidades podrán establecer otras retribuciones complementarias, como hasta ahora.

Los méritos para conseguir el grado dependen de criterios tan poco claros o tan arbitrarios como los que figuran en el art. 30.3. del proyecto de Estatuto:

• El reconocimiento de la función tutorial.
• La participación en proyectos de mejora de la actividad docente.
• La evaluación voluntaria de la práctica docente.
• La evaluación de la formación continua.
• La asunción de tareas y responsabilidades complementarias.
• La implicación con la mejora de los resultados del alumnado.
• La participación en proyectos de experimentación e innovación pedagógica.
• El desempeño de cargos directivos.

A ellos hay que sumarles “una dedicación horaria especial de carácter estable al centro o servicios educativos”, como marca el artículo 1.2 del proyecto de Real Decreto sobre el complemento de especial dedicación al centro.

Pero la propuesta del MEC no queda sólo en esto. La “carrera docente” supone algo más: el grado tiene consecuencias para la movilidad, para el concurso de traslados y para la ordenación del profesorado, en caso de cese o supresión de alguna unidad o plaza. Es decir, unos mismos “méritos” servirán para varias cosas, lo que sin duda provocará un preocupante incremento del deseo de competir entre el profesorado. 

3. ¿Qué es y quién realizaría la evaluación voluntaria? 

Es una evaluación que el profesorado pide individualmente que le aplique la Administración sobre su implicación en el trabajo diario, su mayor dedicación horaria al centro, su apuesta por acabar con el fracaso escolar, su formación permanente. La solicita y se le realiza a quien quiera ser evaluado para intentar conseguir alguno de los componentes del complemento específico. Esta evaluación, sin embargo, no valora el día a día del trabajo con el alumnado.

Esta curiosa evaluación es la pieza clave para la “carrera docente”. A ella se ha de someter el profesorado que quiera ver reconocida su "especial dedicación" para poder cobrar anualmente el complemento de especial dedicación al centro y hacer méritos para ascender de grado. Aunque lo más grave es que esa evaluación es el elemento fundamental para consolidar la competitividad, para introducir la productividad y para fomentar el individualismo e intentar acabar con el trabajo en equipo, uno de los ejes claves del trabajo del profesorado.

Resulta preocupante también que la asignación de los complementos se base en la total arbitrariedad del sistema: no se valoraran méritos objetivos, sino que se practica una evaluación de determinadas tareas de forma subjetiva, sin criterios claros, cuantificables, objetivos.

La función de las direcciones de los centros y la inspección educativa será determinante en la evaluación del profesorado, con evidente riesgo de sumisión y servilismo. ¿Quién se atreverá a cuestionar a personas que luego han de evaluarte? ¿Cuántos docentes evitarán las actitudes críticas, por la misma razón?

4. Otros aspectos laborales agresivos del Estatuto 

Redistribución. Significa la movilidad forzosa para el profesorado, que puede ser trasladado forzosamente a otras plazas de su centro o de cualquier otro centro, de su localidad o de otra localidad. 

Recolocación. Impone impartir, forzosamente y con carácter definitivo, materias diferentes de la del acceso. Se fomenta la impartición de “afines”. 

Concurso de traslados. No garantiza que los concursos sean anuales, ni la alternancia del concurso estatal con el autonómico.

Libre designación. Deja completamente abierta la provisión de plazas por “libre designación”, procedimiento que se establece en plan de igualdad con el Concurso.

Trabajo y deberes docentes. Se especifican todas las funciones a realizar y todos los deberes, y además, pese a esto, se añade al final: “cualquier otra que le sean atribuidas por la administración…”.

Profesorado interino. Mantiene la precariedad laboral y económica permanente para este profesorado, que sigue con contratos anuales y que no podrá optar en la práctica al complemento de especial dedicación y tendrá cerrada la opción a los grados.

Salud laboral. No aporta nada nuevo, ni siquiera se mencionan las enfermedades profesionales propias de la docencia.

Mayores de 55 años. Se mantiene la reducción de haberes si hay reducción de jornada lectiva y no se responsabilizan de otras tareas.

Horario y vacaciones. Se mantiene la jornada de 37’5 horas semanales, en lugar de las 35. Se establece un mes de vacaciones en periodo no lectivo.

Régimen disciplinario. Las faltas y sanciones y todo lo relacionado con ellas ocupan un espacio preponderante en el Estatuto.

Representantes sindicales. No se recoge el derecho de la representación sindical a intervenir en todo lo concerniente a la defensa de los derechos del profesorado en temas como horarios, ceses, plantillas, baremos…

El profesorado puede ser “degradado”, con pérdida de los grados adquiridos, como sanción ante determinadas faltas, una gran novedad poco estimulante.

5. Propuestas de STES-i ante la negociación del Estatuto Docente 

Los STES consideramos que la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente debe servir para dignificar la tarea de enseñar, para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y las trabajadores de la enseñanza. Para empeorar no queremos ningún Estatuto y por eso proponemos al Ministerio de Educación que revise profundamente las bases en que fundamenta las retribuciones del profesorado. El MEC debe asumir que la enseñanza es un trabajo en equipo y que introducir e incrementar la competitividad no es positiva para la tarea educativa. 

Cuerpo Único. Entendemos que en un periodo corto de tiempo puede alcanzarse el Cuerpo Único del Profesorado, dado que los estudios de Magisterio serán equivalentes a la actual

Licenciatura. Proponemos que este concepto se refleje en el Estatuto y que se tienda al mismo nivel de complemento de destino, empezando por el nivel 24 para el Grupo B y el 26 para el A.

Pago de tutoría. La tarea de enseñar lleva implícita la tarea de tutorizar al alumnado, por lo que este complemento debe ser para todo el profesorado.

Complemento de especial dedicación. En lugar de este complemento se debe aumentar a todo el profesorado el complemento específico general en 250 euros durante el periodo de implantación de la LOE, empezando con los 60 euros que el MEC y algunos sindicatos acordaron y firmaron que se debía de pagar sólo a una parte del profesorado, como medida de apoyo ante la implantación de la nueva ley y dada la heterogeneidad del alumnado.

Sexenios y Grados. Rechazamos, como siempre hemos dicho, los sexenios. Antes y ahora suponen un complemento que debería haber equiparado las retribuciones complementarias del profesorado con las de otros funcionarios. Por eso seguimos reclamando que la cantidad total que suponen esos sexenios se distribuya homogéneamente desde el inicio de la docencia, como ocurre en algunas comunidades. Nos oponemos a la introducción de los grados, por ser
mucho peores que los sexenios, por el alto nivel de subjetividad asociado a su percepción.

La homologación económica de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza con el resto del funcionariado es un compromiso que tiene el gobierno con el profesorado, una deuda que debe ser abonada sin contrapartidas de formación ni similares, y que debe ser aplicada a la totalidad del colectivo, incluido el profesorado interino y sustituto.

Jubilación a los 60 años. El Estatuto debe reconocer la necesidad de que en la enseñanza se mantenga con carácter indefinido la jubilación a esta edad o a los 30 de servicios, con el máximo del haber regulador.

Salud Laboral. Es necesario reconocer un catálogo de enfermedades profesionales de la enseñanza y aplicarlo de forma inmediata.

Profesorado interino. Este colectivo debe ver reconocido en el Estatuto su derecho a ser considerado como el resto del profesorado, con todos sus derechos, empezando por el cobro de los trienios y su consolidación en la función pública docente.

Otras reivindicaciones. El debate sobre el Estatuto Docente coincide con la campaña electoral de las elecciones sindicales del 30 de noviembre. Por ello, el conjunto de reivindicaciones de los STES-i se incluyen en el Programa Reivindicativo Electoral, que se puede consultar en: www.stes.es 

6. Tramitación del Estatuto, elecciones sindicales y movilizaciones del profesorado  

En estos momentos, la propuesta de Estatuto Docente está en el marco de la Mesa Sectorial de Educación del MEC para que los sindicatos presenten sus propuestas. Tras esta fase, el Consejo de Ministros aprobará el documento como Proyecto de Ley y se iniciará el trámite parlamentario antes de su aprobación por las Cortes y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El acuerdo firmado el 20 de octubre de 2005 por algunas organizaciones sindicales y el Ministerio fijaba el final de las negociaciones sobre el Estatuto para el 30 de junio de 2006, fecha en la que también pensaban hacer efectiva la aplicación del complemento de especial dedicación al centro. Sin embargo, ambas partes no cumplieron sus objetivos declarados en el plazo previsto y han permanecido en silencio. Entonces, ¿por qué se ha paralizado el proceso?
¿Interesa evitar el debate? ¿Qué tendrá que ver con todo ello la celebración de las elecciones sindicales? ¿Qué tipo de Estatuto firmarán después de las elecciones?

La tramitación legal del Estatuto se prolongará durante algunos meses, en los que desde los STES trabajaremos por informar del contenido de la ley y de nuestras propuestas. Como siempre, en la organización recogeremos las reivindicaciones del profesorado y presionaremos para que el MEC reconsidere su posición actual y acepte mejoras en el redactado actual.

El neoliberalismo instalado en algunas dependencias del MEC ha provocado que algunos responsables confundan de manera interesada la gestión de la enseñanza como la de cualquier empresa. La actual propuesta de Estatuto Docente es un fiel reflejo de esa filosofía y por ello los STES plantearemos al profesorado y a las organizaciones sindicales la necesidad de convocar
todo tipo de movilizaciones a partir de ahora y durante el tiempo que dure la tramitación parlamentaria del Estatuto.

No se trata sólo de impedir que nos “degraden”, sino de que en su caso el Estatuto sirva para dignificar la tarea de enseñar y para mejorar las condiciones de trabajo de quienes trabajan en la enseñanza. Un Estatuto que no recoja estas propuestas es inaceptable para la Confederación de STES-i. Si no va a ser así, no queremos ningún Estatuto.

No a la jerarquización, a la “carrera docente”, a la meritocracia y al individualismo.

Sí al trabajo colectivo y en equipo, a la autonomía y
democratización de los centros, al aumento de las plantillas, a la disminución de las ratios, a una mayor capacidad de decisión de los órganos colegiados, a la mejora de las retribuciones.

Por un Estatuto que dignifique la tarea de enseñar.

Secretariado de la
Confederación de STES-intersindical