Estamos inmersos en la primera crisis del sistema capitalista tras la denominada
globalización económica.

La situación actual debería servir para comprender que el capitalismo nunca fue un sistema capaz de distribuir riqueza y generar bienestar, contra lo que defiende el discurso de la clase dominante. La depredación desatada por las transnacionales, que no es otra cosa que imperialismo de nuevo cuño, ha provocado fracturas sociales de difícil cura, y ha comenzado a devorarse a sí misma. Ver a los gobiernos y a los bancos centrales librar fondos sin fin para salvar a las grandes corporaciones financieras, en lugar de legislar penalmente contra los resultados de la especulación y de evitar que las clases más desfavorecidas, las clases medias y en una medida nada desdeñable el sector público, pague los platos rotos de una crisis en cuya gestación nada han tenido que ver, demuestra sin duda la complicidad nada disimulada del poder político con la salud del gran capital.

El modelo de crecimiento en el Estado Español, desde hace al menos diez años, se ha basado en dos pilares fundamentales: la construcción y el consumo privado, un consumo privado no asentado en el incremento salarial sino en el endeudamiento de las familias. La economía, a todos los niveles, es cierto que ha ido creciendo, pero todos los gobiernos de este periodo han perdido de vista un dato elemental: se crecía a crédito, con el consiguiente endeudamiento. El endeudamiento tiene como consecuencia directa la reducción del consumo y por tanto, a medio plazo, del crecimiento. Pero es que además los salarios no se han beneficiado de este crecimiento, llegando incluso a perderse objetivamente poder adquisitivo, dado que el gran beneficiario ha sido el excedente empresarial.

La realidad actual de la mayoría de la ciudadanía y de los trabajadores y las trabajadoras no es nueva, simplemente se ha agudizado: las dificultades para encontrar trabajo o vivienda, la privatización de los servicios públicos (concebidos por los gobiernos como un negocio y no como un derecho), con el consiguiente deterioro y precariedad de la red asistencial: el transporte, el sistema sanitario, la enseñanza, la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres o los centros de atención a personas mayores.

Por otro lado, en los últimos años se han intensificado la políticas de contención de los salarios mientras que al mismo tiempo el beneficio empresarial aumenta día tras día, el poder adquisitivo se reduce y el IPC se dispara muy por encima de las previsiones oficiales. Para los trabajadores y las trabajadoras es indispensable seguir demandando la cláusula de revisión salarial en todos los convenios colectivos, incluyendo su regulación para el sector público, así como aumentos salariales que compensen las constantes pérdidas de poder adquisitivo.

En el Estado Español, la contención presupuestaria afecta a los derechos laborales y sociales, y a las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Los últimos Presupuestos Generales han sido claramente restrictivos para quienes sufren la crisis, y generosos para los sectores que la han provocado. No se entienden las cuentas públicas y la ausencia de medidas concretas para una situación concreta cuando el paisaje lo completan más de 600.000 nuevas personas paradas a diciembre del pasado año y la disminución más que notable de los contratos de carácter indefinido a jornada completa. Además, esta crisis afectará de forma importante a las mujeres, que siempre han sido las que más han sufrido la precariedad laboral, y cuya tasa de paro continúa siendo notablemente superior.

El dinero, la obtención de beneficios, el enriquecimiento rápido, la mercantilización general de la sociedad, se han convertido en la medida de todas las cosas.

Pero no es un fenómeno nuevo: es la base del sistema capitalista ahora en crisis. Por eso, deberían ser ellos, los defensores de este sistema y su economía de mercado quienes pagaran una crisis que sólo ellos han provocado.

La crisis que la paguen quienes la provocaron

Es imprescindible defender las inversiones públicas para la creación de empleo público en sectores como la educación, la sanidad, los transportes… así como rechazar los recortes presupuestarios para este fin.

Planteamos la necesidad de la creación de una banca pública como la única forma de que los trabajadores y trabajadoras, y la ciudadanía en general, no vean comprometido su salario, ni sus pensiones, ni sus ahorros, ni su vivienda por una especulación financiera voraz.

Contra la precariedad laboral

Por la defensa del empleo estable, digno y seguro; contra las EREs y contra las pretensiones de las patronales de flexibilizar aun más la contratación. Denunciamos las ETTs y los contratos basura.

Lucharemos para que no se retroceda más en los derechos laborales, y por erradicar precariedad laboral que afecta a las mujeres, que tienen mayores dificultades en el acceso al empleo, que cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, que son contratadas para los puestos de menor remuneración, menos cualificados y a jornadas parciales.

Al mismo tiempo es imprescindible demandar el cumplimiento de la legislación en materia de riesgos laborales, y exigir a las empresas el respeto a las normas de salud laboral. Más salud equivale también a menos precariedad.

En defensa de los Servicios Públicos

Defendemos la transformación y mejora de sus estructuras en aras de una eficacia que no sólo conlleve la consolidación del nivel de prestaciones existente, sino que las amplíe cualitativa y cuantitativamente. Exigimos el control público real de su gestión.

Hemos de agudizar la lucha contra los procesos de privatización: externalización, concertación de servicios, gestión privada o gestión pública con criterios de rentabilidad económica...

Hoy más que nunca es necesario posicionarse contra la precarización y el empeoramiento en las condiciones de trabajo del personal que trabaja en estos servicios, y contra la pérdida de los servicios públicos universales como derechos.

Retribuciones que permitan una vida digna

Reivindicamos el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, y denunciamos la pérdida continuada del valor real de los salarios.

Exigimos la cláusula de revisión salarial vinculada a las subidas del IPC, así como las medidas necesarias para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la última década.

Consideramos imprescindible que el Sueldo Mínimo Interprofesional y la Pensión mínima suban hasta un mínimo de mil euros.

Se hace necesario aumentar el período de cobro del subsidio de desempleo.

Rechazamos, en cualquier circunstancia, la discriminación salarial que sufren las mujeres.

Reparto del trabajo

Trabajar menos horas y menos años para trabajar todos y todas. Defendemos la reducción generalizada de la jornada laboral a 35 horas semanales y la jubilación voluntaria a los 60 años.

Rechazamos la política de horas extraordinarias en la jornada laboral. La directiva europea de las 65 horas es inaceptable.

Defendemos el principio de igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra cualquier discriminación profesional, salarial o social y la exigencia de la implantación de Planes de Igualdad en todas las administraciones públicas y empresas.

Confederación Intersindical,
1º de mayo de 2009.